Según los abogados de las víctimas del proceso que se adelanta por los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia, las autoridades para la época de la toma, ocurrida en noviembre de 1985, sabían que la guerrilla del M-19 se tomarían el palacio.
Publicado por: COLPRENSA
Durante los alegatos de conclusión previos a conocer la sentencia, la representación de las víctimas señaló que los integrantes del B-2 en cabeza del ex comandante dicho organismos de inteligencia, teniente coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano, conocían las intenciones del M19 y que no hicieron nada para evitarlo.
También se afirmó por la parte civil que Sánchez Rubiano aceptó en su momento que “por informaciones de inteligencia tenía conocimiento de que este grupo guerrillero iba a dar un golpe político”.
Una de las abogadas presentó una serie de documentos oficiales en los que se deja ver que el 17 de octubre de 1985, dos semanas antes de la toma, se conoció un plan del grupo alzado en armas para atacar el lugar cuando todos los magistrados estuvieran reunidos.
“Pero no se hizo nada para proteger a los magistrados; es más, dos días antes les fue retirada la poca seguridad con la que contaban”, precisó.
Los otros procesados, también por el delito de desaparición forzada agravada, al igual que Sánchez Rubiano son: el capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña.
Las víctimas de las cuales no se sabe nada desde el holocausto son: Irma Franco, guerrillera del M19; Cristina Del Pilar Guarín, quien se desempeñaba como cajera de la cafetería; Carlos Augusto Rodríguez, administrador del lugar; Bernardo Beltrán, mesero; Gloria Stella Lizarazo, empleada de la cafetería; David Suspes Celis, cocinero; Luz Mari Portela León, empleada de la cafetería que había ido a reemplazar a su madre en el trabajo porque ésta estaba enferma.
También desaparecieron tres visitantes ocasionales del lugar identificados como Gloria Isabel Anzola, Lucia Amparo y Norma Constanza Esguerra.
Según la Fiscalía las personas habrían sido torturadas, asesinadas y posterior a ello desaparecidas.
Dentro de las pruebas que se tienen en el proceso y que han sido presentadas tanto el ente investigador como los abogados de víctimas hay vídeos y fotografías, así como testimonios que indican que las personas desaparecidas salieron vivas del lugar, quedaron en manos de los militares y luego de ello se desconoce su paradero.
