Muchos fueron los argumentos para que en agosto de 2011 el Gobierno tomara la decisión de radicar una reforma constitucional para reformar el sistema de justicia en Colombia.
Publicado por: COLPRENSA
Durante la radicación del proyecto, que estuvo a cargo del entonces ministro del Interior Germán Vargas, hoy ministro de Vivienda, y de Juan Carlos Esguerra, entonces ministro de Justicia, se dijo que se reformaría la Comisión de Acusación y que se crearía una doble instancia para el juzgamiento de los congresistas.
Al final de ese periodo de sesiones extraordinarias la Cámara terminó de discutir en cuarto debate el proyecto que se disponía a recibir otros cuatro, cuando se reanudaran sesiones en marzo de 2012. Luego de esa primera vuelta, el proyecto no contaba con el respaldo de las altas cortes e incluía una propuesta para descongestionar los juzgados dando facultades en “causas menores” a los notarios del país.
En el año siguiente el Congreso incluyó muchas más cosas en el articulado, sin embargo las Cortes no estaban muy convencidas del proyecto ya que desde la fecha de radicación y luego de amplias discusiones los magistrados no se ponían de acuerdo en si la reforma le convenía o no a la justicia.
Durante la discusión, el Congreso incluyó varias modificaciones como la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura y la ampliación del periodo de los magistrados de 8 a 12 años.
Así llegó el proyecto a su etapa final, el séptimo y el octavo debate tuvieron lugar en las respectivas plenarias con amplias discusiones de los parlamentarios, pero como los textos que aprobaron las corporaciones difería, los parlamentarios tenían que ir a conciliar: los resultados para el proyecto fueron nefastos.
Los encargados de unificar el proyecto fueron los representantes: Germán Varón (Cambio Radical); Alejandro Carlos Chacón (Partido Liberal); Gustavo Puentes (Partido Conservador), Carlos Edward Osorio (Partido de la U), Orlando Velandia (Partido Liberal) y Roosvelt Rodríguez (Partido de La U).
Por el Senado los encargados fueron: Martín Emilio Morales (Partido de la U), Luis Fernando Duque (Partido Liberal), Juan Manuel Corzo (Partido de la U), Juan Carlos Restrepo (Partido de La U), Eduardo Enriques Maya (Partido Conservador) y Jesús Ignacio García (Partido Liberal).
LA NEFASTA CONCILIACIÓN
El 19 de junio y luego de todo un día de deliberación que se adelantó a puerta cerrada en un lujoso hotel de la ciudad de Bogotá, el texto conciliado llegó a las corporaciones a las 11:30 de la noche por lo que se anunció para votarse el otro día.
En la mañana siguiente y antes de ingresar a sus recintos, algunos parlamentarios expresaron que había asuntos que les gustaban. Advirtieron, eso sí, que algunas cosas no se discutieron en ninguno de los debates, como por ejemplo aforar a los secretarios de ambas corporaciones para que fueran juzgados con un sistema especial, sin ser ellos elegidos por el pueblo. Esto comenzó a ensombrecer el proyecto.
El último día de sesiones ordinarias, 20 de junio del 2012, las corporaciones aprobaron el texto con lo que la opinión pública comenzó a llamar ‘orangutanes’. El entonces ministro de Justicia hinchó el pecho en el atril durante su discurso de cierre diciendo que “esta es la mejor reforma a la justicia que se ha aprobado en mucho tiempo, los colombianos van a ver sus frutos en 5 ó 6 años”.
Las reacciones de diversos sectores no se hicieron esperar, la prensa comenzó a señalar culpables y a levantar ciertas piedras que permitían desentramar relaciones ocultas que habían pasado desapercibidas, muchos incluso se atrevían a decir que “las altas Cortes aquí estuvieron implicadas pues con que les hayan aumentado el periodo de 8 a 12 años ellos dieron su visto bueno a la reforma” criticaba tajante el Polo Democrático.
Fue tal el furor que despertó la aprobación de la reforma que un grupo significativo de ciudadanos conformó un Comité Revocatorio para recoger firmas y mediante un referendo preguntarle al pueblo si estaba o no de acuerdo con la aprobación de la controvertida reforma constitucional.
UNA DECISIÓN SIN ANTECEDENTES
Dos días después, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, tomó determinaciones insólitas: primero devolvió un acto constitucional al Congreso y además se negó a darle su visto bueno; como si fuera poco, convocó a sesiones extras al Legislativo para discutir las objeciones que propuso frente a la reforma constitucional. Estas decisiones, que no tenían precedente alguno en el país, abrieron el debate sobre la legalidad o ilegalidad de tal decisión.
Santos aseguró que la reforma que salió del Congreso tenía “verdaderos micos” que en nada favorecían a la Justicia y a la transparencia, objetivos del primer proyecto.
En esa ocasión reiteró: “Devolveré al Congreso de la República, con objeciones por razones de constitucionalidad y también de inconveniencia, el proyecto de acto legislativo de reforma a la Justicia que he recibido para su promulgación. El Presidente no puede abstenerse de actuar con contundencia frente a una situación tan crítica como esta”.
Y agregó: “Asumo las consecuencias de mi decisión, porque no permitiré que haya gabelas y beneficios a quienes hoy están investigados, o para que se genere un caos en la Justicia. Tengo el deber de impedir que esto prospere”, advirtió en esa ocasión.
Luego de la solicitud presidencial fueron nombradas dos comisiones de Senado y Cámara para analizar las objeciones hechas por el Jefe de Estado, lo que llevó al Congreso a tomar la unánime decisión de hundir la reforma a la Justicia tan aplaudida hacía no pocos días por el Gobierno.
EL HUNDIMIENTO DEFINITIVO
El 28 de junio y luego de que el Congreso le echara la culpa al Ejecutivo, porque era un proyecto de autoría del mismo y que el Gobierno se defendiera diciendo que fueron los parlamentarios los que incluyeron los ‘micos’, la unanimidad de las Cámaras tomó la decisión de hundir la iniciativa.
El presidente de la Cámara para entonces, Simón Gaviria, del Partido Liberal, quién aceptó ante varios medios de comunicación no haber leído la conciliación de la reforma a la Justicia, dijo ese día: “Este momento es histórico, el Congreso va a hacer parte de la solución, no hay otra salida frente al peso y la importancia de esta decisión, y por eso como presidente de la Cámara les pido hundir la Reforma a la Justicia”.
Por su parte, el entonces presidente del Senado, Juan Manuel Corzo, aseguró que luego de este polémico hecho el Gobierno “se lavó las manos con el Congreso” y que se perdió la confianza entre los dos poderes.
“Se perdió la confianza con el primer mandatario de los colombianos, porque le ha dado toda la responsabilidad al Congreso de la República cuando él mando a sus ministros y ellos obran a su nombre. De tal manera que él no puede salir a decir que desconoció y que el culpable fue el poder legislativo cuando ellos participaron”, aseveró.
Después de ello, los 12 conciliadores tienen ahora dos investigaciones, la primera por pérdida de investidura ante el Consejo de Estado y una disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación.
Cabe recordar que ante la Corte Suprema de Justicia 172 congresistas tienen una investigación por legislar en causa propia y el Congreso quedó con la legitimidad de sus decisiones por el piso ante la opinión pública del país.
LAS CONSECUENCIAS
Tras superarse el escándalo, el Gobierno renovó el gabinete. El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, entregó su renuncia irrevocable; el ministro Vargas Lleras había dejado su cartera para asumir la de Vivienda y el ministro del Interior, Federico Rengifo, fue trasladado a la cartera de Minas y Energía tras un cambio de varios ministros en la administración Santos.
El nuevo jefe de la cartera del Interior, Fernando Carrillo, tuvo como meta cuando fue nombrado restablecer las relaciones entre el Legislativo y el Ejecutivo, según él la herida de la reforma a la justicia está cicatrizando, y rápido.
“Creo que esto cicatrizará en la medida en que podamos modernizar el Congreso, eso es un compromiso, lo han hecho los presidentes del Senado y la Cámara y en mi caso tengo un compromiso muy particular porque cuando trabajé en Cooperación Internacional coordiné tres reformas de modernización de Congresos financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. Tal herramienta supone incorporar un instituto de análisis legislativo, la creación de unas oficinas de análisis económico, una biblioteca, un conjunto de elementos que hacen parte de un parlamento moderno”, reiteró el ministro.
Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes Augusto Posada dijo que las relaciones entre los dos poderes se recuperaron ostensiblemente y que esto se demuestra luego de la discusión de la reforma tributaria.
“En esa época el Congreso quedó muy mal parado después de aprobar esa reforma, pero ahora después de la discusión que dio de la reforma tributaria de manera cuidadosa y detallada, yo siento que el Congreso termina en saldo positivo porque se ha venido recuperando y eso lo muestran las encuestas”, dijo Posada.
Para el copresidente del Partido Verde, Alfonso Prada, la imagen del Congreso quedó muy afectada, y recuperarla es muy difícil por lo que asegura que “la recuperación total de la misma sólo se dará completamente cuando se elija un nuevo Congreso dentro de un año y tres meses que hay de nuevo elecciones”.
Así mismo, sostiene que la confianza con la opinión pública se ha ido recuperando lentamente pues “el Congreso ha producido nuevas normas interesantes además fue tan evidente el fracaso de la reforma y el abuso de algunos congresistas que finalmente quedaron muy arrinconados en el Congreso. Hoy la institución ha optado por hacer las cosas bien hechas, lo que vi en la reforma tributaria fueron temas como un diálogo a profundidad con el Gobierno, diálogo al interior de las bancadas, cuestionar los aspectos más delicados del proyecto esa es la manera de hacer bien la tarea”.
Roosvelt Rodríguez representante del Partido de La U y, quien también participó en la conciliación de la reforma, dijo que después de estos seis meses que han pasado el Congreso no ha logrado restablecerse de lo que significó el trámite, en su etapa final, de la reforma a la justicia.
“Quedaron algunas heridas que en algunos sectores del Congreso no logran sanarse plenamente, después de ese hundimiento de la reforma vino este periodo de sesiones y lo que observó la opinión pública fue un Congreso desmotivado en el estudio de proyectos y en esta etapa final a la actividad del Congreso ha recuperado, en buena parte, la dinámica que traía hace dos años, esto queda demostrado con la aprobación de la reforma tributaria”, destaca el parlamentario.
De la misma manera asegura que es imposible deslegitimar un Congreso que tiene pleno reconocimiento institucional, sin embargo señala que la imagen del Congreso ante la opinión pública quedó completamente resquebrajada.
“La última palabra sobre la reforma no está dicha. Quienes fuimos conciliadores empezamos a enfrentar los procesos que nos abrieron en la Corte Suprema de Justicia por pérdida de investidura, en el Consejo de Estado y uno disciplinario ante la Procuraduría. Solo cuando esos procesos se fallen podrá determinarse que alcance tuvo nuestra actuación en esa conciliación”, concluyó Rodríguez.
El representante del Polo Germán Navas señala que en el fallido escándalo no se puede generalizar, el Congreso como “un todo” pues “mi bancada y yo, desde el primer día, en la primera sesión, votamos negativa esa reforma. Vine insistiendo desde que Vargas Lleras la insinuó y la presentó que eso no le servía al país. Decía en esa época que eso era una revancha para castigar a aquellos que se atrevieron a meter a la cárcel a los implicados en la parapolítica”.
Y denuncia que los congresistas han terminado dependiendo del Ejecutivo, “porque si ellos apoyan las iniciativas del Gobierno este les da el visto bueno para una carreterita, lo que implica más votos. Eso no debe ser así”.
La reforma parece no ha muerto del todo pues, Armando Novoa, miembro del Centro de Estudios Plural ha advertido, en diferentes ocasiones, que la reforma a la justicia podría “revivir”. Pues en dos altas Cortes, Constitucional y Consejo de Estado, cursan demandas para que se aplique la iniciativa debido al “frágil” procedimiento que utilizó el Presidente de la República para derogarla.
LA ALTERNATIVA
Luego de hundida la reforma, la justicia sigue sin ser modificada y el país avanza, pese a los esfuerzos del Gobierno por mejorar la administración de justicia de manera paquidérmica, lo que indica que se necesita de manera urgente transformar la manera de administrar justicia en el país.
Varias han sido las alternativas, la primera es presentar de nuevo un acto legislativo, poco probable en su aprobación pues los parlamentarios no se arriesgarían de nuevo; la segunda es a través de pequeñas leyes de amplia discusión, lo que se puede hacer pero falta ver la voluntad política de los diversos sectores que conforman el Congreso; y algunos, los más osados, han presentado iniciativas de Asamblea Nacional Constituyente que tengan el único propósito de reformar la justicia a través de la carta política Colombiana.
El representante Germán Navas asegura que la justicia se debe reformar sólo con el objetivo de mejorarla “no para beneficiar a los parlamentarios que están en la parapolítica, ni tampoco a quienes tienen procesos por pérdida de investidura esta reforma desde el principio apuntaba a dar beneficios a los congresistas investigados, como una colombina del Gobierno”.
A su turno Alfonso Prada dice que no se debe renunciar a la idea de reformar la justicia, “hay temas que hay que mejorar, porque hay distintas alertas que nos muestran que la justicia no está funcionando bien en Colombia, por ejemplo un prolongadísimo paro judicial. A esa crisis tenemos que responder todos los organismos del Estado con acciones”.
Por otra parte Roosvelt Rodríguez sostiene que no sabe cuál es la alternativa para reformar la justicia, pues los diversos intentos con este fin “han sido abortados en sus etapas finales. Indudablemente más adelante se tendrá que hacer para que se permita, sobre todo el fácil acceso del ciudadano a la misma”.
El presidente de la Cámara, Augusto Posada concluyó que la solución la tiene el Gobierno en las manos, “cuando los diferentes poderes del Estado decidan reunirse y consensuar una reforma, el Congreso estará atento y listo porque es la justicia la frontera moral de cualquier nación y cuando esa frontera se rompe no hay nada que hacer”.
Por ahora Congreso y Gobierno, parecen haber recobrado sus relaciones pues se aprobó en el Congreso la complicada Reforma Tributaria y la reforma al sistema general de regalías de los municipios, sin embargo, habrá que ver que otras consecuencias trae un trámite, que proyectó desde el Congreso, la sombra de un gigante orangután.
