El presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Néstor Correa, señaló se están perdiendo unos mil millones de pesos aproximadamente por cada día de paro de la rama judicial.
Publicado por: COLPRENSA
“Esto es un valor aproximado en relación a los sueldos de las personas que no están trabajando. Es básico, pero podría ser más si se tienen en cuenta otras sumatorias como los servicios públicos, etc”, señaló.
Correa dijo que en el país se están dejando de realizar 1.200 audiencias de todo tipo por día, a causa del cese de actividades.
Por su parte, el presidente de Asonal Judicial, Fernando Otálvaro, indicó que en relación a la declaratoria de ilegalidad del cese de actividades como lo planteó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, es un procedimiento que toma tiempo y no se puede hacer de manera unilateral.
“Eso lo tienen que solicitar a los Tribunales para que se decrete la ilegalidad. Es a través de un proceso. Nos deben dar un periodo para presentar pruebas, para escucharnos y después tomará una decisión que puede o no acoger la posición del Gobierno”, indicó el funcionario.
Otálvaro dijo que en una reunión realizada este fin de semana determinaron que será Asonal Judicial la única autorizada para atender el llamado a negociar del Gobierno.
“Si el Gobierno tiene a bien llamarnos sobre la base de un documento que se está elaborando, entonces nos sentamos nuevamente. Allí se incluyen los puntos mínimos para poder negociar. El primero de ellos es que nos dicen que la nivelación se hará plurianual, es decir, en barios años y no determina el número de años. Así como pueden ser dos, también podrían ser 15 ó 20. La propuesta nuestra es que sea en tres años”, indicó.
En segunda medida el dirigente manifestó que otro de los puntos que permitiría llegar a un acuerdo está el tiempo para analizar la manera como cumpliría con los incrementos el cual -dijo- debe ser máximo de un mes.
“El Gobierno solicita 60 días para hacer un estudio técnico de las escalas salariales, etc. 60 días para nosotros es supremamente largo. Le estamos solicitando que si necesitan hacer el estudio sea dentro 30 días máximo, estaríamos en condiciones de suspenden hasta por esos 30 días el movimiento”, manifestó.
Como tercera petición Asonal señala que las partidas presupuestales para el próximo año sean significativas.
“La partida que se está otorgando para la Fiscalía es muy baja para empezar el año entrante, apenas se está hablando de 30 mil millones de pesos y son 25 mil funcionarios y empleados. Eso no representaría siquiera mil pesos en la nivelación salarial. Estamos solicitando que se establezca una partida superior para la entidad. Es que la rama empieza con 100 mil millones y la Fiscalía 30 mil, entonces hay una gran diferencia”, indicó.
Para finalizar Otálvaro dijo que lo que le piden al Gobierno es que se entregue una suma de dinero igual a las necesidades que tiene la rama judicial.
“La rama judicial había acordado que en la vigencia del próximo año se le dieran 3.6 billones para poder atender la descongestión, la modernización de la justicia y la nivelación salarial. De ese billón que nos quitaron eran 280 mil millones para la nivelación salarial, 300 mil millones para modernización y el resto para descongestión, que serían unos 400 mil millones de pesos, pero el Gobierno y el Congreso solamente le otorgan a la rama judicial 2.6 billones”, aseveró el funcionario.
