Una verdadera cascada de críticas hizo este martes el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, al sistema pensional colombiano y al fallo reciente de la Corte Constitucional que puso un tope límite a las altas pensiones a congresistas y magistrados.

Publicado por: COLPRENSA
De acuerdo con Ordóñez, el panorama es tal que en caso de plantearse otra reforma pensional deberá hacerse “dentro de un gran acuerdo político y social, que se preceda de un cálculo actuarial serio e imparcial y de la solución urgente al caos administrativo que se vive en Colpensiones”.
En primer lugar, Ordóñez afirmó que en el país se han recreado campañas publicitarias que tienden a cuestionar los derechos legítimamente adquiridos, en las que estarían detrás monopolios económicos que manejan más de 130 billones de pesos en pensiones.
“Las pensiones y la salud son mercancías (…) aunque se predica la “ampliación de coberturas”, la realidad es la permanente negación al acceso de las mismas; de allí la más alta judicialización en Colombia para reclamar estos derechos”, dijo Ordóñez,
Al referirse puntualmente a la crisis en materia de pensiones, indicó que en el país hay “una satanización de los regímenes de transición”.
“Se estigmatizan las pensiones públicas y se asimilan en muchos casos a fraude o corrupción, paralelamente se liquidan entidades públicas, creándose otras más inoperantes que las liquidadas y se niegan los derechos legítimamente adquiridos por más de 20 años de servicio, edad y cotización”, apuntó.
La crítica de Ordóñez también fue para quienes dicen que hay una bomba pensional supuestamente sin tener estudios actuariales serios e imparciales.
Respecto de la reciente decisión de la Corte Constitucional, sobre el tope máximo a las pensiones de congresistas y magistrados, señaló que el fallo al parecer se basó en el desconocimiento de normas vigentes, pues en su criterio el Acto Legislativo 1 de 2005, que fijó ese tope, también ordenó respetar los derechos legítimamente adquiridos y prohibió rebajar las pensiones.
“¿Puede ser la Constitución tan maleable o flexible cuando de desconocer derechos se trata? No es porque se rebajen unas pensiones altas; es la forma como se hace. ¿En qué queda la seguridad jurídica, el principio de cosa juzgada, el precedente judicial, la progresividad de los derechos laborales, el Estado Social de Derecho?”.













