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Jueves 01 de Marzo de 2012 - 04:38 PM

"Incapacidad estatal de superar desplazamiento está afectando imagen de la Corte": Pinilla

El magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, aseguró que la falta de avances reales por parte de las instituciones del Estado para superar la situación de desplazamiento está afectando la imagen de esa Corporación.
Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL
"Incapacidad estatal de superar desplazamiento está afectando imagen de la Corte": Pinilla
(Foto: Colprensa/VANGUARDIA LIBERAL)

Durante una audiencia de seguimiento de la sentencia T-025 de 2004 con la que la Corte Constitucional declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento forzado, Pinilla cuestionó el hecho de que hayan pasado ocho años y no se evidencien avances significativos para resarcir el daño a este tipo de población.

"¿Será que no vamos a lograr superar eso que suena tan horrendo, un estado inconstitucional de cosas. Los derechos de la población desplazada están realmente siendo atendidos?” preguntó Pinilla y de inmediato agregó “Nosotros llegamos a estas audiencias y los escuchamos con mucha cordialidad y atención pero hay que mirar que hay gente que no tiene techo ni posibilidad de educación para sus niños porque están todavía deambulando".

A su juicio, ese estado inconstitucional, detectado hace ocho años, esa vulneración de derechos fundamentales, se está agravando porque el paso de los años produce desesperanza y está afectando a la Corte en sí misma.

"Ya no es momento de seguir ideando mecanismos, esto está afectando la credibilidad de la Corte Constitucional. Llevamos 8 años en esta lucha y no pasa nada. ¿Entonces la Corte Constitucional tampoco sirve, tampoco opera?", dijo al explicar que para el seguimiento de la sentencia desde 2006 se designan tres magistrados para que estén a cargo.

"¿Seguiremos haciendo estas reuniones de diagnóstico y seguiremos cambiando los nombres (de los magistrados) o inventándonos siglas o de verdad vamos a intensificar las labores?", reiteró en un duro cuestionó.

NECESIDADES TÉCNICAS AÚN NO SUPLIDAS

Al respecto la Contralora General de la República, Sandra Morelli, afirmó que es necesaria una base de datos completa para poder verificar los avances de restitución de derechos.

“ (…) Contemos con una base de datos en donde está nombre, apellido, y la cédula del ser humano destinatario de la prestación concreta con identificación de la prestación que efectivamente se le erogó y para eso el empeño también tiene que apuntar a contar con verdaderos censos”, dijo Morelli.

Esta medida fue respaldada por Marco Romero, integrante de Codhes y de la Comisión de Seguimiento de esta sentencia.

Por su parte, la viceprocuradora General de la Nación, Martha Castañeda, cuestionó las medidas que ha tomado el Gobierno Nacional para resarcir los derechos de los desplazados al señalar que su plan de indicadores no solo no permite establecer el grado de vulnerabilidad de esta población sino que incluso ha promovido la exclusión de muchas víctimas.

A juicio de la procuradora “los indicadores presentados tienen deficiencias en su formulación, proveen información estadística pero no logran el objetivo de medir la gestión realizada ni dar cuenta de los avances en la atención, ni medir el grado de goce efectivo de derechos”.

Castañeda agregó que por ejemplo, en los indicadores de identidad, se mide las personas que han accedido a la expedición de diferentes documentos de identidad, pero no cuánto tiempo han esperado por ellos y “la no tenencia de estos documentos impide el acceso a programas y ayudas para la población desplazada, afectando así todo el proceso de atención”.

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