Después de la batalla jurídica que emprendieron Alberto Rueda y José Alfredo Ariza -más conocido como “Pescadito”- en defensa de su investidura como concejales de Bucaramanga, finalmente perdieron.
En fallo de segunda instancia, el procurador General de la Nación Edgardo Maya Villazón, decidió no revocar el fallo de primera instancia de la Procuraduría de Norte de Santander, que los destituyó del cargo y de paso los inhabilitó para ejercer funciones públicas por el término de 12 años para José Alfredo Ariza y 10 para Alberto Rueda.
El Procurador General no les halló la razón en la petición de revocatoria directa, que pretendía demostrar que les habían violado los derechos fundamentales como el debido proceso y por eso confirmó la sanción.
La decisión es del 5 de febrero de 2008, pero los dos afectados no se presentaron a notificarse, por lo que la Procuraduría procedió a fijar en edicto la decisión que está en firme.
La demanda
Mediante un escrito del 17 de diciembre de 2003, un anónimo denunció que los entonces concejales habrían incurrido en una incompatibilidad para ser elegidos como tales, puesto que tenían un contrato vigente con el Municipio por medio de la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, que es la encargada de manejar las plazas de mercado.
Allí, cada uno de ellos tiene en arriendo un puesto de venta. José Alfredo Ariza es arrendatario del local 3590001B de la Plaza Guarín en donde vende pescado y José Alfredo Ariza del local 2130000 de San Francisco, donde funciona un expendio de carnes.
Este contrato de arrendamiento, les habría generado la incompatibilidad puesto que se trata de un vínculo contractual con una entidad descentralizada, lo cual está prohibido por la ley 617 en el artículo 48, que señala las causales de pérdida de investidura de concejales.
Ayer mismo fue notificado de la medida el presidente del Concejo de Bucaramanga Henry Gamboa para que les retire la curul y consulte con la Registraduría quiénes serían llamados a llenar las vacantes.
La ratificación del fallo
Con base en la denuncia, la indagación preliminar se inició en la Procuraduría de Santander, cuyo titular el procurador César Parra, se declaró impedido para conocer el caso puesto que les brindó asesoría jurídica a los dos encauzados.
En consecuencia, el proceso fue trasladado a la Procuraduría de Norte de Santander en donde se adelantaron todas las etapas, entre ellas una audiencia pública a la que compareció un abogado de oficio en representación de Alberto Rueda, puesto que su apoderado de confianza renunció.
Agotada esta diligencia, la Procuraduría falló en contra de los dos concejales y decretó la destitución y la inhabilidad.
En su defensa, Alberto Rueda interpuso una acción de tutela, pues consideró vulnerado el debido proceso por cuanto la Procuraduría no lo notificó de la denuncia de su abogado.
El recurso fue fallado a su favor y le ordenó al Procurador rehacer todo el proceso, quien al mismo tiempo le aplicó igual beneficio a José Alfredo Ariza.
Por su parte, el Procurador también apeló el fallo de la tutela que al final, fue revocado por el Consejo de Estado y en consecuencia la decisión de la primera instancia, quedó en firme.
Sin embargo, los dos concejales afectados no se quedaron ahí.
Apelaron a la segunda instancia, lo que obligada a Procurador General a revisar el fallo y determinó: “el despacho no encuentra que se hubiera actuado en forma ilegal al valorar las pruebas existentes que acompañaron las decisiones mencionadas o que se hubiera excedido el ejercicio de la autonomía funcional”.
Dicho de otra manera, le dio la razón al Procurador de Norte de Santander y despojó de su calidad de concejales a José Alfredo Ariza y Alberto Rueda.
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