Se agrava la crisis carcelaria del país

La situación no es nueva y ya hace parte del ‘paisaje’ de la mayoría de penales, pero estaría por tornarse catastrófica, de no prestársele atención.

La advertencia la viene haciendo por distintos medios Diego Arias, presidente del Sindicato Unitario de Trabajadores Penitenciarios (UTP), agremiación que agrupa la mayoría de sindicatos del Inpec. Con él coincide en buena medida la Defensoría del Pueblo.

“Hay 110 mil internos en las 142 cárceles de todo el país, sin contar con los que están en prisión domiciliaria, que suman más de 100 mil, a los cuales también tenemos que prestarles el servicio de vigilancia”, comienza por decir Arias, y saca cuentas: “Estamos hablando de 200 reclusos por un guardián, cuando la normatividad establece que deben ser cinco internos por una unidad de guardia”.

La Defensoría del Pueblo sostiene que “la población carcelaria durante los últimos 12 años se incrementó en 54.915 personas, mientras que en el mismo lapso los cupos aumentaron sólo en 42.009”, y agrega que el hacinamiento constante pone en grave riesgo el respeto efectivo de la dignidad humana y de los derechos humanos de las personas recluidas.

Además, anota que en la cifra total de esta población no se incluyen las personas recluidas en cárceles municipales, centros de reclusión transitoria y los detenidos en prisión domiciliaria.

Para mejorar las condiciones de vida de la población reclusa, la Dirección del Inpec asegura que está trabajando en iniciativas como el nuevo Código Penitenciario y Carcelario, en coordinación con el Ministerio de Justicia, que permitirá descongestionar los centros de reclusión.

También dice que ha tramitado ante los jueces la libertad de 48.264 internos y la ha obtenido para 29.089. Si se otorgan nuevas libertades, disminuirá la sobrepoblación.

Controversia por estrategia de liberación de presos

En medio de la crisis por la situación carcelaria en el país, el presidente del Senado, Roy Barreras, le pidió a la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, que no se haga una “liberación masiva” de presos como solución al hacinamiento.

Para el senador, “la solución no puede ser soltar a la calle a miles de delincuentes condenados por asaltos, atracos callejeros, lesiones personales y delitos de toda naturaleza que se beneficiarían de esta masiva excarcelación, además porque es imposible controlar la detención domiciliaria de miles de delincuentes”.

Para Barreras, significa poner en riesgo a los colombianos y alimentar la inseguridad en las calles. “El mensaje a los colombianos no puede ser que ante la incapacidad del Estado para hacer pagar las penas a quienes asaltan a los ciudadanos, la decisión sea liberarlos incrementando el riesgo de inseguridad en las ciudades”, dijo.

En cambio, solicitó que se construyan nuevos centros de reclusión “dignos y respetuosos de los derechos humanos”.