Gobernadores y alcaldes, a construir cárceles para no condenados

La presentación del programa fue hecha en la cárcel La Modelo, de Bogotá, con la presencia del Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez; el viceministro de Justicia, Faryd Benavídez; el director de ese penal, Carlos Alberto Murillo, y la directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Yisel Manrique Vaca. 

La ministra Correa explicó que el primer paso es reconocer el problema, y que la tarea del Gobierno Nacional se orientará en la construcción de nuevos cupos carcelarios y el mantenimiento de los ya existentes. 

“El Ministerio de Justicia y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (SPC) vienen trabajando en un plan de ampliación de cupos en los centros existentes y en la construcción de seis nuevos penales que permitan la construcción de 26.000 cupos nuevos. La meta debe ser que en los próximos seis años se supere la deficiencia de cupos”, dijo Correa. 

Recordó, sin embargo, que la responsabilidad en materia de infraestructura carcelaria no recae solo en el Gobierno, y enfatizó que el índice de sobrepoblación en los penales estaría dado por las personas en condición de detención preventiva. 

“Por eso, la tarea en el próximo año debe ser lograr que los gobernadores y los alcaldes asuman la responsabilidad que legalmente les corresponde en la construcción y mantenimiento de los centros de reclusión preventiva”, aseveró la Ministra.“Es responsabilidad de las autoridades locales garantizar la existencia de centros suficientes y adecuados para que las personas permanezcan en detención preventiva y solo pasarían a disposición del Inpec cuando sean condenadas”. 

“En la articulación del Gobierno con entidades del orden nacional y local, estamos trabajando muy fuertemente con los alcaldes porque, en los términos de la Ley 65 de 1993, el Municipio tiene la obligación concreta en relación con las personas que están privadas de la libertad de manera preventiva. Me refiero concretamente a los no condenados”, aclaró. 

“La obligación del Inpec es en relación con los condenados, pero el desconocimiento de la norma, o la falta de recursos, o la falta de previsión, han llevado a que los municipios no hayan asumido esa obligación y todos los detenidos, bien sean condenados o detenidos preventivamente, terminen siendo recibidos en los establecimientos de reclusión a cargo del Inpec”, reiteró. 

LOS DEMÁS PASOS 

El tercer paso tiene que ver con el diseño e implementación de una política criminal racional, coherente y eficaz, no reactiva. El propósito es mejorar los modelos de gestión de las autoridades judiciales. El siguiente punto del programa es aumentar el personal del cuerpo de custodia y vigilancia. La Ministra anunció que este año ingresarán 1.700 nuevos guardianes. 

Armonizar el trabajo de las diferentes instituciones y mayor presencia en los establecimientos carcelarios es otro de los pasos del programa. La idea es garantizar la efectividad en el sistema y que se tramiten de manera ágil y eficiente las solicitudes de libertad que se presenten. 

El paso seis del programa está relacionado con la articulación de diferentes sistemas de información. Para eso, el Ministerio de Justicia anunció que buscará la implementación de nuevas tecnologías que permitan optimizar los recursos y el cumplimiento de los fines de la pena y del sistema penitenciario y carcelario. 

El siguiente es la implementación de la oralidad en la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad. La ministra Correa dijo que ese ministerio ha venido hablando con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura para pedirle la creación de nuevas plazas de jueces de ejecución de penas. “Esos nuevos jueces, en la medida en que el espacio disponible lo permita, van a ir a trabajar a los centros de reclusión, como sucede con La Modelo de Bogotá, a donde vendrán tres jueces de ejecución de penas”. 

También contempla el fortalecimiento de la defensa técnica y la aplicación de las medidas de libertad contenidas en la legislación penal. Esto, en consideración a que entre las causas del hacinamiento en las cárceles está la existencia de una política criminal punitiva que utiliza la privación de la libertad como la medida principal para problemas de diferente naturaleza. 

El programa señala en su paso nueve el tema de la salud y la dignidad humana, y en el diez los convenios con universidades para la participación de judicantes y la socialización de buenas prácticas. Finalmente, estipula como décimosprimer paso el fortalecimiento de las actividades administrativas, y como último paso el proceso de capacitación. 

DEFENSOR PIDE TÉRMINOS 

Al respecto, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, recibió con complacencia y positivismo el programa de doce pasos y aseguró que la entidad a su cargo pondrá a disposición los abogados correspondientes y, si es necesario, ampliar la planta para la defensoría pública. 

Pero sostuvo que sería bueno hacer un seguimiento a los pasos del programa. “Qué bueno que pudiéramos hacer un balance en el tiempo que considere la señora Ministra de cómo van estos doce pasos y cuáles no han podido articularse. Y, de cara a la opinión pública, decirle cómo han venido funcionado estos doce pasos, en una sesión como en la que nos encontramos hoy”, solicitó Otálora Gómez. 

El Defensor precisó que la información no solo la debe conocer la opinión pública, sino la población carcelaria. “Hay que decir si estas medidas han dado o no han dado resultado, qué pasos han sido efectivos. Eso sería muy provechoso para todos”, concluyó.