Las políticas públicas frente al consumo de drogas no deben recurrir a sanciones penales para los consumidores, pues la criminalización de los usuarios no solo no ha mostrado beneficios de salud pública, sino que, por el contrario, ha tenido efectos contraproducentes al marginar a los consumidores y agravar sus problemas de salud.
Publicado por: COLPRENSA
Esa es una de las principales recomendaciones que hace la Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia, que este martes le entregó al Gobierno Nacional el informe 'Lineamientos para una política pública frente al consumo de drogas'.
La Comisión considera que la política frente al consumo de sustancias psicoactivas debe ser enfocada como un asunto de salud pública y debe ser respetuosa de los derechos humamos. Así mismo, señala que las acciones de política frente al consumo de drogas deberán orientarse por las evidencias más sólidas posibles alejándose de posturas ideológicas preconcebidas que carezcan de sustento empírico.
El informe fue entregado por el presidente de la Comisión, el profesor Daniel Mejía, al Gobierno, representado por la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y al ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que también son invitados permanentes a la Comisión, junto con el Ministro de Defensa.
Aunque ninguno de los dos ministros presentes en la entrega se pronunció oficialmente sobre el documento, la Ministra Correa aseguró al comienzo del acto de entrega que el informe "constituye un insumo de la mayor importancia para el Gobierno Nacional con el fin de establecer y revisar la política de drogas".
De acuerdo con el profesor Mejía, la propuesta de descriminalización es eliminar sanciones penales para los consumidores de drogas. "La idea es usar herramientas de salud pública para un problema que es de salud pública. Esto no implica que se eliminen las sanciones penales para consumidores que cometen crímenes bajo los efectos de las sustancias psicoactivas o para los consumidores que para consumir esas sustancias incurran en crímenes. Lo que se está diciendo es que los consumidores no problemáticos no deben ser tragados como criminales, y esta es la descriminalización", señaló.
"Una cosa superimportante de este documento es que la descriminalización del consumo de drogas no implica la legalización. Implica el uso de herramientas de salud pública y no herramientas penales para tratar el consumo de drogas", precisó Mejía.
El expresidente César Gaviria, uno de los dos invitados especiales que tiene la Comisión (el otro es el general Óscar Naranjo), explicó que descriminalizar, usualmente, es la mitad del problema. "La otra parte es que la gente, los ciudadanos adictos, sobre todo, puedan acudir al sistema de salud".
"Que los traten como enfermos y que no tengan que acudir a las organizaciones criminales para administrar ese vicio o esa predisposición al consumo de drogas. Eso engendra enormes cantidades de violencia, de corrupción y de daño a las instituciones democráticas", agregó Gaviria.
El exmandatario enfatizó en que si bien se está recomendando el tratamiento del consumo, el tráfico sigue siendo ilegal. "No es fácil compatibilizar los dos temas porque pareciera una contradicción. ¿Cómo se defiende una política como esta? Es así: ¿Qué es lo que menos daño le hace a la sociedad? ¿Cómo conseguimos una política que tenga un buen balance de respeto por los derechos humanos, de memos corrupción de menos violencia?", reflexionó Gaviria.
Rodrigo Uprimny, otro miembro de la Comisión, explicó que a metodología combinó tres tipos de análisis, el primero de los cuales fue jurídico-normativo para mostrar que las propuestas que se hacen son compatibles con las obligaciones internacionales de Colombia en temas de drogas y derechos humanos, es decir que son propuestas posibles jurídicamente.
"El segundo análisis fue empírico de la realidad del consumo en Colombia, para mostrar que las recomendaciones enfrentan la realidad del consumo en el país", explicó Uprimny.
Y el tercer análisis fue de experiencias comparadas en otros países para mostrar que las propuestas de la Comisión, como la idea de regularizar y despenalizar el consumo en el marco de una política de salud pública y basados en evidencias, son políticas que en otros países se han ensayado y no han conducido a ninguna tragedia sanitaria.
"Por el contrario, esas políticas han demostrado mejores resultados en salud pública, incluso, en ciertos países, disminución de los consumos problemáticos y un mejoramiento de la salud de los usuarios. Ese es el eje de los lineamientos que aquí se proponen", añadió Uprimny.
Otras recomendaciones
Para la Comisión, las políticas destinadas a enfrentar el consumo de drogas deben proteger valores como la salud y los derechos humamos. Otros fines y valores como la seguridad ciudadana se deberán reservar al otro aspecto de políticas y acciones que buscan contrarrestar la producción, el tráfico y la distribución de las sustancias ilícitas.
Asegura que los estudios empíricos muestran que no todo consumo de drogas deriva en uso problemático o dependencia. Por eso, considera que la política general y los programas que se desarrollen deben basarse en diagnósticos que caractericen los diversos consumos que existen.
También recomienda que, por lo anterior, las intervenciones de las autoridades deben ajustarse a esa diversidad de patrones de uso y de necesidades, que van desde los menos hasta los más complejos.
La prevención del consumo de drogas debe ser una de las principales prioridades, especialmente en menores de edad, asegura la Comisión, razón por la cual todos los procedimientos preventivos que se utilicen deben ser sometidos a evaluación y actualizados periódicamente, considerando los cambios de la sociedad y de la tecnología contemporáneas.
Así mismo, las políticas preventivas deberán esforzarse por ser eficaces y, por ello, tener como soporte los avances de la investigación en este campo. Finalmente, la Comisión recuerda que una función vital del Estado es asegurar la calidad de los tratamientos existentes, y de los centros en los cuales se imparten, sean públicos o privados.
Destaca que este aspecto es particularmente importante en el caso de niños y adolescentes y se debe lograr a través de procesos permanentes de evaluación.
La comisión
La Comisión Asesora para la Política de Drogas en Colombia fue creada mediante la Resolución 0223 de 2013, y su objetivo es analizar las diferentes dimensiones de las políticas de drogas en el país. Con base en eso, presentar al Gobierno recomendaciones para la formulación de políticas de drogas en Colombia.
Está conformada por diez miembros principales y dos invitados especiales. Los miembros de la Comisión provienen de diferentes disciplinas de conocimiento relacionadas con las políticas de drogas,, lo cual garantiza la pluralidad de enfoques dentro de ese organismo.
