Miércoles 16 de Abril de 2014
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Colombia
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Viernes 28 de Diciembre de 2012 - 07:07 AM

El fallo que nos dejó sin derechos sobre una porción de mar

Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
El fallo que nos dejó sin derechos sobre una porción de mar
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)
El 19 de noviembre de 2012 los colombianos conocieron la decisión final sobre litigio que el país enfrentaba con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Pese al optimismo que se había expresado, el fallo proferido dejó sorprendido y decepcionado al Ejecutivo, quien pocas horas después lo calificó como “inconsistente”.

Y es que después de once años de espera, el alto tribunal decidió que Colombia tiene soberanía sobre los cayos Sudeste, Roncador, Albuquerque, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, pero le otorgó derechos económicos a Nicaragua sobre una importante área marítima en el Caribe (75 mil kilómetros cuadrados) y dejó con enclaves a dos de esos cayos.

Sin duda este episodio será recordado porque fue un duro golpe para la diplomacia colombiana, impactó en la imagen del presidente Juan Manuel Santos, pero tal vez una de las consecuencias más disientes se relaciona con los pescadores del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Hasta el momento, el Gobierno colombiano ha indicado que rechaza la decisión de la CIJ e incluso Santos afirmó que el fallo no se aplicará hasta tanto no estén garantizados los derechos de los colombianos. El próximo año podría ser clave, pues ya se anunció una estrategia más agresiva y en enero se tendrá una idea más clara de los recursos jurídicos que Colombia interpondrá.

ASÍ CONTINÚA LA HISTORIA

Horas después de conocerse el fallo, la mayoría de los colombianos estaban a la expectativa por la respuesta del Gobierno. En una alocución presidencial, Santos expresó su descontento e inconformidad, pues según dijo “todo esto realmente son omisiones, errores, excesos, inconsistencias, que no podemos aceptar”.

Pero seguramente la pregunta que muchos se hicieron es ¿qué significa no aceptar esos errores? Pues bien, el Mandatario colombiano explicó, en un primer momento, que la nueva línea de delimitación marítima hacia el oriente, hasta llegar a 200 millas de la costa nicaragüense, significaba una reducción de los derechos de jurisdicción de Colombia sobre áreas marítimas.

Santos dejó claro también que lideraría la defensa de los intereses y derechos de los colombianos, en especial de los habitantes del Archipiélago. “Para lograrlo necesitamos la concurrencia de todos los poderes públicos como lo prevé la Constitución (...) Como colombiano, estas repercusiones me duelen profundamente", manifestó.

Días después, Santos y su gabinete ministerial viajaron a San Andrés para determinar las acciones que desde el Gobierno se iban a adoptar para enfrentar el fallo. Luego de esa primera visita se habló, por ejemplo, de decretar la emergencia social y económica en el Archipiélago para ejecutar con más eficacia lo que se denominó el 'Plan San Andrés'.

El Congreso de la República también reaccionó ante la decisión. Citó a un debate de control político a la canciller María Ángela Holguín y sus antecesores que también estuvieron al frente de la demanda interpuesta por Nicagua (Guillermo Fernández de Soto, Carolina Barco, María Consuelo Araújo, Fernando Araújo y Jaime Bermúdez).

En el debate, Holguín advirtió que era muy importante tener en cuenta que Nicaragua podría ir por más e interponer nuevas demandas ante la CIJ. Pero lo que se desconocía en ese momento es que el Gobierno estaba pensando en tomar cartas en el asunto para evitar más pérdidas.

Efectivamente, nueve días después de conocido el fallo (28 de noviembre), el Jefe de Estado informó que Colombia había denunciado el Pacto de Bogotá, el cual daba reconocimiento y jurisdicción a la Corte Internacional de Justicia. Con esta decisión, el país ya no tendrá que enfrentar nuevos litigios ante ese tribunal, exceptuando una demanda que cursa en este momento y que fue interpuesta por Ecuador, por el uso de glifosato en la frontera.

“He decidido que los más altos intereses nacionales exigen que las delimitaciones territoriales y marítimas sean fijadas por medio de tratados, como ha sido la tradición jurídica de Colombia y no en sentencias proferidas por la Corte Internacional de Justicia”, explicó Santos.

Por su parte, Holguín dijo en entrevista con Colprensa, que “el retiro del Pacto no tiene que ver con el fallo que pasó. Con el fallo que pasó ya no hay nada que hacer, estamos retirándonos del Pacto porque no creemos en una corte que fije los límites de un país; una corte que no falla en derecho”.

La Cámara de Representantes, de hecho, llamó a un control político a los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, pues según argumentaron fue en esas administraciones que se estableció la estrategia de defensa. Con Pastrana, en el 2001, fue interpuesta la demanda de Nicaragua y durante el gobierno de Uribe se dio a conocer las primeras consideraciones. Los debates no se realizaron.

MOMENTO DE DIÁLOGO

El primero de diciembre Santos se reunió con homólogo nicaragüense, Daniel Ortega, en Ciudad de México. El encuentro resultó sorpresivo, pero terminó con una conclusión contundente, no habrá un enfrentamiento bélico entre los dos países. Además, se acordó respetar los derechos históricos y ancestrales de los pescadores colombianos que han derivado su sustento de las aguas concedidas al país centroamericano.

A pesar de este nuevo giro, Colombia seguía expresando su preocupación, por ejemplo, por la posibilidad de que Nicaragua llevara a cabo exploración y explotación de petróleo y gas, en la reserva marítima Sea Flower, considerada patrimonio ecológico del mundo. Esa posibilidad, por ahora, ha sido descartada por ese país.

Lo que sigue generando gran preocupación es la afectación y vulneración de los derechos de los los pescadores, quienes incluso han denunciado que “indios o atracadores nicaragüenses”, como ellos los llaman, han llegado a quitarles sus pertenencias y a amenazarlos cuando están pescando.

Ese tipo de preocupaciones llegaron directamente a la Organización de Naciones Unidas (ONU). La canciller Holguín; la gobernadora de San Andrés, Aury Guerrero; y el alcalde de Providencia, Arturo Robinson, se reunieron con el secretario General de esa organización, Ban Ki-Moon, para explicarle la situación.

Lo que no está muy claro aún es que pasará con los tratados limítrofes que Colombia tiene con otros países como Panamá y Costa Rica.

Al respecto, la Canciller colombiana sostuvo que “el problema fue que rediseñó la geografía del Caribe y aquí vamos a tener uno que otro inconveniente en el Caribe, porque todos los tratados que habían se cayeron, se cayó Honduras-Nicaragua, Costa Rica- Colombia, Panamá- Colombia, y hay que ver qué más (…) Después de que se aclare un poco más el panorama, se necesitará un nuevo tratado con Panamá y seguramente se verá que pasó con Costa Rica, necesitaremos un tratado con Nicaragua y no es una cosa que haga de la noche a la mañana”.

LO QUE VIENE

La firma inglesa Volterra Fietta será la encargada de establecer los recursos jurídicos a interponer ante esa Corte. Es reconocida a nivel mundial por su experiencia en diferendos limítrofes ante tribunales internacionales.

Según Holguín, el próximo 7 de enero se reunirá con los abogados de esa firma para analizar un primer informe y a partir de esa fecha se espera que en un término de cuatro meses ya se tengan claros los mecanismos que usará Colombia.

Esta contratación se suma a la que ya había hecho el Gobierno colombiano con un grupo de seis abogados internacionalistas que acompañarán el proceso liderado por Volterra Fietta. Y es que por su reputación y experiencia, el Ejecutivo espera que tras las decisiones que se adopten se puedan obtener buenos resultados, a pesar de que el fallo proferido el pasado 19 de noviembre, es inapelable.

La Ministra de Relaciones Exteriores agregó que la firma de abogados que se contrata “ya ha dicho que tenemos muchas posibilidades con algunos recursos. Esto creo que es importante. Es una firma de abogados que está mucho más en los temas de interponer recursos (…) que podemos avanzar en este tema de la Corte”.

La firma, por ejemplo, defendió a Catar en una disputa contra Bahrein y a Chile en una disputa territorial con Argentina. Además, asesoró a los gobiernos de Malasia y Granada, en las negociaciones de sus límites con los países fronterizos.

Por otro lado, el Gobierno tendrá que hacer efectivo la inversión que anuncio de más de 300 mil millones de pesos para San Andrés. Los recibirán subsidios por un monto total de 30 mil millones de pesos, cada uno recibirá un millón 800 mil pesos mensuales durante los próximos seis meses.

Publicada por
COLPRENSA, BOGOTÁ
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