El problema de tierras: dos puntos de vista
Rudolf Hommes
09/03/2008
El “voto de censura” que promovieron senadores de oposición contra el ministro de Agricultura y el debate sobre Carimagua que tuvo lugar por ese motivo, aparte de las implicaciones éticas que tiene haber querido dar esos terrenos en concesión a unos ricos en condiciones muy favorables y poco comerciales, dejaron planteada una seria preocupación: El ministro de Agricultura no cree que la gente común y corriente de este país tiene derecho a ser propietaria, y mucho menos a poseer tierra. Si esta es la manera de pensar del gobierno, representa un retroceso significativo en la concepción de soluciones para el campo colombiano y sobre el papel del Estado. Deja entrever que el pensamiento oficial es el de los terratenientes. Ellos, para protegerse, han creado el mito de que en Colombia se intentó alguna vez hacer una reforma agraria de alguna importancia, y que ella fracasó porque los campesinos son incapaces de manejar eficientemente o de manera productiva la propiedad de la tierra.
La conclusión que sacan de esta historia inventada para preservar un orden que solamente ha sido posible sostener con violencia, es que cualquier programa de distribución de tierras está condenado a fracasar a menos que sean los ricos los que se beneficien de esa distribución. Esta escuela de pensamiento es la misma que predicaba en la primera mitad del Siglo XX, según la cual no se podía permitir que los campesinos cultivaran café en sus parcelas porque si lo hacían no trabajarían en las grandes haciendas cafeteras y se produciría una crisis por “falta de brazos”. La pugna que surgió por el derecho a cultivar abonó el terreno para que los campesinos de varias regiones se alinearan con los partidos de izquierda y simpatizaran con la guerrilla, antes de que ella se maleara.
Estos antecedentes los deben desconocer los que predican con fingida empatía por los desplazados que a la gente la engañan cuando le dan tierra. Negarle a esta población campesina, con el pretexto de que son incapaces, la oportunidad de volver a ser propietarios y confinarlos a un papel de modernos aparceros es una forma de violencia virtual, de arriba hacia abajo, que ha probado tener consecuencias funestas y que al estado no le corresponde promover.
A las poblaciones vulnerables hay que empoderarlas, devolverles la confianza y dotarlas de elementos y de recursos para que puedan fortalecerse y progresar. Facilitar el acceso a la propiedad de la tierra de aquellos que la han perdido por acción de criminales o grupos violentos es posiblemente la mejor manera de reparar el daño sufrido. Por supuesto, si esto se hace mal, o se hace a medias, como lo han hecho en varias ocasiones los programas de reforma agraria en América Latina y en Colombia, el daño puede ser mayor. Pero si el gobierno se responsabiliza de que esto se lleve a cabo eficientemente, un programa de repartición de tierras enmarcado en un esquema de desarrollo rural bien concebido con asistencia técnica y comercial efectiva y oportuna, y suficientes recursos de crédito, no tiene por qué fracasar.
En Colombia hay ejemplos de colaboración entre pequeños propietarios y empresarios agroindustriales que podrían servir de modelo de un programa autóctono de repartición de tierras, organizado alrededor de proyectos agroindustriales. Existen otras posibilidades y otras formas de hacerlo bien, con resultados muy positivos sobre la productividad y el desarrollo de instituciones democráticas. No se debe seguir pensando que la población campesina no necesita tierra, sobre todo en las regiones en donde es mas opuesta la ideología de los políticos a que tengan acceso a ella y más improductiva su tenencia y utilización.
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