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Miércoles 11 de Julio de 2012 - 05:20 PM

¿Pueden los indígenas desconocer la autoridad del Estado?

Tras las protestas en Toribío ante la llegada del presidente, Juan Manuel Santos, analistas coinciden en que ha faltado presencia del Estado en el Cauca.
AFP/VANGUARDIA LIBERAL
¿Pueden los indígenas desalojar fuerza pública y desconocer autoridad del Estado?
(Foto: AFP/VANGUARDIA LIBERAL)

La imagen de un numeroso grupo de indígenas desmontando, bulto por bulto, las trincheras del puesto de Policía en Toribío, Cauca, ante la mirada impasible de los uniformados, un día antes de que el presidente Juan Manuel Santos llegara a ese municipio a hacer un consejo de ministros –con quien tampoco quisieron hablar–, tiene inquieta a la opinión nacional y abierto el debate entre los analistas.

¿Tienen los indígenas la potestad para desalojar a la Fuerza Pública? ¿Pueden desconocer la autoridad del Estado? ¿Qué debe hacer el Estado para mantener la soberanía en todo el territorio nacional? Son interrogantes que surgen ante un hecho que, para algunos, no cuenta con antecedentes en la historia del conflicto colombiano.

De acuerdo con los aborígenes, su propósito es ‘limpiar’ de actores armados sus territorios. Hacerlo con la Fuerza Pública puede resultar sencillo, comoquiera que está en lugares fijos y es perfectamente identificable. El otro interrogante es ¿cómo lo van a hacer con los actores armados cuya principal característica el secreto y la trashumancia? Carlos Gaviria Díaz, expresidente de la Corte Constitucional, asegura que si el país no estuviera bajo un conflicto armado, “lo mejor que les podría pasar a los indígenas era estar protegidos únicamente por la guardia indígena, con los jueces que administran justicia, con sus costumbres y sus usos”.

Para el exmagistrado, los indígenas son respetuosos de la autoridad indígena y no tienen más armas que sus bastones. “Pero ese símbolo resulta ineficaz frente a actores armados (Ejército, guerrilla o paramilitares)”.

“Creo, sin ser partidario de que la Fuerza Pública haga presencia en todas partes, que es necesario que el Estado esté allá, pero no únicamente bajo la forma de Fuerza Pública. Estos episodios sirven para que la gente piense cómo están de abandonados los territorios indígenas y los indígenas”, agrega.

Explica que es inevitable la presencia del Estado, “pero ojalá esa presencia fuera más amable (con hospitales, escuelas) que la del el Ejército y la Policía, que al pasar los episodios se van, y vuelven a quedar los indígenas en las mismas condiciones”.

“A uno le muestran a los indígenas desbaratando las barricadas que ha hecho la Fuerza Pública para protegerse. Y uno dice: Qué mal hecho, ¿no? Pero quién sabe qué es lo que habrá ocurrido. Hay una cosa muy sintomática: los indígenas son comunidades bastante pacíficas. Ellos han querido mantenerse neutrales en ese conflicto, han estado entre dos fuegos”, dice Gaviria Díaz.

Sin embargo, reconoce que al dejar desmantelar sus instalaciones, “la Fuerza Pública no actuó de manera desbordada. Tendríamos que averiguar antecedentes: por qué los indígenas son reacios a la presencia de la Fuerza Pública. Pero yo descartaría que son cómplices de la guerrilla”, asegura tajantemente.

Otra es la percepción de Alfredo Rangel, especialista en el conflicto y director del Centro Seguridad y Democracia. Para él, “el Estado, de ninguna manera, puede tolerar que se cuestione su presencia en ninguna porción del territorio nacional”.

“Es un deber del Estado ejercer la soberanía y garantizar la seguridad a lo largo y ancho del territorio. Eso no puede ser cuestionado por ningún ciudadano ni por ninguna organización, por respetable que sea”, sostiene Rangel. “La actitud de los indígenas, que no tiene antecedente en la larga historia del conflicto armado, es de insubordinación, de deslegitimación de la presencia de la Fuerza Pública”.

Pero, incluso, va más allá al analizar la acción de los indígenas: “Le hace, de hecho, el juego a la guerrilla, al asignarle la responsabilidad a la Fuerza Pública de la situación de violencia y de inseguridad que se vive en la región, cuando realmente los únicos y exclusivos responsables de esa situación son los grupos guerrilleros que ejecutan las acciones terroristas en los municipios del Cauca”.

Rangel admite, eso sí, que estas situaciones evidencian que el Estado no ha hecho lo suficiente para poner de su lado, de manera activa y decidida, a la población civil en contra de los grupos armados ilegales. “Y ese distanciamiento es el que propicia que sean los grupos terroristas los que instrumentan y manipulan a las organizaciones indígenas, o a un sector de ellas, en contra del Estado”.

“El Estado debe, en primer lugar, restablecer un diálogo efectivo con las comunidades indígenas, ponerlas de lado de las instituciones, de la legitimidad del Estado y, mediante una labor de convicción, persuadirlas de que es necesario, para derrotar el terrorismo y para recuperar la seguridad, hacer un solo frente unido (Estado, Fuerza Pública y población) contra del terrorismo”, concluyó.

Para el politólogo y profesor universitario Alejo Vargas, se trata de comunidades indígenas fatigadas por años de estar poniendo muertos, a las que ni el Estado ni los actores armados respetan. “Eso es un acto de rechazo, de desespero y de crítica a las políticas”, asegura.

“El tema central es que, evidentemente, la Fuerza Pública debe estar en todo el territorio. Su papel es proteger la población, pero allá pareciera que lo que hacen es protegerse a sí mismos. Entonces, ¿es para proteger la Fuerza Pública o es para proteger a la población?”, se pregunta Vargas.

Añade que también se plantea un debate basado en el Derecho Internacional Humanitario (DIH), “y es si, efectivamente, instalaciones militares o policiales deben estar en medio de los cascos urbanos o no, o deben estar en las afueras”.

“Estas comunidades han venido planteando que si el Estado tiene una política para protección del territorio, que la ponga en marcha; si no, que permita a sus autoridades que traten de hacer acciones a través de sus mecanismos para proteger los territorios. Porque, evidentemente, leído así, se puede decir que terminan favoreciéndose a una de las partes. Pero me parece que el tema tiene un poco más de complejidad”, concluye Vargas.

El consultor internacional Hugo Acero Velásquez invoca el Artículo 330 de la Constitución, que reza: “Los territorios indígenas estarán gobernados por consejos conformados y reglamentados según los usos y costumbres de sus comunidades”, y dentro de sus funciones está “colaborar con el mantenimiento del orden público dentro de su territorio de acuerdo con las instrucciones y disposiciones del Gobierno Nacional”.

Acero Velásquez asegura que “por ninguna parte aparece la posibilidad de crear o reconocer cuerpos especiales de seguridad para los territorios indígenas, como hoy se propone en Toribío”.

Admite que “es comprensible lo que están proponiendo los indígenas, que por años han estado en medio de la guerra”. Pero asevera: “No existe ninguna posibilidad de que la Fuerza Pública salga del casco urbano y menos de la totalidad del municipio. Si así lo hace, estaría incumpliendo la Constitución y las leyes”.

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