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Lunes 20 de Febrero de 2012 - 12:01 AM

El estigma que padecen los que viven en San Vicente del Caguán

La hermana Reina Amparo Restrepo cuenta que salir de San Vicente del Caguán se convirtió en un lío tremendo para sus habitantes. Enseguida recuerda una anécdota que le sucedió hace apenas dos semanas, cuando se encontraba en un colegio de Florencia, capital del departamento del Caquetá.
Tomada El Colombiano/VANGUARDIA LIBERAL
El Ejército sigue realizando controles en San Vicente del Caguán en donde todavía se siente la presencia de las Farc.
(Foto: Tomada El Colombiano/VANGUARDIA LIBERAL)

Justo cuando entró a la sala de profesores, le preguntaron: ¿de dónde viene? La hermana dijo sin miedo: San Vicente del Caguán. Al instante le respondieron: "Ah, la República Independiente de San Vicente del Caguán".


Era una broma en relación a ese rumor que surgió durante el proceso de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla. Se decía que las Farc harían del municipio una república independiente y ellos, los guerrilleros, serían su ejército. La hermana Reina Amparo, Premio Nacional de Paz en 2007, se molestó por el chiste.


Años atrás le sucedió algo parecido, en un hospital de Neiva. Un médico se refirió a ella como "la prima del ‘Mono Jojoy’". Era otra mofa por vivir en San Vicente del Caguán, sede junto con los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa, de la zona de distensión en la que en 1998 se iniciaron los diálogos entre el Gobierno y la guerrilla.


"La estigmatización que se ganó el pueblo ‘san vicentuno’ por ese hecho te frena muchísimas veces", agrega la hermana, sentada tras un escritorio de la casa en donde funciona la comunidad de los misioneros de La Consolata.


No sacan cédula


El secretario de gobierno, Óscar Prieto, contó por ejemplo que los jóvenes no sacan la cédula en el pueblo para evitar miradas acusadoras en el resto del país; Flover Parrací, contador público, recordó el día en que le negaron un crédito bancario, "por ser de una zona roja"; una tendera dijo que a pesar de que su hijo terminó sus estudios en Neiva y sacó la cédula en Bogotá, no fue aceptado en el Ejército cuando los altos mandos se enteraron de que había nacido en San Vicente del Caguán. Al muchacho le tocó entonces trabajar en una ferretería.


Es decir: ser de San Vicente del Caguán o vivir aquí te convierte en sospechoso de ser criminal, bandido, miliciano, miembro de las Farc. Y tener que lidiar con eso cada que se viaja es bastante molesto, explican. Tener que negar la tierra de donde se proviene es como negarse a sí mismo, negar la identidad, es otra forma sutil de discriminación.


Pasa que en el imaginario del país aún se recuerdan esas imágenes que se vieron por televisión durante el proceso de paz: cientos de guerrilleros patrullando las calles del pueblo muy orondos, conduciendo camionetas último modelo, niños y niñas de 14 años con fusiles al hombro, San Vicente convertido en un paraíso para las Farc. Eso, en parte, ha llevado a que el estigma de esta tierra como un pueblo de guerrilleros perdure aún diez años después del fin de la zona de distensión.


Antecedentes


El 9 de junio de 1998 el país se sorprendió cuando el entonces presidente electo, Andrés Pastrana Arango, salió reunido en tono cordial y amable con quien era el jefe máximo de las Farc, Pedro Antonio Marín alias de ‘Tirofijo’ o ‘Manuel Marulanda Vélez’.


Desde entonces, las imágenes de Pastrana abrazado al líder guerrillero recorrieron el mundo con una nueva esperanza de una paz. El 23 de octubre, con Pastrana ya en el poder, se ordenó la desmilitarización de un área de 42.000 kilómetros cuadrados que comprendía cinco municipios de Meta y Caquetá.


Lo que dejó el despeje


"Con un acto este 21 de febrero, le diremos al país que los habitantes de San Vicente del Caguán, durante estos 10 años, después de la zona de despeje, hemos sido estigmatizados y victimizados por el señalamiento. Durante el periodo de la zona vinieron todos los medios de comunicación, organizaciones internacionales y miembros del Gobierno. Todos estuvieron sentados con los jefes guerrilleros tomándose fotos. Pero una vez termina la zona la que fue estigmatizada y victimizada fue la población civil. Y frente a eso queremos decir el 21 de febrero, basta, no más", expresa el al-calde (e) Óscar Enrique Prieto.


Tanto para él, como para muchos de los habitantes, el despeje fue un hecho desafortunado en el que "se sentaron las cabezas del conflicto armado a negociar y nunca le pidieron consentimiento al pueblo. Además nos dejaron otra serie de problemas, como el crecimiento demográfico exagerado que no permite una planeación urbanística, ni de servicios públicos, ni de acueducto. En 1993, éramos 18.000 habitantes y pasamos a tener 36.000 en el casco ur-bano y en todo el municipio alrededor de 65.000, además, el aumento hasta de un 400 por ciento de homicidios en el 2003 y el problema de desplazamiento forzado. En el 2005, tres veredas completas dejaron sus parcelas y se vivieron al pueblo".

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