Ante el Consejo de Estado, un procurador delegado pidió la pérdida de investidura de la exsenadora liberal Piedad Córdoba, por su presunta participación en la financiación irregular de campañas políticas.
Publicado por: COLPRENSA
Con esta acción se busca la llamada "muerte política" de la excongresista, que sería la definitiva en su contra, pues ya fue destituida e inhabilitada por 18 años para ejercer funciones públicas por la Procuraduría al considerarla responsable de mantener una alianza con la insurgencia.
Córdoba Ruíz según los documentos hallados en los computadores del ‘Mono Jojoy’ habría apoyado económicamente la campaña a la Cámara de Representantes por el Atlántico de Ricardo Montenegro.
Entre otras pruebas que vinculan a la excongresista se encuentra el testimonio del narcotraficante venezolano Walid Mackled, quien manifestó que ella se prestó como “intermediaria” para financiar campañas políticas.
El primer argumento del Ministerio Público para presentar este recurso jurídico se basa en el hecho de que según la Constitución ningún funcionario público puede hacer atribuciones económicas de manera personal a un candidato.
La exsenadora liberal es investigada por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir y traición a la patria, por sus presuntos vínculos con la guerrilla de las Farc, luego de que su nombre apareciera mencionado en repetidas oportunidades en los computadores incautados al abatido guerrillero ‘Raúl Reyes’.
