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Miércoles 05 de Octubre de 2011 - 04:28 PM

Fiscalía y Procuraduría piden condena de Rito Alejo del Rio

A el general en retiro se le acusa de ser coautor de la muerte de un campesino por parte de paramilitares, caso que lo tiene expuesto a una pena de 25 a 40 años de prisión.
Colprensa/ VANGUARDIA LIBERAL
Además de uniformados, con estas acciones fueron vinculados empresarios que también afrontan procesos abiertos por la Fiscalía.
(Foto: Colprensa/ VANGUARDIA LIBERAL)

La solicitud fue formalizada durante una diligencia de juicio al oficial, detenido desde 2008 en una guarnición en Bogotá por orden de la Fiscalía General.

El fiscal Elkin Ricardo Vega y el procurador José Enrique Caballero, ambos en condición de delegados, coincidieron en tramitar la solicitud a la jueza Ana Emilia Socha, titular del juzgado especializado de Bogotá que sigue el juicio contra el general.

Del Río fue procesado como coautor del homicidio de Marino López Mena, campesino afrodescendiente de la población selvática de Riosucio.

López fue asesinado y descuartizado el 27 de febrero de 1997 por las Auc, quienes actuaron en connivencia con tropas de la Brigada 17 del Ejército, que por entonces tenía como comandante al ahora general en retiro.

"Había una alianza macabra entre las Auc y el Ejército contra la guerrilla, pero sin considerar a la población civil", expresó el fiscal Vega en apartados de su intervención recogidos por la edición electrónica del diario El Tiempo.

En este contexto, Vega observó que "no se entiende cómo estando en el mismo territorio el Ejército no combatió a los paramilitares", y se preguntó: "¿pero cómo combatir a aquellos que nos están apoyando y con quienes se tiene un acuerdo?".

El mismo fiscal advirtió que el crimen de López fue una acción con el objetivo de "amedrentar y desplazar" a las comunidades de la zona, que hace parte del Chocó.

El territorio es de propiedad colectiva de afrodescendientes que fueron expulsados de manera forzada para el establecimiento de plantaciones de palmas de aceite y de ganadería extensiva.

Varios miles de ellos salieron de sus predios a mediados del mismo año del crimen tras el lanzamiento de una gigantesca operación militar supuestamente dirigida contra las Farc.

Además de uniformados, con estas acciones fueron vinculados empresarios que también afrontan procesos abiertos por la Fiscalía.

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