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Martes 31 de Enero de 2012 - 06:01 PM

Juez tumba preacuerdo de la familia Dávila por caso AIS

El Tribunal Superior de Bogotá será la instancia que definirá si deja en firme la decisión del juez 54 de conocimiento en el sentido de rechazar el preacuerdo que se había pactado entre la Fiscalía y los integrantes de la familia Dávila Jimeno.
Archivo/VANGURDIA LIBERAL
Juez tumba preacuerdo de la familia Dávila por caso AIS
(Foto: Archivo/VANGURDIA LIBERAL)

Los miembros de esta familia son investigados en el marco del proceso de Agro Ingreso Seguro y quienes aceptaron en junio pasado los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento privado.

A la par con las razones de quien presidía la audiencia de este martes, el funcionario judicial ‘regaño’ a la Fiscalía por considerar que la pena de 22 meses a la que llegaron tras la negociación era “irrisoria” y que se “pasaron por la faja la ley”.

Esta condena le fue impuesta Juan Manuel Dávila Jimeno, cabeza del clan familiar, que se complementaba con 10 salarios mínimos. De igual forma, el preacuerdo se extiendo a Juan Manuel y Ana María Dávila Fernández, así como María Clara Fernández, se les condenó a 20 meses de pena y una multa de cinco salarios mínimos.

A consideración del juez esa pena debía contemplar al menos 898 salario mínimos y agregó que tal preacuerdo no se ajusta al daño que hicieron sobre el polémico programa del Ministerio de Agricultura.

Por su parte, Juan Carlos Prías, abogado de los Dávila, dijo que la decisión era tan sorprendente como previsible. “Sorprendente por los términos propios de la ley y previsible porque acá se tiende a ceder un poco ante las exigencias de la tribuna y eso es preocupante para la administración de justicia”.

APOYO A LA FISCALÍA

Cabe anotar que los Dávila que en el marco de la investigación la Fiscalía había revelado que la familia, una de las más prestantes de Santa Marta, dividió las 1.293 hectáreas de su finca Campogrande, ubicada en el municipio de Algarrobo (Magdalena) en cinco partes “para así recibir más subsidios del programa del Ministerio de Agricultura y se arrendaron dichos subpredios entre ellos, beneficiando así a una sola familia”. Tales beneficios económicos alcanzaron a sumar los 2.700 millones de pesos.

Dicho trabajo del ente acusador que demostró tal situación durante la audiencia de imputación de cargos fue avalado durante la diligencia de este martes. Aunque tanto los representantes de la Procuraduría como del Ministerio de Agricultura, quien funge como víctima en el proceso, respetaron la decisión del juzgador si sentaron posición y defendieron la gestión del fiscal del caso.

El delegado del Ministerio Público consideró que la Fiscalía “partió de los justos parámetros de la ley” y en su concepto tiene pocos reproches hacía el ente acusador. En igual sentido, el abogado de la cartera de Agricultura defendió la labor de la Fiscalía aduciendo que “si la pena es irrisoria es un problema legal” y agregó que la gestión hasta ahora adelantada por los investigadores ha sido cuidadosa y acertada.

Una vez se resuelva en el Tribunal la decisión se plantean dos escenarios. El primero, en caso de que se mantenga lo expresado por el juez, habrá una renegociación del preacuerdo. El segundo, en caso de que el Tribunal revoque, el proceso seguirá como hasta este martes donde esta familia servirá de testigo en otros procesos por las irregularidades de Agro Ingreso Seguro.

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