En La Habana (Cuba) se empezó a discutir esta semana el segundo punto de la agenda de negociaciones de paz que está relacionado con la participación en política de los guerrilleros de las Farc.
Publicado por: COLPRENSA
Casi desde el inicio de las conversaciones el grupo insurgente ha ido lanzándole a la opinión pública una serie de propuestas para su ingreso a la arena política con las que ha buscado empezar a ventilar el debate entre los colombianos.
La propuesta sobre la creación de una Asamblea Nacional Constituyente surgió mientras aún se debatía el tema agrario y, en el país, levantó polémica. Rápidamente el Gobierno Nacional, a través del ministro del Interior, Fernando Carrillo, anunció que para incluir los acuerdos con las Farc en la Constitución Política no habrá otra Constituyente.
Si bien, el primer punto de la agenda era sumamente sensible e implicaba acordar una reforma del agro colombiano que, para su cumplimiento, no requiere necesariamente cambios en la Carta Magna. No es el caso del punto dos de la agenda.
El Gobierno se sentó en la mesa negociadora aclarando que tendría unos puntos sobre los que no iba a ceder como el hecho de que los diálogos no serían por tiempo indefinido, no habrá cese al fuego y los puntos de la agenda no serán modificados. A la negociación del segundo punto se sentó cuando ya había anunciado que descartaba la posibilidad de conformar una Asamblea Nacional Constituyente y negando la posibilidad de aplazar las elecciones del año entrante, como lo habían sugerido las Farc.
Sobre este último punto hay consenso entre los analistas consultados por Colprensa, pero ya se empiezan a levantar voces que defienden el hecho de que, quizá, el Gobierno deba revaluar la decisión de no llamar a un Asamblea Nacional Constituyente.
“Para resolver un problema extraordinario, grave y complejo se requieren medidas extraordinarias, graves, complejas y de transcendencia”, declara el politólogo y docente de la Universidad Javeriana, Fernando Giraldo. “Creo que tiene que ser un camino extraordinario y este es la Asamblea Nacional Constituyente”, agrega.
Giraldo explica que la paz se debe construir en un espacio suficientemente legítimo, que tenga la capacidad de hacer aquellas transformaciones políticas que se requieren para un sistema colombiano con paz estable y duradera. Para ello, se requiere fundamentalmente tener voluntad y decisión política, más que jurídica.
Según el experto, de los acuerdos se devengarán decisiones del Gobierno en materia política para permitir la participación electoral de las Farc, que seguramente estarán en el límite de la Constitución. Para Giraldo, un esfuerzo de tan hondo calado como la dejación de las armas de este grupo guerrillero para ingresar a la política, exige otro esfuerzo, no menor, del Gobierno Nacional. De ahí, la necesidad de que no sea descartada de tajo una Asamblea Nacional Constituyente.
Sin embargo, para el columnista, politólogo y docente de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, una Constituyente es una posibilidad sobre la que el Gobierno no quiere explorar, en tanto que abre la puerta a otros intereses diferentes a la participación política de las Farc.
“Los que quieren una nueva Constituyente, la quieren con otros propósitos, Hablo concretamente del Polo y del ex presidente Uribe. Detrás de eso está afectar la correlación de fuerzas políticas en Colombia”, declara Jaramillo.
El columnista y analista de temas de seguridad, León Valencia, considera que el hecho de que las Farc propongan una Asamblea Nacional busca animar el debate nacional, pues este no es un tema que esté en la agenda de negociaciones ni hace parte del segundo punto.
“Es el tema de confundir propuestas que se tiran, digamos yo lo llamo más a la galería, que lo que está en la mesa. Allí está muy claro que es la agenda acordada y nada más. Lo otro son propuestas ahí para la galería”, declaró
Sin embargo, aclara que este será un asunto sobre el cual las partes deberán volver cuando los diálogos estén avanzados por lo menos en el quinto o sexto punto.
“Las dos delegaciones van a tener que tomar una decisión al respecto. Yo creo en eso, probablemente las Farc se han equivocado al plantear el tema tan temprano, porque eso llevó inmediatamente al gobierno a una reacción, a decir que no. Yo creo que deben mirar tranquilamente todos los mecanismos, mirar las opciones o una combinación de varios tipos, pero eso es un tema para el final”, destacó Valencia.
Crímenes de lesa humanidad
Para el experto de la Universidad del Rosario, Mauricio Jaramillo, el principal punto sobre el cual el gobierno colombiano no debe ceder dentro de la negociación del segundo punto, hace referencia a impedir la participación de guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Según Jaramillo, este es un punto inamovible por dos razones: la primera hace referencia a un asunto de respeto a las víctimas y de popularidad.
“Al Gobierno lo han presionado desde la Procuraduría y otros sectores sociales para que no vaya a dejar colar a guerrilleros que han incurrido en esos crímenes y conductas graves para que participen en política”, dijo el experto.
El segundo punto hace referencia a un tema de impunidad y de la Corte Penal Internacional. Jaramillo explicó que esta corte juzga cuando el Estado no lo hace, por lo tanto, será necesario estudiar quiénes podrían participar en política de acuerdo con delitos que cometieron.
“Los guerrilleros que participaron en la masacre de Bojayá, por ejemplo, es muy difícil que participen en política. Tendrían que determinar quiénes fueron los que incurrieron en delitos de lesa humanidad”, declara el analista y luego agrega que ante un eventual panorama de paz debe existir ‘una suerte de alternatividad penal’ para guerrilleros que hayan incurrido en delitos de lesa humanidad. Lo cual, implicarían reformas al código carcelario y penitenciario.
Facultades extraordinarias para el Presidente
De acuerdo con los expertos consultados, si no se realiza una Asamblea Nacional Constituyente, tendría dos herramientas para implementar los acuerdos por la vía de decretos de ley.
Uno de los caminos, según el politólogo Fernando Giraldo, consiste en que el Congreso le otorgue facultades especiales al Presidente para que pueda garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Según explicó, la paz que se conseguiría es sobreviniente que nadie tenía prevista y que se da por la voluntad de las Farc de dejar las armas.
“Entonces, que se asuma como una situación política sobreviniente, que requiere medidas de emergencia”, declaró Giraldo y luego agregó que esto permitiría atender una situación en la que el país está frente a la perspectiva de encontrar una paz duradera.
La otra vía que propone este experto es declarar un estado de excepción que también tiene como finalidad ampliarle el margen de acción al Presidente ante una situación de emergencia. Al respecto, el analista Mauricio Jaramillo explicó que esta medida no es viable en tanto que en constitucionalmente el estado de excepción puede declararse en emergencias económicas, de orden público o por fenómenos naturales y éste no es ninguno de esos casos.
Para él, la vía bajo la cual el Presidente podría tener facultades extraordinarias es evocando la máxima razón de estado pero considera que es poco probable por un asunto electoral. “Este es un gobierno que busca consensos políticos, un gobierno que no decide de manera autoritaria”, declaró Jaramillo. Por lo tanto, cree que como la paz es un tema que pone a todos los sectores del mismo lado, el Gobierno buscará con ellos una salida consensuada para implementar los acuerdos para permitir la participación política de las Farc.
Como nada está acordado, hasta que todo esté acordado, habrá que esperar cómo evoluciona el desarrollo del segundo punto. Sin embargo, las Farc ya han dado algunas puntadas sobre lo que quieren en materia política, pero que no está dentro de agenda: la Asamblea Nacional Constituyente y aplazar las elecciones del año entrante. Dos asuntos sobre los cuales el Gobierno se ha negado y en los que, por el momento, no va a ceder.
