El Tribunal Superior de Bogotá declaró nula la decisición del Juzgado 56 de Bogotá que prohibió la entrada de reclusos a la cárcel Modelo de la capital del país.
Publicado por: COLPRENSA
No obstante, dejó en firme la comunicación a la Fiscalía General de la Nación sobre la presunta ocurrencia de una conducta delictiva en el establecimiento penitenciario.
La decisión se tomó luego de que el Tribunal detectara "falencias procesales insubsanables".
Estos vacíos se observan debido a que "no pueden dirigirse órdenes a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, a la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Salud Distrital y de manera general e indeterminada a los entes de control como Contraloría, Procuraduría, Personería" si no se les vinculó previamente al proceso, tal como no ocurrió.
Asimismo, el Tribunal dice que "no pueden expedirse órdenes que conllevan necesariamente la participación obligada de otras entidades" como Caprecom o la Superintendencia Nacional de Salud, sin que se les hubiera "comunicado la existencia de la acción constitucional de la que se derivan las obligaciones impuestas".
Por ello, al omitir notificar a las partes que tienen "interés legítimo" sobre el procedimiento originado en la solicitud de tutela, el Tribunal expresa que "se genera una irregularidad que vulnera el debido proceso".
En la decisión se expresa que se declara la nulidad de lo actuado para que de esta forma quienes no fueron vinculados puedan tener conocimiento de la demanda instaurada y el ejercicio de los derechos al debido proceso y a la defensa.
No obstante, el Tribunal dejó en firme la petición de que la Fiscalía investigue "la probable comisión de conductas punibles", pues es el deber legal que tiene toda persona de dar a conocer la presunta comisión de actividades ilegales.
LA DECISIÓN QUE SE ANULÓ
La juez 56 Penal del Circuito de Bogotá, Gloria Guzmán, ordenó a la Fiscalía que verifique la posible existencia de fosas comunes en el interior de la cárcel Nacional Modelo de Bogotá.
“Que inicie de manera inmediata acción penal para establecer la veracidad de las denuncias hechas a esta funcionaria judicial, respecto de que integrantes de grupos armados ilegales asesinan y torturan personas dentro de la cárcel La Modelo, en donde se hallarían enterrados, en fosas comunes, sus restos”, señaló Guzmán.
En el mismo sentido la funcionaria judicial indicó que es necesario hacer dicha investigación de manera pronta y eficaz.
La determinación de la juzgadora hace parte del fallo de tutela donde se les ordenó a las directivas del establecimiento carcelario no recibir reclusos, por un término de tres meses a partir del 1 de febrero, y así mismo trasladar en el mismo tiempo a las personas condenadas, ya que dicho lugar es solo para sindicados.
En la acción interpuesta por Santiago Villa Aroleda en contra de ese centro penitenciario y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), se da cuenta de las presuntas irregularidades en el interior del penal.
Señala la juez que al afectado “no se le había suministrado ninguno de los elementos básicos requeridos para su higiene y aseo personal, como tampoco colchoneta, cobija, ni sabana; carencia de elementos que le motivaron a interponer la acción Constitucional”.
Destaca el fallo que según la declaración del subdirector de la cárcel, Edgar Román Herrera Fetecua, La Modelo es una cárcel para sindicados, con capacidad para 2.850 internos. Pese a ello, dijo que hay 7.230 reclusos, alrededor de 3.000 de ellos, condenados.
“El ingreso diario alcanza un promedio de 25 personas a quienes no es posible asignarles lo necesario el primer día. Adicionalmente, tienen que recibir personas detenidas provenientes de otras cárceles del país, que deben cumplir citaciones judiciales en Bogotá”, aseguró el funcionario.
Para la determinación, la juez también tuvo en cuenta una visita a la cárcel de parte de la Procuraduría, realizada el año pasado en la octubre.
“Se realizó la primer visita a este establecimiento carcelario, constatándose que la capacidad es para 2.968 internos, pero la población carcelaria que permanece allí es de aproximadamente 7.096, es decir, hay una superpoblación del 137.39% de la capacidad máxima permitida”, aseguró el reporte del Ministerio Público.
Para la juzgadora, los presos de La Modelo no tienen las condiciones mínimas de una vida digna y que el fin de la resocialización no se está cumpliendo porque están viviendo en medio de plagas.
Entre las determinaciones tomadas por la juez se ordena a la Defensoría designar un grupo de profesionales que atienda a los internos condenados que no cuenten con defensor de confianza y que se verifique quiénes tiene la posibilidad de solicitar ante jueces la libertad condicional o por pena cumplida.
Entre tanto, la Secretaría de Salud deberá practicar trimestralmente una visita a las instalaciones, para determinar si se cumplen allí las condiciones de salubridad e higiene necesarias para albergar seres humanos.
