Miércoles 26 de Noviembre de 2014
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Domingo 12 de Mayo de 2013 - 02:18 PM

Los excongresistas condenados que reciben pensiones millonarias

Archivo/VanguardiaLiberal
Le mostramos cuáles son los excongresistas condenados que reciben pensiones millonarias
(Foto: Archivo/VanguardiaLiberal)
Nada impide que sigan percibiendo jugosas mesadas. ¿Por qué no pagan de allí las multas que les fueron impuestas? Según las leyes colombianas, no existe alguna conducta ilegal.

Por más malestar que haya generado en el país la noticia de que varios excongresistas condenados por delitos como narcotráfico y parapolítica están siendo favorecidos con pensiones multimillonarias, el tema no irá más allá del debate ético porque, según las leyes colombianas, no existe alguna conducta ilegal.

Para fortuna de Alberto Santofimio, por ejemplo, quien pese a estar condenado a 24 años de prisión como coautor del asesinato de Luis Carlos Galán, recibe una pensión de $20,9 millones mensuales, hace 40 años el Congreso de la República tumbó la norma que establecía que cuando una persona era condenada se le suspendía cualquier remuneración oficial, entre ellas su mesada pensional.

El exmagistrado Carlos Gaviria, quien presidió la Corte Constitucional, aseguró que el tema penal no puede estar ligado al de los derechos laborales porque son dos asuntos absolutamente distintos y que deben verse de diferentes ángulos, pese a las reacciones de censura ética.

“Lo que ocurre es que a la gente le molesta, y con razón, que haya pensiones exageradas y que además las estén usufructuando personas que no han tenido el mejor comportamiento ciudadano. Pero una cosa no es compatible con la otra porque sería como si a una persona por el solo hecho de haber cometido un delito la fueran a expropiar”, explicó Gaviria.

El debate se suscito esta semana, a raíz del fallo de la Corte Constitucional que le puso freno a las ‘megapensiones’ de excongresistas y exmagistrados, donde salió a la luz el listado de quienes tienen las mesadas más altas del país, entre los que figura una treintena de exparlamentarios condenados o que han pagado penas por delitos como narcotráfico, el Proceso 8000, parapolítica, e incluso masacres.

Sin embargo, el exdefensor del Pueblo Eduardo Cifuentes aseguró en diálogo con El País que “es una mala percepción de la gente creer que quien ha sido condenado también le deben ser denegados los derechos laborales y sociales. Éticamente, la venganza total y la condena universal están proscritas; y desde el punto de vista jurídico para los efectos de la punibilidad solo se puede aplicar la condena que el legislador ha establecido”.

“Jurídica y éticamente sería propio de un Estado autoritario que una condena a una persona por un delito, más allá de la pena establecida por el Código Penal y las penas accesorias, se le prive cualquier otro derecho, más aún, los derechos de orden laboral o la seguridad social que son derechos generales. Eso sería una venganza total, de un derecho penal arcaico”, dijo Cifuentes.

¿Una justicia poco eficaz?

Pero si bien en las leyes colombianas no existe un artículo que impida que los excongresistas y exmagistrados condenados por delitos graves reciban las millonarias ‘megapensiones’ del Estado, tampoco existe una norma que exonere a los condenados de pagar las multas que les imponen de forma complementaria.

La condena del mismo Santofimio indicaba el pago de una multa de $1.700 millones que no ha cancelado; a Mario Uribe le sumaron a la pena una multa de $3484 millones, que no figura pagada y a Álvaro Araújo N. le impusieron sanción de $7200 millones sin que se haya certificado el pago. Así es en todos los casos.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry explicó que el hecho que una persona delinca no significa que no tenga derecho a una pensión, pero eso no le impide a un juez penal embargar sus bienes para el pago de la multa.

“Tengo entendido que no son pocos los casos donde los condenados han recibido penas accesorias de multas y la jurisdicción penal no las ha cobrado. Entonces lo que debe haber es eficacia de la justicia; no solo en detenerlos y privarlos de la libertad, sino en aquellos casos en que se multaron, hacer el embargo correspondiente a la pensión de jubilación hasta donde legalmente se pueda”, dijo Charry.

El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar cree que “en realidad ese es el único problema que yo veo o que algunas de esas pensiones se hayan obtenido de manera ilegal porque quienes lo hicieron legalmente, tienen todo el derecho a disfrutar de ellas”.

Por su parte, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura Julio César Ortiz considera que la discusión sobre los excongresistas condenados y los dineros que reciben del Estado es un debate interesante que debería darse en el país.

“Yo siempre he creído que la ley debería señalar que ese tipo de ventajas provenientes del Estado debería consecuencialmente suspenderse mientras están en ejecución las penas; ciertamente son innecesarias, pero la ley no señala lo mismo”, dijo el exmagistrado, al agregar que pese a recibir esas millonarias mesadas, la gran mayoría de ellos “tiene multas adicionales a la condena que no han pagado”.

Paras los expertos es claro que los excongresistas condenados por delitos graves están también ‘condenados’ a seguir recibiendo jugosas pensiones, y coinciden en que lo que amerita un debate es si de esas millonarias mesadas deberían cancelar las multas impuestas, que no pagan.

El exfiscal Alfonso Gómez Méndez cree que la norma debería volver a quedar como antes de que la tumbara la Corte Constitucional y que señalaba que toda persona condenada por delitos contra el Estado, principalmente, perdía también el derecho a la pensión. “Creo que esas cosas hay que discutirlas porque lo que vemos hoy en día es una ley de burlas”.

Publicada por
COLPRENSA, CALI
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