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Domingo 01 de Enero de 2012 - 04:48 PM

Algunos alcaldes y gobernadores ya tienen encima los ojos de la justicia

En las elecciones de octubre fueron elegidos varios personajes que ya afrontan diversos problemas con la justicia.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Algunos alcaldes y gobernadores ya tienen encima los ojos de la justicia
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Las pasadas elecciones regionales y locales dejaron electos a varios candidatos que tienen investigaciones, procesos con la justicia o son cuestionados por las alianzas políticas que han establecido en el pasado.

En algunos casos, el paso por diferentes cargos públicos les han dejado deudas en la Procuraduría, la Contraloría y la justicia ordinaria. El camino a la elección los llevó a establecer relaciones políticas que despiertan ciertos cuestionamientos.

Éstos son los candidatos que, a pesar de posesionarse, deberán seguir enfrentando investigaciones y cuestionamientos de la justicia mientras ejercen sus cargos.

INVESTIGACIONES Y DEMANDAS

El gobernador electo del Valle, Héctor Fabio Useche, es actualmente investigado por la Contraloría por un posible detrimento patrimonial de $107 millones, tras la firma de un convenio para la distribución de productos de la Industria de Licores del Valle.

En el momento de los hechos, Useche se desempañaba como secretario de Salud del destituido gobernador de ese departamento, Juan Carlos Abadía.

En Bogotá, Gustavo Petro se posesionará enfrentando dos demandas que existen en su contra. Una de ellas fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, afirmando que no puede posesionarse al haber sido condenado por el delito porte ilegal de armas en 1985. La otra demanda fue presentada por el abogado Jaime Granados, por el delito de pánico económico tras el anuncio de su intención de fusionar la empresa de Energía de Bogotá con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, con lo que cayó el costo de las acciones de la primera.

Cielo González, quien gobernará el Huila, enfrenta un proceso judicial por el manejo irregular de excedentes de regalías petroleras en Neiva, cuando se desempeñaba como alcaldesa de esa ciudad.

En la actualidad el proceso está en curso, razón por la cual deberá continuar respondiendo ante los tribunales por estos cargos, y de ser considerada culpable, podría ser apartada de su puesto.

En el Chocó, Luis Gilberto Murillo Urrutia, fue cuestionado dada una condena por peculado que tenía desde 1994. El pasado 20 de diciembre, sin embargo, recibió la credencial para posesionarse de parte del Consejo Nacional Electoral, bajo el argumento de que la conducta realizada por él en 1994 no constituye delito en la legislación actual.

A Santa Marta llega a posesionarse Carlos Eduardo Caicedo; fue condenado por peculado en un juzgado de Santa Marta cuando era rector de la Universidad de Magdalena, lo que lo tuvo 3 años tras las rejas. Tras haber sido absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de ese departamento, se lanzó a la alcaldía y ganó. Aunque ahora no tiene deudas con la justicia, sus enemigos políticos aún amenazan con continuar el proceso en la Corte Suprema de Justicia.

El gobernador electo de Magdalena, Luis Miguel Cotes, es heredero de un clan político que ha sido cuestionado por sus vínculos con grupos paramilitares. Aunque no tiene ninguna investigación en su contra, las relaciones de sus familiares pueden involucrarlo en escándalos en cualquier momento.

Juan Francisco Gómez Cherchar, elegido para gobernar en la Guajira, tiene una demanda en su contra por una sanción disciplinaria en 1997, cuando fungía como alcalde de Barrancas.

El partido Cambio Radical, del que formaba parte, le retiró su aval al momento de hacer la purga de parapolíticos, aunque él anuncia que nunca ha sido notificado de un proceso en su contra por estas causas.

Recientemente, se hizo una denuncia pública contra el gobernador electo de Antioquia, Sergio Fajardo, por posibles irregularidades en el espacio público cuando se desempeñó como alcalde de Medellín.

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