En entrevista el procurador Alejandro Ordóñez aclaró que su despacho no es el que resuelve las dudas jurídicas sobre Autopistas de la Prosperidad.
Publicado por: COLPRENSA
Para la Procuraduría General de la Nación no existe duda de la inocencia del coronel Alfonso Plazas Vega. Así lo consideró el titular del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, en diálogo con este diario.
Ordóñez también aclaró que su despacho no es competente para resolver la duda jurídica que pesa sobre el proyecto Autopistas de la Prosperidad y se refirió, además, a los procesos que tiene el Ministerio en contra del exgobernador Luis Alfredo Ramos y anticipó que se encuentran en un estado avanzado.
Frente al caso del coronel Plazas Vega, la Procuraduría acaba de calificar de “grave error” lo ocurrido con el testimonio de Édgar Villamizar, ¿qué futuro le ve a este proceso?
“La Procuraduría ha sido muy activa. Nosotros interpusimos todos los recursos frente a la sentencia de primera instancia. Igual lo hicimos con la decisión de segunda instancia. Acudimos a la casación. Impugnamos por “error grave” el informe pericial del CTI y nosotros creemos en la inocencia del coronel Plazas Vega”.
Las Autopistas de la Prosperidad están frenadas por un concepto que debe dar la Procuraduría sobre si se podía o no firmar el convenio entre ISA e Inco (hoy ANI)?
“Hay un error. Y no es suyo, sino de muchos sectores y de algunos organismos que interesadamente han utilizado un concepto, que no fue definitivo, de la Procuraduría para suspender esas actuaciones referidas a las Autopistas. La Procuraduría hizo algunas observaciones, pero eso fue dentro del marco de la función preventiva. No hay proceso disciplinario alguno. Simplemente, lo que la Procuraduría manifestó fueron algunas observaciones, dudas jurídicas, que tienen que ver con la competencia misma de una de las partes que están implicadas en el proceso y con algunas nuevas valoraciones que se hicieron del proyecto de infraestructura. Determinados órganos y personas han utilizado interesadamente el concepto para tratar de interferir y distorsionar la gestión de la Procuraduría”.
Pero Procurador, si el proyecto arranca y se encuentra que esa duda jurídica se confirma, ¿entonces la responsabilidad será de quién?
“A mí lo que me interesa dejar muy en claro en Antioquia es que la Procuraduría no ha proferido una decisión, ni hace parte de un proceso disciplinario. En la actualidad entiendo que se ha solicitado un concepto del Consejo de Estado para aclarar esos temas jurídicos”.
Precisamente, esas interpretaciones sobre la gestión de la Procuraduría cuestionan la falta de celeridad en las investigaciones contra el exgobernador Ramos, a diferencia de lo ocurrido con el exalcalde Salazar...
“Investiguen bien, que revisen las fuentes, campean en la ignorancia. Hay más de siete procesos contra el exgobernador Luis Alfredo Ramos. Los procesos en materia jurídica están reglados y los procesos orales se inician y se ponen en movimiento de acuerdo con las realidades probatorias. Los procesos verbales generalmente duran mes y medio. Si en el futuro un alcalde, un gobernador interfiere los procesos electorales pues lo disciplino. El país tiene que tener la certeza de que hay luz en la poterna y guardián en la heredad, que yo no me dejo, no me dejo asustar ni menos me dejo estigmatizar ni voy a permitir que vayan a caricaturizar la función de la Procuraduría. Si antes se podía instrumentalizar o neutralizar con determinadas insinuaciones, conmigo se equivocan.
Mire, la Procuraduría actúa como debe actuar en los términos de ley y según los términos de los procesos. Los procesos verbales son cortos, rápidos, esa es su naturaleza, normalmente se evacúan en mes y medio. De manera que las decisiones al término de ese tiempo no puede escandalizar ni generar ningún tipo de suspicacias.
Las decisiones en los procesos que se siguen en el caso del exgobernador Ramos se tomarán cuando estén agotados todos los escenarios procesales y de acuerdo con las realidades probatorias. Si tengo que sancionar, sancionó. Si tengo que absolver, absuelvo, sin importar cuáles son los preconceptos que existan en los escenarios mediáticos o políticos. No se le olvide que inicialmente cuando asumí la función de Procurador, me decían, el nuevo ‘absolvedor’ General de la Nación. Meses después, frente a mis decisiones me han dicho ‘perseguidor’ General de la Nación. El país conoce el carácter de mis decisiones, el talante de mi temperamento, la objetividad y ponderación. ¿Decisiones controvertidas? Sí, claro, como lo han sido siempre las decisiones de la Procuraduría, en materia disciplinaria, porque sanciona o porque absuelve”.
¿O sea que se siente mejor que le digan perseguidor...?
“Algunos me dicen así, otro me dicen absolvedor... Yo prefiero que me digan Procurador General de la Nación”.
Y frente a las críticas que hizo el exalcalde Salazar porque usted utilizó en contra de él las pruebas que le entregó para denunciar las irregularidades del proceso electoral...
“La Procuraduría ha proferido numerosas decisiones contra funcionarios públicos, gobernadores y alcaldes, y los ha sancionado por intervención en política, es decir, por utilizar las funciones, las competencias para interferir los procesos electorales. Esa norma no la cree yo, está desde el año 2002, es una falta gravísima, tampoco la naturaleza de la falta es creada por el capricho del Procurador y la ley hay que cumplirla, el hecho de que la ley no se haya sancionado otrora frente a la trasgresión de esta prohibición, no quiere decir que la costumbre derogue la ley.
Hay unos deberes, unas obligaciones que tienen los funcionarios públicos y cuando se incurran y están probadas deben sancionarse. Y lo he hecho, y no fue al primer alcalde, son más de 15 alcaldes y hay más de un gobernador que me ha correspondido destituir por intervención en política.
No hubo un solo hecho que no hubiese sido admitido por el señor exalcalde, por lo menos no los controvirtió. No hubo una sola prueba que no hubiese sido decretada, no hubo un solo testimonio que no haya sido recaudado. La razón que adujo para justificar la interferencia en el proceso electoral fue la omisión de los órganos de control para investigar al parecer, los vínculos de un candidato con los grupos paramilitares, con la delincuencia.
Entonces consideró que por la omisión de los órganos de control estaría justificado la denuncia pública.
Debo decir que ello no es justificación, si fuese cierto la omisión o la actitud dilatoria de los órganos de control en investigar conductas delictivas de los ciudadanos, esa misma lógica es la que han utilizado los grupos paramilitares que inicialmente consideraron justificada la acción y la actuación, al acoger la justicia por su propia mano. Aquí estamos frente a un claro caso de usurpación de funciones públicas. Aquí no se está sancionando el cumplimiento del deber ciudadano de denunciar, que está muy bien que se hubiese denunciado ante la Fiscalía eventuales vinculaciones con grupos paramilitares, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
A él no le correspondía investigar, a él no le correspondía acusar y no le correspondía sancionar. Esas funciones las tienen otros organismos del Estado y no puedo decir que como el Estado no actúa, yo actúo y usurpo las funciones públicas y las usurpo para interferir los procesos electorales. El cumplimiento del deber, de denunciar, no me sustrae del cumplimiento del deber como autoridad. Yo debo actuar como ciudadano y como alcalde, para lograr develar la comisión de ilícitos, pero de acuerdo con la ley, él reconoce en el proceso que usurpó competencias en la medida que realizó conductas investigativas que no le corresponden al alcalde.
Si el país se escandalizó cuando conoció que organismos secretos del Estado hacían seguimientos sin estar autorizados por los órganos judiciales, a mí me ha correspondido destituir a más de cuatro directores del DAS por esa razón. Pues con mayor razón, funcionarios que carecen de competencia para investigar, que usurpan competencias propias de los órganos judiciales. Entonces, hay que leer el proceso contra Salazar. La destitución no fue una decisión caprichosa, no se está sancionando por el deber de haber denunciado a quien fuese, se está sancionando como alcalde hacer una calificación sobre las conductas al parecer delincuenciales de personas que estaban en una confrontación electoral con un propósito doloso de interferir en el proceso electoral.
¿Por qué doloso?
Él afirma que desconocía que hacer eso era una conducta disciplinable. Pues, en el proceso existen más de 10 circulares expedidas por el señor Alcalde de Medellín en la época, recordándole a los funcionarios públicos la prohibición legal de participar en política”.
¿Usted está investigando la presunta demora de esos organismos en investigar las denuncias hechas por Salazar?
“Carezco de competencia para investigar a funcionarios judiciales. Zapatero a tu zapato, cada loro en su estaca”.
¿Esta decisión suya qué tanto afecta al que ganó la Alcaldía?
”En lo absoluto. Al proceso disciplinario solamente le corresponde definir la responsabilidad disciplinaria de los investigados”.
¿Qué opina de la propuesta del Fiscal de otorgar amnistías condicionadas para facilitar un proceso de paz?
“No comparto mucho las propuestas de amnistías e indultos condicionados para iniciar un escenario para la paz. La sociedad colombiana tiene experiencias muy amargas con los procesos de paz anteriores. Desde luego que la paz merece todos los esfuerzos para conseguirla, pero no a cualquier precio. Es indudable, que esos instrumentos jurídicos como las amnistías y los indultos condicionados, como los plantea el Fiscal no deben darse como instrumentos iniciales, y sobre todo cuando estamos frente a una actitud de los grupos armados ilegales, especialmente las Farc, que demuestran que no quieren recorrer ese camino. Hoy no más, la Patria llora la muerte de siete policías, los secuestros continúan... Mientras no haya manifiestas voluntades que son hechos concretos, creo que el país no puede estar entusiasmado con reproducir los mismos escenarios por donde transitamos en el pasado y que nos dejaron tan amargas experiencias”.
Procurador sus decisiones se vuelven polémicas quizás porque esta en campaña para su reelección...
“Sí, eso es un riesgo que se corre. Y es el mismo que corren todos los funcionarios que buscan ser reelegidos, pero está la figura constitucional y legal que permite que funcionarios que aspiren a renovar sus periodos lo puedan hacer. Hay todos unos antecedentes, en el transcurso de todo el periodo que vienen a desmentir esos juicios ligeros que se hacen desde muchos sectores. Esos son los riesgos”.
Y bueno, ¿quién lo va a ternar Procurador?
“Pues el Presidente, la Corte Suprema o el Consejo de Estado, de ahí no salgo”.
¿Pero a quién ve más cercano en esa tarea?
A los tres... (risas)
¿Le ve futuro a la reforma a la Justicia?, ¿cree que esta reforma sí será de fondo?
“Este trámite no ha sido pacífico. Todos conocemos los sobresaltos que ha tenido la discusión. Pero si hacemos una comparación con el inicio de este proceso de acto legislativo, el ambiente hoy es más favorable”.
