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Domingo 01 de Enero de 2012 - 05:58 PM

Colombia entró en la era de reparación y reconciliación

Uno de los componentes de la Ley establece la indemnización administrativa, con la cual se espera que cada víctima reciba entre 9 y 21 millones de pesos.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Colombia entró en la era de reparación y reconciliación
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

A partir de este domingo y durante los próximos 10 años, Colombia estará en proceso de reparación y reconciliación con sus víctimas del conflicto armado.

De esta forma, el proyecto más importante para el Presidente, Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas que reglamenta las normas que definen los mecanismos y procesos de su aplicación, comenzó a tener vida. Su reto es indemnizar a cerca de cuatro millones de afectados por la violencia en hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985, y ejecutar la restitución de tierras para los desplazados después de 1991.

Los beneficiarios deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas, RUV. Quienes no lo estén deberán presentar la solicitud en las sedes de Procuraduría, La defensoría del Pueblo o Personarías del país. La ley preserva la atención a mujer y niños afectados por el conflicto.

La reglamentación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue firmada y presentada por el presidente Santos el pasado 20 de diciembre.

La importancia de esta reglamentación es que en ella se definen los montos de las indemnizaciones por vía administrativa, se establece la conformación de las mesas de participación de las víctimas y se crea el RUV.

Santos firmó los decretos ley que establecen el plan de reparación para las comunidades afrocolombianas, indígenas y gitanas.

LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES

Tres componentes fundamentan la Ley: el primero de ellos es la indemnización administrativa que permitirá establecer los montos a pagar y los mecanismos para hacerlo. Cada víctima recibirá entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, entre 9 y 21 millones de pesos.

Los montos se entregarán a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo.

El segundo aspecto es el RUV, la llamada “puerta de acceso” para quienes deseen ser beneficiados y aún no se han inscrito. Las víctimas tendrán 4 años para realizar el proceso de inscripción.

El tercer punto son las garantías de no repetición, una estrategia en la que se crearán observatorios para identificar las poblaciones en riesgo.

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA

El Gobierno garantizará la verdad de los hechos que dejaron miles de víctimas. Para este propósito se creará el Centro de Memoria Histórica que será dirigido por el historiador y doctor en sociología política Gonzalo Sánchez, quien se desempeñó como coordinador del grupo de trabajo para reconstrucción histórica y la memoria en la antigua Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, CNRR.

“Ellas (víctimas) necesitan saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos o saber dónde están sus seres enterrados, el país entero además está obligado a reconocer su dolor histórico y de rendirles homenaje, así lo haremos a través de actos conmemorativos”, dijo Santos.

REGLAMENTADA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS

La tarea de la restitución de tierras a los campesinos víctimas de la violencia será asumida por la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, así quedó definido en el decreto de reglamentación.

Esta Unidad acompañará a los desplazados en el proceso de reclamación de tierras, hará los trámites a nombre de cada víctima evitando la engorrosa tarea de recopilar la información necesaria y garantizando que las solicitudes se hagan sin errores.

Serán 22 jueces y 12 magistrados lo que empezarán a trabajar en el proceso de restitución, fallando cada caso en un tiempo límite de cuatro meses. El otro año se prevé que serán atendidos unos 13 mil reclamos de restitución y que los jueces van a decidir cerca de 2 mil de esos reclamos.

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