Sábado 23 de Agosto de 2014
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Viernes 25 de Enero de 2013 - 03:55 PM

Qué quiere el gobierno cazando 'leyes inútiles'

COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL
Qué quiere el gobierno cazando 'leyes inútiles'
(Foto: COLPRENSA/VANGUARDIA LIBERAL)
El gobierno creó un comité para estudiar cuáles leyes son inútiles o están obsoletas, y proponerle al Congreso que sean derogadas a final de año. Además, el Ministerio de Justicia alistará un documento Conpes para delinear pautas a seguir al momento de la producción de proyectos de ley y de decretos.

Aunque pueda parecer un chiste, en Colombia todavía hay normas que castigan a los vagos, exigen la enseñanza antialcohólica en los establecimientos de educación y regulan la movilización de presos por los ferrocarriles del país. Más allá de lo anecdótico, analistas consultados coinciden en que el problema no son las leyes, sino la creencia de que con ellas solas se solucionan los problemas.

El gobierno nacional, en cabeza de la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció esta semana la creación del Comité para la Depuración y Racionalización del Ordenamiento Jurídico Colombiano, que se encargará de escoger y analizar todas las normas expedidas desde 1886 para, al final, derogar aquellas que perdieron su practicidad. Las cuentas que maneja el gobierno es que desde ese año se han expedido más de 20 mil leyes y decretos.

Entre algunas de las normas inútiles que ha identificado el Ministerio de Justicia está el decreto 409 de 1932 que se encarga de reglamentar la circulación de presos por los ferrocarriles nacionales, cuando en la actualidad estos poco se usan en el país. Entre las disposiciones que tiene el decreto, hay una que aclara que aquellos presos pobres que hayan recuperado su libertad podrán usar este medio de transporte si tienen que trasladarse de su lugar de reclusión hasta su domicilio.

Además, hay otro de 1907 que se encarga de castigar a los vagos, ya que si vuelven a incurrir en este “delito” podrán ser sancionados con una pena entre un mes y un año de reclusión. Por si no fuera poco, el artículo 2 del decreto 928 de 1907 obliga al personero municipal o a cualquier vecino a presentar ante el Alcalde una denuncia de las “personas vagas o perniciosas” que habiten en el lugar.

La Ley 35 de 1905, cuya vigencia no ha podido confirmar el Ministerio, exime a todos los funcionarios públicos de cualquier penalidad por los crímenes cometidos “en la última guerra”.

así será el proceso

El viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper, explicó que este trabajo se realizará tomando periodos de cinco años, contando desde 1886, para analizar cuáles leyes pueden ser suprimidas. En esta labor, el gobierno contará con la colaboración de organizaciones como el Instituto de Derecho Procesal o la Comisión Colombiana de Jurisprudencia.

La tarea no será sólo de contabilizar las leyes que sobran y derogarlas. El viceministro Samper le dijo a Colprensa que también se pretende sacar un documento Conpes de coherencia normativa, es decir, que delinee pautas a tener en cuenta al momento de la presentación de proyectos de ley y de la producción de decretos. El objetivo es empezar a trabajar en estos dos planes desde este mes, para que estén listos a finales de año. “Vamos a tener un ordenamiento jurídico más coherente y una producción normativa que responda a una estrategia integral”, explicó el viceministro.

un tema cultural

Entre otras de las normas que se podrían considerar obsoletas está la ley 88 de 1923 que, prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a los menores de edad, medida que claramente aún es necesaria, pero la extiende “a los ebrios y a las personas que notoriamente se afecten del cerebro con su uso”, lo que no parece haberes aplicado nunca en el país.

El Artículo 3 de la Ley 10 de 1886 exime a la Nación por los daños causados a ciudadanos extranjeros por “los rebeldes”, mientras que el Decreto 635 de 1886 obliga a que todo libro, folleto, periódico y hoja que sean impresos deben tener una copia para que sea remitida al gobernador del departamento, al jefe de la Policía y a la Biblioteca Nacional. Si no se hace, el Gobernador tiene la potestad de imponer un castigo de veinticinco a cincuenta pesos.

María Borrero, directora de la Corporación Excelencia en la Justicia, recordó que, por ejemplo, desde hace mucho tiempo no se ha modificado el Código Civil, por lo que hay normas en desuso. Además, advirtió que a este punto se llega, especialmente, por la carencia de una técnica legislativa que acompañe el trabajo del legislador al momento de elaborar normas jurídicas.

No obstante, dijo que esta situación “pasa en casi todos los países del mundo”, debido a que antes no existían los sistemas de información, ni el conocimiento académico que facilitaran la producción normativa.

También existe un asunto cultural: “Aquí creemos que solucionamos los problemas a punta de normas”, apuntó Borrero. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry concuerda con esto y dice que el problema no es que las leyes sean muy viejas, sino que existe una “creencia equivocada de que las normas pueden explicar la realidad”.

Para Charry, la problemática radica en que la sociedad está basada en la ley, por lo que confía demasiado en el orden jurídico y considera que expidiendo normas las cosas van a mejorar. “Creemos que creando delitos, evitaremos que la gente cometa esas conductas, lo cual no es cierto”, dijo el analista.

El viceministro Samper también concordó en este punto y advirtió que muchas veces se ha visto que una norma queda en el papel y no responde a la coyuntura que está viviendo el país.

En el congreso avanza otra ley

En el Congreso avanza el proyecto de ley 24 de 2011, del senador Carlos Ferro, que apunta en el mismo sentido del anuncio que realizó el gobierno. Si es aprobado, quienes presenten proyectos de ley deberán incluir los textos de las normas a las cuales reemplazan o modifican.

Según el senador Ferro, esta iniciativa surge por “la ‘inflación normativa’ que afecta al Estado de derecho, es decir, la proliferación de leyes, decretos-leyes y acuerdos que nadie conoce y mucho menos entiende”. El viceministro Samper dijo que él no hablaría de una inflación, sino de una hiperinflación, es decir, “una superproducción de normas que en realidad lo que muchas veces hacen es confundir”.

El proyecto en el Congreso, al igual que lo hará el Gobierno, obligará a identificar las leyes y los decretos que sean considerados anacrónicos, para que sean sometidos a las precisiones necesarias o a su derogatoria. También se deberán identificar aquellas normas que vayan en contra de la Constitución.

Ferró admitió que es necesario cambiar la mentalidad de las personas encargadas de legislar, pues la cantidad de proyectos de ley que tramitan los congresistas se ha vuelto “una forma equivocada de evaluar” al Congreso.

Según la Misión de Observación Electoral, el proyecto ya está en la Cámara de Representantes y está pendiente su tercer debate en la Comisión Primera.

incertidumbre jurídica

“No conocemos cuál es la ley vigente, entonces ¿qué cumplimos?”, se preguntó la directora Borrero. Precisamente, la principal consecuencia que trae este problema es que confunde a las personas, ya que no conocen cuáles son las normas que deben cumplir. “El ciudadano de a pie ve el mundo jurídico como un mundo complejo, que es ininteligible”, advirtió Charry.

El constitucionalista añadió que con este panorama el ordenamiento normativo no está cumpliendo con la función que debe, lo que crea incertidumbre jurídica y vuelve a gremios como el de los abogados, unos intermediarios entre la norma y los miembros de la sociedad.

“Por eso es que nosotros estamos muy comprometidos con este tema, que va a redundar en la productividad del país, porque para los inversionistas y para las personas de comercio la claridad genera más certidumbre a la hora de hacer negocios”, dijo el viceministro Samper.

El objetivo del Gobierno es establecer unos fines estratégicos que redunden en la producción normativa y que permita ver un cambio paulatino de la cultura de los funcionarios públicos que ocupan cargos con estas funciones.

otras normas obsoletas

El Artículo 11 de la Ley 88 de 1923 se encarga de volver obligatoria en todos los establecimientos de educación la enseñanza antialcohólica. Además, reglamenta que la Dirección Nacional de Higiene debe redactar una cartilla para este fin que resalte “los funestos efectos” del consumo de bebidas alcohólicas.

Esta misma ley ‘premia’ a los departamentos que impidan la producción y el consumo de licores por “establecer tan saludable reforma” dándoles la autonomía de prohibir la introducción de este tipo de bebidas a su territorio.

Y, siguiendo con la tradición de controlar las ‘malas costumbres’, está el Artículo 7 de la Ley 116 de 1937, que obliga a los toxicómanos a ser recluidos por la autoridad pública en un sanatorio, que debe estar ubicado lejos de cualquier ciudad o población.

La Ley 0036 de 1939 establece que solo el Gobierno podrá importar “drogas que formen hábito pernicioso” y para ello se deben destinar 50 mil pesos, que deben ser incluidos en el presupuesto. El Decreto 474 de 1897 reglamenta los cigarrillos que se encuentren en Panamá, territorio que ya no pertenece a Colombia, y el Decreto 902 de 1905 dicta de qué manera deben tocar las bandas en el Distrito Capital.

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COLPRENSA,BOGOTÁ
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