La 'Mata Hari' inhabilitada por 20 años por las 'chuzadas'

 Ambos exfuncionarios están relacionados con el escándalo de las 'chuzadas ilegales'.

De acuerdo con el procurador delegado para la vigilancia administrativa, Fernando Brito, estas dos personas incurrieron en falta gravísima por sus acciones dentro de este proceso.

A los dos exfuncionarios les fueron imputados cinco cargos:

1) invasión de la intimidad y la esfera privada de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 2) la violación de la reserva de las investigaciones, 3) utilizar sus cargos para funciones distintas a las establecidas, 4) el incremento injustificado del patrimonio y 5) incurrir en faltas que también son delito como el abuso de autoridad.

Según Brito en este caso se compró que los sancionados recogieron información personal de los magistrados ilegalmente para entregarla al DAS y a la Presidencia de la República.

“Ese propósito era originado por un conflicto que se había suscitado por parte del presidente de la República de Colombia en relación con los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (…)”, dijo Brito y añadió “lo que ellos dijeron acá es que era para desacreditar a los miembros de la Corte… lo que yo me pregunto es si esa es una operación válida de inteligencia”, consideró el procurador.

Igualmente, Brito señaló que desde el primer momento Flórez y Romero sabían que se trataba de una actividad ilegal, señaló que para este fin hubo un desmedido gasto de los recursos reservados, y agregó que en este caso se extrajeron de forma ilegal procesos de la Corte relacionados con la ‘parapolítica’.

En este último sentido hizo referencia a los casos de Oscar Leonidas Wilches, Erick Morris, Alfonso García Romero, Luis Eduardo Vives Lacouture, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Guillermo Gaviria.

De la misma manera se intentó extraer procesos de la ‘farcpolítica’ y precisó que el interés se dio por los casos de Piedad Córdoba, Wilson Borja y Gloria Inés Ramírez.

De estos, se comprobó que no se pudo extraer el expediente contra Mario Uribe, primo del expresidente Álvaro Uribe, a pesar que se ofrecieron hasta 50 millones de pesos por ese cometido, todo esto debido a que el caso ya estaba en trámite ante la Fiscalía en su momento.

Brito fue enfático en señalar que si bien el DAS, por ser un organismo civil adscrito a la Presidencia no se puede argumentar acciones ilegales, sí se dio “porque fueron órdenes de superiores” ya que la labor de inteligencia tiene que estar conforme a la Constitución y la ley.

LOS OTROS PROCESADOS

Con 20 años de destitución e inhabilidad también fueron sancionados el intendente José David García Fernández, escolta de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Steguer Pinzón Casallas, citador y conductor de la Corte y Blanca Yanneth Maldonado López, auxiliar de servicios generales de la Corte.

Brito estimó que estas personas, registradas como fuentes humanas en el DAS, incurrieron en falta gravísima por los mismos cargos y además que lo hicieron a cambio de dinero. No obstante, contra María Lisandrina Torres Bejarano, la otra auxiliar de servicios generales de la Corte se impuso una sanción de 10 años porque se tuvo en cuenta su colaboración y arrepentimiento en las actividades que realizó.

Por su parte, los exdetectives de la Subdirección de Fuentes Humanas, Alfredo Erith Romero Hernández, Hamilton Nonato Mora y Martha Liliana Alarcón Carreño fueron destituidos e inhabilitados por 12 años para ejercer funciones públicas.

Sobre la actuación de estas personas, Brito señaló que no cumplieron sus funciones como debían que dejaron que William Romero y ‘La Mata Hari’ dispusieran del dinero que tenían asignados y que a pesar que desconocían el contenido de la información que transportaban estaban obligados a denunciar una presunta actividad ilegal ya que sí conocían que el “blanco era la Corte Suprema de Justicia”.

LOS ABSUELTOS

El Ministerio Público absolvió a Carlos Ariel Alzate Orozco, coordinador de Reclutamiento de Fuentes Humanas, Wilson Puerto Cantor, subdirector de Fuentes Humanas, al capitán Julián Leonardo Laverde Bonilla, jefe de Seguridad del Congreso de la República, al Mayor Franklin Hernán Grijalba Vásquez, jefe de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia y a Carlos José Rocha, agente de Policía Nacional en el esquema de seguridad de la Corte.

En cuanto a los dos primeros se señaló que llegaron al organismo cuando ya se conocía el escándalo.