La necesidad de que el Estado reconozca como actor social y político al campesinado colombiano, para así poder plantear una reforma rural integral es la principal conclusión del ‘Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011 Colombia rural. Razones para la esperanza’.
Publicado por: COLPRENSA
El informe que publicó este miércoles el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Pnud, revela un crítico panorama sobre el campesinado en el país y señala además la carencia de políticas de desarrollo rural consistentes y continuas, que generen condiciones para que puedan superar sus niveles de pobreza y los conflictos que los afectan. Prueba de esto es que ni siquiera se ha establecido cuántos campesinos hay en Colombia, ya que ni el Dane establece como objeto de censo a esa población sino que los incluye dentro de la población denominada “resto”.
No obstante, los investigadores crearon un índice de ruralidad que determinó que el 31, 6 por ciento de la población colombiana es rural y que se trata de campesinos con indicadores de desarrollo humano inferiores a los de los habitantes de las áreas más urbanizadas del país.
Entre los aspectos preocupantes que revela el informe está, por ejemplo, que durante la última década el 50 por ciento de los ingresos de los campesinos no provienen de la agricultura sino de actividades distintas. Un de las razones es que la participación de los cultivos predominantemente campesinos, en el valor de la producción agrícola, se redujo del 69,5% en los años 30’ a 44,2% en los años 90’, según señala el informe.
Se identificó además que la superficie dedicada a actividades agrícolas en el país es de alrededor de 4,9 millones de hectáreas a pesar de que 21,5 millones son aptas para este fin. “Es decir, solo el 22,7% de la superficie con vocación agrícola es utilizada para el establecimiento de cultivos”.
“En tanto, lo contrario sucede con la actividad ganadera que dedica 39,2 millones de hectáreas para mantener el hato, mientras que solo el 53,8% del área utilizada tiene aptitud para desarrollar esta actividad”, añade el informe.
El panorama revelado en el documento apunta a que se necesita una intervención directa del Estado en la estructura de tenencia de la tierra y, como complemento, mecanismos de mercado, subsidios a la compra y provisión de créditos que promuevan la desconcentración de la misma.
Esto porque el país registra una de las más altas desigualdades de la propiedad rural en América Latina y el mundo: “En Colombia el 52,2 del área está en manos del 1,15% de los propietarios o poseedores, mientras que el 78% de ellos tiene apenas el 10,5% del área”.
Problema de modelo de desarrollo
De acuerdo con el Informe, el modelo económico que se ha desarrollado se ha limitado al crecimiento económico sin tener en cuenta otras variables. Esto, dice el documento, ha provocado la no utilización de todas las áreas hábiles para cultivar y pobreza en el 50 por ciento de la población rural.
De hecho, se afirma que el 40 por ciento de los productores agropecuarios del país no recibieron ninguna asistencia técnica durante por lo menos tres años y que la mayoría de los que accedieron a ella lo hicieron de manera individual.
“El modelo de desarrollo hasta ahora implementado: le ha negado al campesinado un papel en el sistema productivo, o le ha asignado papeles subordinados (como colono o como fuerza de trabajo); lo ha excluido de los escenarios de decisión política; y ha desvalorizado su contribución a la economía nacional”, asevera el reporte.
Según el estudio, la política rural que se ha implementado ha producido cambios en el mundo rural. Por ejemplo, que cada vez son más las hectáreas sembradas con productos que se ajustan a la nueva demanda mundial, como la palma de aceite para agrocombustibles.
Igualmente, hay aprobación de semillas genéticamente modificadas, la modificación en los usos de la tierra para cultivos extensos, de larga duración y materias primas, así como la existencia de monocultivos a gran escala manejados con criterio empresarial, lo que deja de lado a los pequeños productores.
Soluciones
Con este panorama, el PNUD plantea que una propuesta de reforma rural transformadora debe basarse en los pilares de la seguridad humana, el desarrollo rural, una política de tierras y el desarrollo institucional, dado el papel estratégico del campesinado en la seguridad alimentaria, la conservación de los recursos, el suministro de mano de obra y para el fortalecimiento del capital social rural.
“El campesinado no desaparecerá del sector rural, posiblemente adoptará formas y sistemas de producción diferentes en el futuro, así como mecanismos de organización y articulación con otros actores del sector y de la sociedad que le permitan realizar sus proyectos de vida. También continuará el proceso histórico de migración hacia las ciudades en búsqueda de otras oportunidades, como una alternativa en el proceso de desarrollo”, asegura el informe.
Así las cosas, entre las propuestas enunciadas está hacer una transición gradual y libre de las economías familiares rurales, a través de la estabilización de los ingresos y la generación de opciones productivas diversas y permitir el acceso a la tierra a los campesinos a través de la intervención directa del Estado. Esto podría incluir cosas como el alquiler de tierras, entregar créditos, asistencia técnica, suministro de bienes y el fomento de la asociatividad.
Balance del informe
De acuerdo con el informe, el balance de ochenta años de desarrollo y modernización económica arroja un saldo complejo para el mundo rural y resulta paradójico en términos de equidad, justicia y democracia para con el campesinado:
- Consolidación de la concentración de la propiedad de la tierra sobre patrones de uso irracional: ganadería extensiva que asume controles sociales y políticos, narcotráfico y violencia, y recientemente los nuevos cultivos promovidos por la política gubernamental.
- Degradación de los recursos naturales y la biodiversidad.
- Fuertes brechas entre lo urbano y lo rural, y un conflicto armado, reconocido como uno de los más degradados del mundo occidental.
- Modernización del campo a partir de una estructura de medianas y grandes propiedades, sin una institucionalidad lo suficientemente sólida que defina de manera precisa los derechos de propiedad tanto privados como públicos.
- Se dejó intacta la estructura terrateniente, que se consolidó a partir de la captación de rentas, el control político local y la cooptación de los espacios públicos de representación política.
- Tolerancia al desplazamiento forzado para la ampliación de cultivos agroindustriales lo que ha propiciado una tragedia humanitaria de enormes proporciones.
- Vulneración histórica de los derechos de las mujeres que se hace explícita en el no reconocimiento de derechos de propiedad, de ciudadanía e incluso en la información estadística del sector.
Datos
El campesinado estaría conformado por algo más de 7,1 millones de personas. Es decir el 64,6% de la población “resto” registrada por el censo de población de 2005 del Dane.
