El procurador Eduardo Díaz se mostró en desacuerdo con el preacuerdo al que llegó la Fiscalía y el contratista Emilio Tapia, procesado por el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá, por lo que solicitó al juez 42 de conocimiento que antes de ser aprobado sea revisado.
Publicado por: COLPRENSA
Para el delegado del Ministerio Público la pena de 13 años de cárcel que recibiría a cambio de colaborar con la justicia, fue tasada de manera incorrecta y además de no ser viable la detención domiciliaria.
“La detención domiciliaria es un elemento que rompe la legalidad, porque la sanción a imponer no lo permite. Más aún los permisos para laborar”, señaló.
El representante del órgano de control indicó que de aprobarse dicho preacuerdo con Tapia se estaría mandando el mensaje equivocado, porque en ningún momento se ha dicho cómo el procesado va a devolver los dineros que presuntamente se apropió.
“No sé a qué vinimos hoy a celebrar un preacuerdo cuando en lo que todos están interesados es dónde está el dinero (…) frente a requisito de procedibilidad de lo apropiado, en el caso de Julio Gómez, tampoco hablaron de dinero y el Tribunal dijo: ‘no señor’. Hace parte del preacuerdo que las víctimas estén satisfechas”, indicó al poner come ejemplo el preacuerdo que fue anulado por el Tribunal Superior de Bogotá en el caso del abogado.
Según el procurador, lo que la ciudadanía está esperando que se diga es cómo se van a devolver los dineros apropiados.
“Como representante de la sociedad y con las facultades constitucionales, necesitamos que la Fiscalía ahonde más, porque no podemos hacer negocios sin plata. El dinero del erario público que se llevaron con los anticipos es necesario que los devuelvan. Solicito que revise ante de actuar y verá que no es viable que usted aprueba ese preacuerdo”, aseguró.
Lo pactado en el preacuerdo
El contratista Emilio Tapia pre acordó con la Fiscalía que pagará 13 años de detención domiciliaria y a cambio deberá aportar información de los hechos relacionados con el 'carrusel de la contratación', además de declarar contra otros investigados por los mismos hechos. El procesado también tendría derecho a laborar desde su casa.
Así mismo, aceptó los delitos de concierto para delinquir, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
De igual manera, dentro de lo pactado con el ente investigador Tapia deberá indemnizar al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), por los perjuicios causados a esa entidad.
En su momento el Fiscal General, Eduardo Montealegre, dijo que dada la importancia de la colaboración del contratista con documentos y declaraciones que entregará en los diferentes procesos que se les adelanta a los investigados por el detrimento del Distrito.
El Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia Juan Vicente Valbuena, señaló que la pena acordada es elevada y ajustada a lo normado por ley por lo que no está mal dosificada como dijo la Procuraduría.
“Desde ningún punto de vista puede decirle que la Fiscalía se está llevando los principios de legalidad por delante al entregarle detención domiciliaria”, aseguró.
Indicó, además, que dentro de la acción penal se hace necesario realizar acuerdos con los procesados que permitan llevar las investigaciones a feliz término.
“Es una empresa criminal muy grande y la única forma de desvertebrar es a través de testigos directos de los hechos”, señaló al referirse al papel de Tapia dentro del proceso.
Así mismo, indicó que no pretenden hacer ver al contratista como un santo, sino valorar su aporte a la investigación por el millonario detrimento al distrito.
“No es un ángel, ni una hermanita de la caridad, y por eso es que nos sirve como testigo”, puntualizó.
Negó retractación
En la misma diligencia el juez negó la solicitud de Valbuena, en donde indicó que para continuar con el preacuerdo con la Fiscalía, Tapia debía retractarse de la aceptación de cargos por el delito de concierto para delinquir.
“La audiencia de allanamiento a cargos y la de preacuerdo tiene naturaleza distinta. Partiendo de esto, no se admite la reposición”, aseguró el juzgador.
Ante esta solicitud, el juez consideró que la retractación debe hacerse ante el mismo juzgador de control de garantías que realizó la diligencia donde Tapia aceptó los cargos.
“Hubo una aceptación de cargos con un juez de garantías por eso ese despacho se abstiene a aceptar la retractación”, indicó el juzgador.
Al término de la diligencia Tapia dijo que lo importante es que se imparta justicia y que su compromiso está ligado a la verdad de todo lo que sucedió.
“Es la verdad de todo lo que sucedió de todo lo que tiene que ver con el ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá (…) la información es a nivel distrital y de unos implicados a nivel nacional”, aseguró.
Tapia en el ‘carrusel’
Según la Fiscalía, Emilio Tapia se alió con varias personas para apoderarse de los dineros del Distrito Capital.
“Usted se concertó con particulares, contratistas y funcionarios públicos para cometer delitos como cohecho e interés indebido en celebración de contratos, dentro del proceso de contratación de obras públicas de malla vial y valorización que se adelantó en el Instituto de desarrollo Urbano, IDU, en el distrito capital en el periodo comprendido entre los años 2008 e inicios de 2010”, indicó el ente acusador.
El fiscal Juan Vicente Valbuena habló de varias reuniones, en las que Tapia habría participado previas al millonario defraude.
“Para los fines propios de tal concertación en la ciudad de Bogotá, usted se reunió para tratar temas de direccionamiento en la adjudicación de contratos de obras para la malla vial en las oficinas de Dávila Dávila Asociados, con los señores Julio Gómez y Álvaro Dávila”, señaló el Fiscal.
También evidenció que hubo encuentros entre el hoy investigado y funcionarios públicos y contratistas en el extranjero.
“Usted viajó a la ciudad de Miami en los Estados Unidos en 26 ocasiones, entre el 6 de enero de 2008 y el 12 de diciembre de 2010. Coincidiendo en 9 oportunidades con el abogado Álvaro Dávila; en 22 con el exsenador Iván Moreno, con quien viajó en vuelo privado y en dos con el exalcalde Samuel Moreno Rojas”, indicó el representante del ente acusador.
El próximo 26 de abril se conocerá si el juez avala el preacuerdo entre Tapia y la Fiscalía.
