Mientras el balance de fuerza sea favorable al Estado, como lo conciben la mayoría de empresarios, este tiene una mejor posición para definir términos y condiciones de negociación.
Publicado por: COLPRENSA
En el momento de plantear una agenda de negociación, líderes empresariales colombianos apelan al “discurso de la oferta”, pues consideran que la negociación está más del lado de la generación de incentivos y propuestas con capacidad para hacer viable un proceso de paz, que del lado del “diálogo”, del intercambio de propuestas y de la interlocución constante entre actores de la negociación.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio ‘Visión y opinión de los líderes empresariales ante una eventual negociación de paz con las Farc’, elaborado por la Fundación Ideas para la Paz, FIP, entre septiembre de 2011 y marzo de 2012, que fue dado a conocer en los últimos días y que cobra vigencia luego de que el presidente Juan Manuel Santos anunciara oficialmente los acercamientos con miras a un proceso con ese grupo insurgente.
En torno al tema de la posible agenda con las Farc, la FIP identificó que hay dos vertientes sobre lo que entienden por negociación y agenda de negociación 32 empresarios y un grupo de altos ejecutivos de nueve multinacionales, que operan en Colombia, consultados en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Santa Marta. La importancia de sus opiniones radica en que todos ellos –según María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la FIP– son presidentes o fundadores de compañías que se ubican entre las cien más grandes del país.
Por un lado, la mayoría considera la negociación como un proceso en el que el Estado plantea una “oferta” frente a la cual espera una respuesta positiva por parte de las Farc. Esa oferta normalmente está definida en términos de incentivos que los empresarios considerarían aceptables y suficientes para propiciar concretamente la desmovilización y reintegración de los combatientes.
“Estos empresarios entienden que la sostenibilidad de su negocio está en aportar para que se generen un ambiente que haga sostenible el negocio. Ya no es un tema de filantropía pura, sino es un tema de negocio. Entienden que si no trabajan las variables de derechos humanos en un país como Colombia, pues van a tener problemas”, dice Llorente.
El ‘discurso de la oferta’ está atravesado por varias justificaciones: la imposibilidad de la derrota militar de las Farc y el costo humano de la guerra, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la reproducción de condiciones de desigualdad y pobreza que alimentan el conflicto armado, y, en menor medida, el reconocimiento de la lucha histórica y de las reivindicaciones del grupo guerrillero desde sus orígenes. Esas narrativas de los empresarios refuerzan la idea de ofrecer un paquete de incentivos sobre el cual girará el proceso de negociación.
“Por eso, si hay un chance de hacer un proceso de paz, es ahora o nunca. Me sorprendió del informe que hicimos con los empresarios que ellos todavía consideran que las guerrillas tienen un origen político. Entonces, ahí hay un espacio. ¿Por qué esperamos hasta que se criminalicen completamente y seguir teniendo bombazos, violaciones de derechos humanos, del DIH?”, agrega la directora de la FIP.
De otro lado, en las respuestas de los empresarios se identifica un ‘discurso de diálogo’. Algunos de ellos consideran que la negociación incluye un proceso de interlocución entre las partes en dos niveles: en el primero se discuten y ajustan los términos del desarme, la desmovilización y reintegración de excombatientes, y en el segundo nivel habría discusión y acuerdo sobre reformas de mayor calado a nivel institucional, jurídico y socioeconómico.
Adicionalmente, respecto al margen de maniobra y flexibilidad con la que se espera cuente un eventual proceso de paz, un gran número de los empresarios entrevistados coincide al visualizar un proceso de negociación que cuente con un margen de error mínimo, es decir, suficientemente calculado para que esté exento de retrocesos, impases o improvisaciones por parte de cualquier actor involucrado.
Al mismo tiempo, dicho abordaje no podría ser susceptible a la acción de cualquier agente externo a la negociación o a cualquier acción militar o hecho de violencia que quebrante alguna de las precondiciones o acuerdos previos a la negociación.
AGENDA MENOS GENEROSA
Otro de los hallazgos del estudio de la FIP es que en la medida en que la percepción de los empresarios sobre el conflicto destaca los logros del Estado y el debilitamiento de la guerrilla, el contenido de la agenda tiende a hacerse más limitada, en el entendido en que el Estado goza de una mejor posición para negociar.
Se evidencia una relación inversa entre la percepción que se tiene de la dinámica del conflicto y la generosidad de la agenda: en la medida en que el balance de fuerza sea más favorable al Estado, como lo conciben la mayoría de empresarios, se asume que este tiene una mejor posición para definir términos y condiciones de negociación. Por esa vía, se presume que el contenido de la agenda tenderá a ser mucho menos generoso con la guerrilla.
“Mientras el Estado lleve la delantera en materia de orden público, cualquier gobierno –actual o futuro– contaría con el suficiente capital político para adelantar una negociación con las Farc. Sin embargo, este capital político no representa un ‘cheque en blanco’ para definir los términos de la negociación”, es el escenario que delinean de manera implícita las respuestas de un gran número de líderes empresariales entrevistados, según la FIP.
En todo caso, para Llorente, “Colombia sigue siendo un país tremendamente inequitativo con problemas sociales, sobre todo en el ámbito rural, que desde Bogotá no alcanzamos a imaginar. Esa es una realidad que, como dicen los empresarios que entrevistamos, los colombianos debemos enfrentar desde la democracia. Ya no hay justificación para que un grupo salga con las armas a pretender cambiar esa realidad”.
LA OPINIÓN DE LA POBLACIÓN
Llorente explicó que en el informe de la FIP se publicaron las encuestas LAPOP (Latin American Public Opinión Project) –que se realizaron en noviembre de 2011 a 1.500 personas de Colombia de distintos estratos– para ver de qué manera se sitúan los empresarios frente al resto de la población. “Y uno ve cómo una serie en el tiempo y en cualquier momento, sea cual sea la circunstancia, los colombianos siempre han preferido la salida negociada. Siempre”.
Ese estudio de Lapop, junto con el último análisis de percepción de la empresa Gallup Colombia, demuestran que un número creciente de colombianos creen que la seguridad ha empeorado desde principios de 2011: su mención como problema pasó de un 7% en el 2010 a un 12% en el 2011, siendo este el mayor porcentaje desde el 2005.
En los últimos tres años, el conflicto armado y la seguridad han dejado de ser el tema que más preocupa al país. De acuerdo con Lapop, el conflicto armado ha pasado a ocupar el segundo lugar en las preocupaciones de los colombianos (28,5%), por debajo de la situación económica (30,9%) y muy cerca de la categoría “otros”, que incluye temas como corrupción, desigualdad, desnutrición, educación, acceso a servicios públicos, impunidad y medio ambiente, (28,2%), mientras que la seguridad pasó a un lejano cuarto lugar (12,4%).
Esta percepción del conflicto está acompañada por dos elementos aparentemente contradictorios: la desconfianza en los grupos armados y la persistencia de la negociación como salida preferida al conflicto armado. Con respecto a los grupos armados ilegales, según Lapop, si bien entre 2005 y 2008 los porcentajes de confianza ya eran bajos, en los últimos tres años se han reducido todavía más. La confianza pública frente a las Farc, el Eln y las autodefensas no supera los cinco puntos porcentuales para 2011.
En cuanto a la salida que los colombianos prefieren al conflicto con la guerrilla, si bien de 2008 a 2011 hubo una reducción del porcentaje de personas que prefieren la negociación (pasó de 67,1% a 54,6%), esta sigue siendo la opción con mayor apoyo, en contraposición a la solución militar (37,3%) y a la combinación de ambas estrategias (8,2%).
OTRAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO
1. Salida al conflicto: La posición de los empresarios no es predominantemente militarista; privilegia la acción política o combinar lo político y lo militar para terminar el conflicto con las Farc. Pero la disposición al diálogo está limitada por la idea de que debe darse en condiciones de superioridad militar y política del Estado.
2. Precondiciones para negociación: Prevalece la percepción de que el Estado ha demostrado más disposición a la negociación; por tanto, son las Farc las que tienen que demostrar con actos y señales concretas su voluntad y compromiso con la paz.
3. El rol empresarial frente a un proceso de paz: La mayoría de los entrevistados opta por una participación directa pero acotada, en la que se privilegia la participación en actividades propias de lo que correspondería a una etapa de ‘peacebuilding’: tareas ligadas a la reintegración socioeconómica de excombatientes.
4. Liderazgo gubernamental. Los líderes empresariales confían en el gobierno nacional y depositan en él la credibilidad para que determine las condiciones y la oportunidad para iniciar las conversaciones con los grupos guerrilleros.
5. No a protagonismos individuales. Prefieren actuar como grupo, debido a sus experiencias previas –como el Caguán, que entienden como negativa– y son enfáticos en no volver a exponer su imagen del mismo modo y a reconocer la mayor efectividad que implica su participación como bloque.
6. Lo no negociable. Pérdida o disminución de iniciativa militar del Estado; continuidad de violaciones a derechos humanos; réplica de modelos de negociación abiertos y participativos como el Caguán; participación de militares en negociaciones; estrategias de reintegración que prevean la incorporación de excombatientes a las Fuerzas Militares; iniciar un proceso de paz sin muestras claras de la voluntad de guerrilla o con señales de improvisación por parte del gobierno.
IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN EMPRESARIAL
El informe de la FIP recuerda que un efecto de la transformación de los conflictos armados desde el final de la Guerra Fría ha sido la ampliación de los actores que se contemplan como parte de la solución de dichos conflictos.
La idea de que solo los actores armados, los gobiernos y los organismos multilaterales pueden intervenir en procesos de paz ha perdido validez. Esto ha abierto espacio al debate sobre el rol que otros actores pueden y están llamados a tener dentro de las distintas etapas de un proceso encaminado a lograr una paz sostenible.
Uno de esos actores es el sector empresarial. Los debates actuales sobre la responsabilidad de las empresas en países en conflicto –y más sobre su rol en la superación del mismo y la construcción de una paz duradera– parecen moverse en dirección al abandono de una visión limitada del sector empresarial en la que, como proveedor de bienes y servicios, también actúa como generador de ambientes favorables a la paz.
Hoy se espera que el sector empresarial intervenga en otros frentes de trabajo en el marco de un proceso de paz, tales como intermediación, apoyo logístico y construcción de confianza dentro de las negociaciones, actividades de verificación o apoyo a la investigación académica sobre conflicto y paz y que lo haga de manera más activa, como un verdadero constructor de paz.
