La Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, se disculpó con la opinión pública nacional e internacional por el trato que varios de sus comuneros le dieron miembros de la Fuerza Pública, durante el desalojo de las tropas del cerro Berlín, en Toribío, Cauca.
Publicado por: COLPRENSA
A la par de este hecho, dirigentes de la organización indígena responsabilizaron al Gobierno Nacional de provocar la “xenofobia contra los pueblos indígenas”, y anunciaron que demandarán al Ejecutivo por “incumplimiento de la Constitución y las doctrinas internacionales que plantean la salvaguarda de los pueblos indígenas”.
“Santos y Uribe se parecen por las agresiones a los pueblos del Cauca”, aseguró Giovanny Yule, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acinc.
“El Gobierno utiliza la noche y la oscuridad para atacar a la comunidad indígena”, aseguró, José Domingo Caldona, miembro de la comisión de paz del pueblo indígena Coconuco del Cauca.
Los dos líderes del Cauca añadieron que no es cierto que los indígenas estén exigiendo la desmilitarización de la zona. Lo que buscan, aseguraron, es que no haya actores con armas de fuego en los territorios ancestrales.
Preguntados sobre qué harán cuando la Fiscalía identifique, individualice y judicialice a los indígenas que agredieron a los militares tanto Yule, como Caldona aseguraron que “el Estado ha actuado de manera arbitraria y procede ilegalmente porque las marchas y las protestas han sido legales y amparadas constitucionalmente”.
¿Guerrilleros infiltrados en las comunidades indígenas?
Una fuerte polémica se desató en el país luego de que el propio ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, confirmara que las Farc están infiltradas en el movimiento indígena del Cauca.
La denuncia inicial la hizo el pasado lunes Ana Silvia Secué, representante de la Organización Pluricultural de Pueblos Indígenas de Colombia. Opic, quien afirmó que tenía pruebas de que algunos cabildos indígenas habían firmado pactos con los guerrilleros para “trabajar mutuamente”.
Eso explicaría -según Secué- la dura reacción que han tenido estos días los indígenas para retirar a los militares y policías de sus territorios.
Sin embargo, la respuesta de los voceros de las organizaciones indígenas no se hizo esperar. El primero en rechazar las acusaciones ha sido Feliciano Valencia, consejero de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin), quien insistió en que su comunidad también ha rechazado las acciones violentas de los guerrilleros y les han pedido que abandonen sus tierras.
Valencia aseguró a que la Guardia Indígena no está retirando al Ejército de algunos municipios como Toribío sólo para que la guerrilla pueda quedarse asentada en la zona, “sino que estamos sacando a todos los actores armados porque ya no toleramos más guerra en nuestra región”.
Cambio del comandante de la Tercera División
En medio de la crítica situación de orden público que se vive en el departamento del Cauca, fuentes militares confirmaron el cambio del comandante de la Tercera División del Ejército, general Miguel Ernesto Pérez Guarnizo.
El oficial sería reemplazado por el general Jorge Alberto Segura Manonegra, quien comanda la Fuerza de Tarea del Sur con sede en Ibagué.
Además, se confirmó que el Comando Conjunto Pacífico, que tenía su sede en la Tercera Brigada de Cali, será trasladado a Popayán.
Indígenas podrían ir a la cárcel por el delito de asonada
El fiscal General, Eduardo Montealegre, señaló que los indígenas del Cauca podrían pagar cárcel si se les llega comprobar el delito de asonada, por haber atacado la Fuerza Pública.
“Lo que quiero significar es que en Colombia no se puede penalizar la protesta social, que la libertad de reunión, las expresiones en la vía pública, son un derecho constitucional (…) pero ya cuando se acude a la violencia pues lo ha expresado la Corte Constitucional y el Sistema de Interamericano de Derechos Humanos -en esos casos- se puede presentar el delito de asonada”, indicó el Fiscal General.
Montealegre señaló que esas penas podrían ascender a los ocho años de prisión, si luego de recibir las denuncias son hallados culpables de los recientes hechos de violencia en el municipio de Toribío.
“Hay una multiplicidad de penas de cuatro a ocho años de prisión, no quiero adelantar ningún juicio de valor. Partimos de que la protesta social es ejercicio de un derecho constitucional, pero tiene unos límites”, dijo Montealegre.
“Muerte de indígena en Cauca habría sido por un error militar”: Ejército
La muerte de esta persona ocasionó que, desde las 10:00 a.m. de ayer, las comunidades indígenas y campesinas mantengan retenidos a 30 soldados del Ejército que se encontraban en el sitio donde ocurrió el hecho.
En medio de la crítica situación que se vive desde hace más de una semana en el norte del Cauca, una persona murió cerca de un puesto de control del Ejército en el municipio de Caldono.
El asesinato, según afirmó el coronel Carlos Delgado, jefe del Estado Mayor de la Brigada 29, habría sido un error cometido por los militares que acampaban en la zona.
Por medio de un comunicado, el Ejército informó que la muerte del indígena se presentó en la madrugada de ayer, en la vereda La Ventana de este municipio del norte del Cauca.
“Cuando tropas de esta unidad desarrollaban operaciones militares para neutralizar cualquier pretensión terrorista en contra de la comunidad, una persona resultó muerta”, dice el comunicado de la Tercera División del Ejército sin agregar mayores detalles.
Reacciones
Hay que rodear al Estado: Procurador
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, pidió este miércoles a los colombianos a rodear a las autoridades tras los incidentes ocurridos en el departamento de Cauca.
Arzobispo de Tunja pidió prudencia
El monseñor Luis Augusto Castro Quiroga, arzobispo de Tunja, hizo un llamado a los indígenas para evitar que Colombia sea sancionada internacionalmente en caso de que algo llegara a sucederle a la minoría étnica. “De ninguna manera el Ejército puede dejar la zona”, dijo.
