En una trascendental reunión que sostuvo en el Ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, con el fiscal general, Mario Iguarán, y el comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, la situación jurídica de 19 mil paramilitares rasos podría salir del limbo en el que se encuentra.

La llave para destrabar este proceso sería de nuevo la aplicación del artículo 69 de la ley de Justicia y Paz, el mismo que le quita agravantes al delito de concierto para delinquir y lo simplifica.

Según el Ministro del Interior, el tema puede ser interpretativo y las consultas hechas a tres expertos juristas dieron luces a esta nueva aproximación que establecería que los ex combatientes de las autodefensas, que no tengan a cuestas delitos de lesa humanidad y sólo estén comprometidos por su militancia con las autodefensas, podrían recuperar su libertad.

El Ministro Holguín Sardi insistió en que el compromiso de los acuerdos de paz que sostuvo el gobierno con las Autodefensas es que los jefes paramilitares y quienes incurrieron en delitos de lesa humanidad deben ser juzgados.

‘Parapolíticos’ no estarán incluidos en la reforma

El artículo 69 de la ley de justicia y paz también había sido invocado incluso por dirigentes políticos que aceptaron sus nexos con paramilitares, pero el ministro Carlos Holguín Sardi descartó que vuelva a ser revivido por los abogados defensores de estos dirigentes en la medida que no cumplen los requerimientos de la Ley de Justicia y Paz, uno de ellos, el de haberse desmovilizado.

Además, la nueva propuesta que surgió tras la reunión de Holguín con el Fiscal general Mario Iguarán y el Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cerraron la puertas para que se pueda aplicar a ‘paras rasos’ el artículo 71 de la misma ley de Justicia y Paz, que otorgaría carácter de delincuentes políticos a ex combatientes que no hayan incurrido en delitos de lesa humanidad. Esta posibilidad había generado meses atrás un choque entre el gobierno y las altas cortes de justicia.

En consecuencia, la salida planteada, según las interpretaciones que han coincidido tres abogados consultados por el gobierno, es que las personas que se hayan desmovilizado “podrán ser beneficiarias de resolución inhibitoria, preclusión de la instrucción o cesación de procedimiento, según el caso, por los delitos de concierto para delinquir”.

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