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Martes 10 de Abril de 2012 - 05:30 PM

Masacre de la Naya, once años esperando respuesta

Once años después de lo que para muchos fue una masacre anunciada, Enrique Güetio, exhabitante de la zona del Naya sigue recibiendo amenazas.
Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL
Masacre de la Naya, once años esperando respuesta
(Foto: Archivo/ VANGUARDIA LIBERAL)

Provienen de quién sabe dónde y que llegan a su teléfono celular. Le siguen recordando que él hizo parte de una comisión que ingresó a la zona quince días después de que los paramilitares entraron ‘como Pedro por su casa’ y arrasaron con lo que encontraron a su paso.

Eso fue un once de abril de 2001. El rumor de que los integrantes de las autodefensas se tomarían la zona se había escuchado desde diciembre de 2000. Un informe de ACNUR daba cuenta de que “se acercaron a la vereda de El Ceral personas de la Defensoría del Pueblo y de la Defensa Civil de Santander de Quilichao y le dijeron a la comunidad que debían huir con urgencia, porque los paramilitares iban a ingresar al territorio y esto causaría enfrentamientos con la guerrilla, con posibles consecuencias nefastas para la población civil”.

A raíz del hecho, la Defensoría emitió una alerta temprana que además fue acogida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organismo que el 27 de marzo advirtió al Estado para que tomara una serie de medidas para proteger a la población.

“Nosotros nunca pensamos que fuera a pasar algo así, porque eso lo escuchábamos que eso pasaba únicamente por allá en el Urabá. Pero nos equivocamos”, recuerda Güetio cuyo relato se corta por momentos para buscar en sus recuerdos de lo que pasó ese día. El ejercicio con su memoria lo hace no porque se le haya olvidado lo que sucedió, sino porque fueron tantas cosas las que vio que no sabe qué narrar.

Por ejemplo, cuenta que se salvó. En momento en que iban saliendo de la zona, pasaron por un punto conocido como Los Robles cuando lo retuvieron en compañía de otras personas con las que viajaba, los requisaron, los robaron y los dejaron seguir. Y ahí se enteró de que ya habían retenido a varias personas a quienes iban a asesinar. En ese punto escuchó el nombre de Cayetano Cruz, para la fecha alguacil del cabildo indígena nasa del Alto Naya, quien fue descuartizado vivo con motosierra.

SIN RESPUESTAS

Las nuevas amenazas que ha recibido Güetio vienen por parte de ‘Las águilas negras, nueva generación’. En esas intimidaciones le advierten que es de nuevo un objetivo militar. “Nos siguen diciendo que somos comuneros y que estamos en contra del desarrollo del país”, sostiene el líder indígena.

Al parecer, los avisos estarían relacionados con la búsqueda de la verdad por parte de los habitantes de la región que fueron desplazados tras la masacre cuya cantidad de muertos aún sigue en vilo. Hay quienes hablan de que fueron 45 – que son los restos que se han encontrado -, pero desde el Consejo Regional Indígena del Cauca se habla de un número superior a los cien crímenes.

De los responsables se acusa al bloque ‘Calima’ de las autodefensas que iban al mando de Hebert Veloza, alias ‘H H’, quien en una versión libre de marzo de 2009 aceptó los delitos de delitos de terrorismo, secuestro, homicidio y desplazamiento.

No obstante, después de once años aún sigue la misma pregunta en el aire. ¿Cómo hicieron para ingresar cerca de 400 hombres a la zona, asesinar a tantas personas en un festín de sangre y terror, y el Ejército no enterarse de la situación? La respuesta dio una pequeña puntada en septiembre de 2009 cuando hombres del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, llegaron hasta las instalaciones del Casino de Oficiales de la Cuarta Brigada para capturar al general retirado Francisco René Pedraza, señalado de ser uno de los responsables en la masacre.

Pedraza, comandante de la Tercera Brigada para la fecha de la toma paramilitar, al parecer tenía información sobre las amenazas a la zona, pero hizo caso omiso según los familiares de las víctimas.

Tras su detención, dos días después quedó libre. El fiscal delegado, quien indagó a Pedraza en Medellín, donde fue detenido el oficial retirado, tomó la decisión por asuntos de procedimiento. El funcionario consideró que por tratarse de un general de la República, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos no era competente para ordenar su captura con fines de indagatoria.

De allí que cuando se le pregunta a Güetio si considera que hay impunidad en el caso, para él la respuesta es muy sencilla: “Si”.

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