Así lo consideró el general Gustavo Adolfo Ricaurte, que alertó que en este año ya se llegó a la población carcelaria calculada para finales de 2014. “Tuvimos una disminución importante en condenados, pero un aumento en sindicados”.
Publicado por: COLPRENSA
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) es una de las entidades del Estado que tiene peor imagen entre los colombianos. Ese lastre lo carga por razones explicables, pues ha enfrentado una enorme cantidad de escándalos y comportamientos ineficientes.
Desde diciembre de 2010 la dirección del Inpec recayó en un oficial activo de la Policía, el general Gustavo Adolfo Ricaurte Tapia, a quien el entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, le entregó el cargo subrayándole que “todo el país espera una transformación y modernización de la entidad”.
Año y medio después, el general Ricaurte cree que esta transformación sí se está dando, aunque dice que falta más colaboración de gobernantes seccionales y de la empresa privada a los procesos de resocialización. Además, alerta sobre el principal problema de la entidad, la sobrepoblación y el consecuente hacinamiento. Sobre esos temas habló con Colprensa: - ¿Cuánto le cuesta al Estado un interno cada mes?El costo normal de un interno puede estar alrededor de 700 mil pesos, pero a eso se le suman los costos operarios de agua, luz, alimentación y médico, con lo que un interno le puede estar costando al Estado entre un millón 350 mil pesos y un millón 500 mil pesos al mes.
- ¿Cómo se está dando el proceso de resocialización de los internos para que cuando salgan no reincidan en el delito?
Estamos haciendo trabajo importante en esa materia. Por ejemplo, tenemos cerca de 504 proyectos productivos que implementamos en el último año; ahí hacemos un proceso de resocialización, de educación. Los internos nuestros tienen un proceso de trabajo, educación y enseñanza. El año pasado hicimos un convenio con el Sena en el que involucramos 125 programas de educación de carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Tenemos también un convenio con la Universidad Abierta y a Distancia, Unad, para becar con el 50 por ciento a los estudiantes que están haciendo pregrado. De hecho, tenemos internos que han quedado en libertad y son modelo de resocialización. Obviamente, también tenemos problemas, porque mientras tengamos hacinamiento, los procesos de resocialización no se darán.
- ¿Quiénes hacen mejor proceso de resocialización: hombres o mujeres?
Los procesos de resocialización en la mujer son muy palpables. De cada diez, una reincide en el delito, mientras que de los hombres, por cada diez, reinciden cuatro. La mujer es más juiciosa, todo lo que aprende en el centro carcelario, cuando sale lo pone en práctica para mantener a una familia o para mantener los hijos. Mientras que para los hombres el problema es el empleo. Tengo que hacer un llamado a las empresas privadas, porque, en el buen sentido de la palabra, las cárceles podrían considerarse unas zonas francas, es decir yo tendría 142 zonas francas. Las personas que invierten en las cárceles están libres de impuestos, o sea que el empresario debería poner los ojos en las cárceles, para así sacar productos de alta calidad y ganarse una plata en la exención de impuestos.
- En Estados Unidos y Europa hay modelos penitenciarios en los que los internos son llevados a ayudar en obras públicas y a prestar otros servicios a la sociedad, ¿se ha pensado implementar ese modelo en Colombia?
Cuando estábamos en la época invernal les hice el ofrecimiento a los alcaldes para que los internos pudieran trabajar en obras civiles. El problema es que a mis internos, cuando salen a trabajar, hay que pagarles. Entonces les decía: págueles, que finalmente esa platica va a sus familias, pero no me llegó una solicitud de los alcaldes; les habría podido colocar 100 ó 200 interno y vigilarlos.
- ¿Cómo avanzan los planes para reducir el hacinamiento?
El Inpec hace 18 meses diseñó una serie de estrategias para bajar la superpoblación de los centros carcelarios. Lo que no se tenía previsto era la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Ciudadana y otros subrogados penales de unos 20 meses para acá. Porque la población nuestra calculada para 2014 es la que actualmente tenemos. Para ese año se tenía presupuestado tener unos 111 mil internos y a hoy tenemos unos 118 mil. Ante ello hay varias estrategias: una, que es la más importante, la de infraestructura. El Gobierno se propuso dividir el Instituto en dos entidades: una, el Inpec propiamente dicho, y otra la unidad administrativa, que fue creada como una entidad nueva, moderna encargada de la construcción de cárceles, alimentación, salud de los internos y mantenimiento. En lo que corresponde al Instituto, lo que hará es un plan maestro de seguridad penitenciaria y con temas relacionados con hacinamiento, seguridad y comunicación.
- ¿Es lo único que se hace para disminuir el hacinamiento?
Hay dos estrategias más. Una es el trabajo con el Consejo Superior de la Judicatura, con jueces y fiscales, porque la población carcelaria nuestra ha ido creciendo tanto que pasamos del 80 por ciento de condenados a casi el 60%, es decir que tuvimos una disminución importante en condenados, pero tuvimos un aumento en sindicados; necesitamos que concedan las libertades para los internos por pena cumplida, por haber cumplido las tres cuartas partes de la pena o porque ya pueden obtener una domiciliara. Hicimos un análisis y comenzamos a trabajar con los jueces de instrucción de penas para indicarles que por iniciativa nuestra estamos solicitando la libertad de esos internos. De eso hemos recibido gran apoyo de los jueces, que nos han ayudado en que estos internos recobren la libertad de acuerdo a lo que ordena la ley. La otra estrategia es con las universidades: un convenio para que los estudiantes de derecho hagan las peticiones de libertad ante los señores jueces y, en ocasiones, para que organicen procesos de tipo disciplinario de los internos.
- ¿Cómo va el programa para la creación de nuevos centros penitenciario?
Es una política en la que vamos lentos, pero bien. La idea es crecer en centros carcelarios, que serían las colonias penitenciarias. Ese es un programa que hemos querido diseñar para tener no solamente una, como la que está en Acacias (Meta), sino tener unas cinco más. Hay interés en el Viejo Caldas, hay interés en Barrancabermeja, hay interés en la Costa y para eso no se necesita mucha plata, se necesita interés de alcaldes y gobernadores, eso es lo que nos ayudaría a bajar la superpoblación. Además, el Ministerio de Justicia tiene un convenio con la CAF para presentar unos proyectos para concesionar cárceles. Ese modelo estaría saliendo en septiembre y en diciembre estarían adjudicadas, para construir seis megacárceles que tendrían una capacidad de, por lo menos, 4.500 internos (4.000 hombres y 500 mujeres) en un mismo complejo. La idea es que fueran regionalizadas, es decir, que se asociaran tres o cuatro gobernadores, colocaran el lote y ayudaran en alguna forma para la infraestructura. Por ejemplo: Risaralda, Quindío, Caldas y Valle o Cesar, Bolívar, Córdoba y Atlántico.
- En concreto, ¿cuándo arranca la construcción de esas cárceles?
Si se llegan a aprobar este año y se demoran dos en construir, estaríamos hablando que finalizado 2014 o al comienzo de 2015 estaríamos recibiendo las seis cárceles. Por ahora se tienen ubicados sitios como Girón (Santander) y Popayán y estamos buscando sitios en el viejo Caldas y cerca a Valledupar, entre otros. Estamos esperando que los alcaldes nos hagan las propuestas de los terrenos para poner cárceles de este tipo.
- Las cárceles colombianas crecieron al 0,4 por ciento entre 2008 y 2010; en 2011 crecieron al 1,4 por ciento y para este año se prevé un crecimiento del 1,9 a 2,2 por ciento, pero en vez de disminuir, hay aumento de la población carcelaria.
Tenemos un gran número de internos que siguen en las cárceles que no han podido recobrar la libertad porque no han pagado la multa y ahí tenemos un gran cuello de botella, como no tienen con qué pagar, se quedan en los centros carcelarios. Algunos de ellos son reincidentes y lo que se ha detectado es que, especialmente son aquellos que tienen las llamadas enfermedades de alto costo. Por ejemplo, se queda quien necesita diálisis, que por fuera puede valer unos cuatro millones de pesos y al salir del centro carcelario no tiene quién se la pague. Otro caso es el de los internos siquiátricos o los farmacodependientes, que es una población que ni las familias los quieren recibir ni los quieren tener en la calle.
- ¿Cómo se avanza para asegurar el respeto de los derechos humanos al interior de los reclusorios?
Hemos avanzado y somos modelo a nivel internacional. Hace tiempo se habló que la guardia penitenciaria era una violadora de los derechos humanos, pero hemos implementado una cátedra, como requisito de formación para los dragoneantes, sobre derecho humano y derecho internacional humanitario, para que los guardianes conozcan cuáles son sus deberes y obligaciones y cuál es el procedimiento para con los internos. En el Inpec no tenemos cúmulos de investigaciones por temas de derechos humanos; hay, por ahí, unas 25 abiertas, en las que ojalá no resulten sancionados los guardianes, pero que no se archiven por falta de pruebas, sino que se haga justicia.
- ¿Qué ha ganado el Inpec teniendo a la cabeza a un integrante de la Policía?
Que se ha organizado la casa. Hace un tiempo no se sabía cuántos internos había en las cárceles. Hoy sabemos cuántos hay de Justicia y Paz, de paramilitarismo, de parapolítica, por rebelión, por hurto, por homicidio y cuánto llevaban como internos. Esa fue una estrategia importante que iniciamos de solicitar el proceso de cada interno, porque hemos encontrado que había órdenes de libertad de uno o dos meses, incluso hasta de año y medio, que ni el interno sabía que tenía la libertad. Y hay veces que no nos enteramos de medidas como la libertad domiciliaria, pero eso lo estamos mejorando, porque ahora nos compulsan las copias de esas providencias, para nosotros meterlas al sistema y así tener un mejor control. Ahora estamos haciendo un trabajo con el señor director de la Policía Nacional entrante, el señor general León Riaño, para que en cada cuadrante se sepa qué interno tiene con prisión domiciliaria y así vamos a tener un efectivo control.
