La cuarta etapa de diálogo entre el Gobierno y las Farc en La Habana empezó esta semana en medio de las crisis más profunda que ha vivido el proceso, desde cuando se hizo pública la firma de un acuerdo general “para la terminación del conflicto y la construcción de una paz verdadera”, el 26 de agosto del año pasado.
Publicado por: COLPRENSA
El final de la tregua unilateral de las Farc fue seguido, desde el mismo 21 de enero, por una escalada terrorista que ha incluido hostigamientos a la Fuerza Pública, ataques a la infraestructura, extorsión a empresas, llamados a paros armados y secuestros indiscriminados. Por supuesto, la reacción de la opinión pública ha sido para censurar esos actos violentos y cuestionar el avance de unos diálogos que por ahora no dan frutos.
Pese a ese cuadro, y a las fuertes declaraciones contra las Farc dadas por el presidente Juan Manuel Santos y el propio jefe negociador, Humberto de la Calle, dentro del equipo de delegados plenipotenciarios del Gobierno existe lo que han llamado “razones objetivas para tener un moderado optimismo” sobre el futuro de los diálogos.
Fuentes cercanas a la mesa en La Habana consultadas por Colprensa indican que esa oportunidad, sobre la que insisten no se concretará “a cualquier costo”, se debe a los cambios que han notado en el lenguaje, en los temas de interés y en las actitudes de los delegados de las Farc en Cuba.
Por ejemplo, se sabe que los diálogos han empezado a tener más fluidez porque ya casi no ocurren intervenciones retóricas de los guerrilleros, que en las primeras dos fases eran de 40 o 50 minutos por cada persona, lo que hacía muy difícil avanzar hacia asuntos concretos. Quizá ese nuevo lenguaje es el que permitió lograr un ritmo de mambo, según las declaraciones de ‘Jesús Santrich’ al final de la tercera ronda de negociación.
Tal ha sido el cambio, que negociadores del Gobierno están convencidos de que las Farc han afinado sus formas de comunicación con asesores externos, cuya procedencia no aciertan a determinar.
También ha generado confianza el hecho de que en el trabajo en la mesa, cuyos temas casi siempre están muy lejos de las declaraciones dadas a los medios, algunos de los delegados de las Farc ya analizan asuntos tan concretos como el funcionamiento y posibles ajustes al sistema de catastro en Colombia, indispensable en la eventualidad de adelantar una reforma agraria.
Otro aspecto en el que han ganado confianza los negociadores del Gobierno es el referente a la representatividad de las Farc en la mesa, es decir la legitimidad de los negociadores en el seno del grupo insurgente. Lejos de voces, como la del dirigente liberal Sigifredo López, según las cuales en La Habana apenas estaría representado el 30 % de la guerrilla, creen que la mayoría de alzados en armas sí respetan y obedecen a quienes están en Cuba.
Para respaldar ese punto, aseguran que la tregua unilateral de dos meses sí fue cumplida en buena parte del país y aunque reconocen que los frentes de las Farc en el sur están callados, particularmente los que responden al mando de Fabián Ramírez, insisten en que estos también bajaron su accionar violento entre noviembre y enero pasados.
El equipo negociador, de otro lado, confía en que las condiciones políticas internacionales se conviertan en un detonante positivo para el futuro de los diálogos, sensación que reafirmaron al ver el desarrollo de la cumbre de la Celac, en Chile, donde incluso hubo pedidos expresos para la dejación de las armas, por parte de líderes a los que la guerrilla les tiene aprecio, como el presidente boliviano, Evo Morales.
De ese contexto internacional también hacen parte Venezuela, en donde han sentido plenamente comprometidos con el proceso tanto al presidente Chávez (hasta cuando fue público su trabajo) como al vicepresidente Nicolás Maduro, y Cuba, el país que acoge la mesa de diálogo y al que en teoría le conviene que haya éxito en ella, ahora que sus líderes públicamente han manifestado interés por mejorar su relación con EE.UU.
El clima en Colombia
Esas sensaciones positivas, sin embargo, no alcanzan a mejorar el clima de molestia que creció en Colombia tras la reciente escalada violenta de la guerrilla.
Tal ha sido la inquietud que el Gobierno, aunque insiste en no repetir errores del pasado, cada vez menos puede cumplir su promesa de no dialogar a través de los micrófonos.
El ambiente enrarecido ha obligado a que el presidente, Juan Manuel Santos, se tome su tiempo ante cada nuevo hecho, para decidir si habla o no. Ese fue el caso de una de sus intervenciones en la Cumbre de la Celac, cuando hizo referencia de forma diplomática al secuestro de dos policías en el Valle del Cauca. No se tenía claro, en un principio, si lo haría o no, y aunque al final prefirió pronunciarse, no lo hizo de forma concreta.
Al volver a Colombia sus pronunciamientos, así como los de Humberto De la Calle, han sido más contundentes. Han dejado claro que con violencia el Ejecutivo no se dejará presionar para establecer un cese bilateral y que si el conflicto no termina por las buenas, seguirá por las malas.
Si hay un descontento en el Gobierno, del lado de las Farc también es evidente. El jefe de la delegación del grupo guerrillero, alias ‘Iván Márquez’, ha dicho que en la mesa no se va a hablar sobre las implicaciones de dialogar en medio del conflicto, razón que esgrime para no referirse a casos como el de los policías secuestrados, que cerró simplemente diciendo no tener “información al respecto”. En cambio, cada vez que puede aprovecha micrófonos para criticar al Gobierno, como en el documento que llamó ‘De los no’, leído el viernes pasado.
En ese sentido, se ha podido conocer que una de las diferencias que existe en la mesa es que el Gobierno tiene como único objetivo firmar acuerdos con base en la agenda expresada en el documento de entendimiento, mientras que las Farc quieren que también se hable de una regularización o humanización del conflicto, estableciendo reglas para la confrontación, lo que, según todos los analistas, llevaría a dilatar eternamente las conversaciones.
Otro elemento adicional que causa ruido es la decisión de las Farc de volver a hablar en sus discursos de “prisioneros de guerra”. Las diferencias allí son igual de claras, pues para el Gobierno “un secuestro es un secuestro” y se deben dejar atrás esas acciones, tanto contra uniformados, como contra civiles.
Por otra parte, ya se comienzan a escuchar desde distintas esferas que el propósito de las Farc es tomar un respiro para fortalecerse mientras avancen los diálogos. Eso ha querido contradecirlo el grupo guerrillero al afirmar que no se levantará de la mesa hasta llegar a un acuerdo.
El calendario, otra presión.
De estas diferencias se deriva otro asunto importante: el tiempo que existe para concluir las negociaciones.
El Gobierno armó el proceso de paz en tres fases: la primera concluyó con el citado documento de agosto pasado y para llegar a la tercera (que sería de desarrollo, en el marco constitucional, de lo pactado en La Habana) es indispensable firmar acuerdos durante esta segunda fase, cuyo límite máximo estaría en noviembre próximo.
Como cada vez que se ha abierto en Colombia un diálogo hacia el fin del conflicto, es el Gobierno el que tiene más afán de concluir, pues su tiempo no puede estirarse más allá del calendario electoral (el próximo año habrá votación por nuevo presidente). Los negociadores creen, sin embargo, que los guerrilleros también podrían tener afán. Explican que, a diferencia de procesos anteriores, esta vez necesitan ganar movilidad (lo que quedó demostrado con lo difícil que les fue llegar a Cuba), recuperar seguridad ante unas Fuerzas Armadas que han dado de baja a sus principales dirigentes y lograr el retiro de órdenes de captura internacionales sobre las que el Gobierno no tiene injerencia.
Esas presiones, más la actitud mostrada recientemente en la mesa, son las que construyen el “moderado optimismo” que aún mantiene con vida esta nueva búsqueda de finalizar el conflicto armado. Que esa intención gane fuerza y transmita confianza, dependerá en buena medida de que el Gobierno, la guerrilla y la sociedad, encuentren maneras para superar la tensión generada por la ola de violencia actual y las eventuales que vengan en los próximos meses.
