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Lunes 03 de Octubre de 2011 - 02:41 PM

Ordenan detener a 3 oficiales del Ejército que seguían a sindicalistas

Un fiscal ordenó detener preventivamente a un coronel y a dos mayores del Ejército en situación de retiro, quienes presuntamente seguían en 2004 a sindicalistas y a un actual senador de la izquierda.
Colprensa/ VANGUARDIA LIBERAL
La sensación que queda, puntualizó, "es de impunidad y desprotección".
(Foto: Colprensa/ VANGUARDIA LIBERAL)

La decisión del fiscal afecta al coronel Julián Villate Leal y a los mayores Marco Fidel Rivera y Hugo Abondano Mikan, quienes serían presuntos responsables del delito de concierto para delinquir agravado, señaló la Fiscalía General en un comunicado.

Abondano Mikan es dueño de la empresa de vigilancia Seracis,

También resultó afectado con la medida preventiva Huber de Jesús Botello, gerente de la empresa Consultoría Integral Latinoamericana.

Los tres oficiales y Botello habrían participado en la llamada Operación Dragón, "que consistía en la realización de acciones clandestinas contra la vida e integridad personal" de directivos del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Públicas de Cali (Sintraemcali).

También fueron víctimas de esas prácticas el asesor político de Sintraemcali, el actual senador Alexander López Maya, del opositor Polo Democrático Alternativo, y Berenice Celeyta, asesora de derechos humanos en Cali, capital del departamento del Valle.

Los afectados, sin embargo, "cumplirán la medida restrictiva de libertad en sus domicilios", añadió el comunicado de prensa.

La Red de organizaciones de defensores de los Derechos Humanos de Colombia (Redher), por su parte, recordó que recientemente, sobre este mismo caso, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia señaló que existía "información sugestiva de hostigamiento por parte de personas vinculadas con las Fuerzas Militares a líderes sociales del departamento del Valle".

Se trató, añadió Redher, de "seguimientos, vigilancias, amenazas, etc. (que) ponen en evidencia una suerte de persecución sistemática".

La defensora de derechos humanos Berenice Celeyta señaló que le "causa estupor que solo después de siete años se produzca una primera decisión, pero más aún que se diga que estas personas constituyen un peligro para la sociedad, pero a renglón seguido se considere que los mismos se resocializarán y se protegerá a la sociedad, enviándolos para sus casas".

La sensación que queda, puntualizó, "es de impunidad y desprotección".

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