Así lo expresó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y advirtió de los altos riesgos que corren los defensores de Derechos Humanos en Colombia, entre los cuales hubo 68 víctimas mortales entre 2006 y 2010 y al menos cinco desapariciones forzadas.
Publicado por: EFE
La CIDH, que publicó hoy su Segundo Informe sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, alerta de que Colombia es uno de los países de América Latina donde estas personas corren más riesgos para ejercer su labor.
Según el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, durante 2010 cerca del 18 por ciento de los ataques sufridos por defensores fueron asesinatos, mientras que en los tres primeros meses de 2011 se registraron aproximadamente 96 casos de agresión contra ellos en el país andino.
De enero a junio de 2011, la CIDH recibió información que indica que cada día y medio fue agredido un defensor de derechos humanos y, en total, se reportaron 93 amenazas y 10 atentados.
Asimismo, la CIDH informa de la especial situación de riesgo de los líderes sindicales, indígenas y afrodescendientes, así como de las personas desplazadas, que se encuentran en particular peligro de sufrir ataques contra su vida.
La mayoría de los asesinatos entre líderes de desplazados se concentran en los departamentos del Cauca, Sucre y la región del Urabá, atribuidos fundamentalmente a agentes del Estado, miembros de grupos paramilitares e integrantes de las Farc y el Eln.
Además, el informe contempla las amenazas e intimidaciones recibidas por los defensores o contra sus organizaciones por parte de grupos paramilitares relacionados con el narcotráfico como las "Águilas Negras" o "Los Rastrojos".
La CIDH dio particular seguimiento a la situación relacionada con el empleo de técnicas de inteligencia contra defensores de derechos humanos en Colombia, destapadas en febrero de 2009 cuando se conoció que el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) había interceptado las comunicaciones telefónicas de un gran número de personalidades públicas.
En julio de 2009, la Comisión recibió información sobre la existencia en el DAS de un Grupo Especial de Inteligencia Estratégica, conocido como "G3", cuya labor consistía en efectuar operaciones de inteligencia que investigaban los contactos internacionales de organizaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos.
Pese a que se han abierto procesos judiciales respecto al escándalo del DAS y se han aprobado mecanismos legislativos para que no vuelva a suceder, la CIDH manifiesta en su informe su preocupación ante la posibilidad de que los implicados puedan llegar a eludir la Justicia.
En este sentido, la Comisión utiliza el ejemplo de la exdirectora del DAS María del Pilar del Hurtado, quien se encuentra en Panamá en calidad de asilada política desde el 19 de noviembre de 2010.
La CIDH insiste también en que durante varios años ha observado la negativa de acceso a los defensores a sus datos personales que pudieran encontrarse en los archivos de inteligencia del DAS, a pesar de sus recomendaciones y las de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
En este sentido, la Comisión recuerda que seguirá solicitando que se ejecuten mecanismos para que las personas sobre quienes existe información de inteligencia tengan acceso a ella y, de esa forma, puedan solicitar su corrección, actualización o en su caso la depuración de los archivos.
