Miércoles 20 de Agosto de 2014
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Colombia
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Domingo 23 de Junio de 2013 - 10:03 AM

Apropiación de lotes baldíos, un nudo difícil de soltar

Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Apropiación de lotes baldíos, un nudo difícil de soltar
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)
Si bien son unas 32 mil hectáreas las que tienen a esa empresa en líos, el Gobierno identificó 140 mil hectáreas en situaciones similares.

La compra de lotes baldíos en Vichada por parte del ingenio azucarero Riopaila Castilla, a través de los contratos preparados por Brigard &Urrutia (reconocida firma de abogados del país), es en realidad la punta del iceberg del manejo que se le está dando a las tierras de la altillanura colombiana. Si bien son unas 32 mil hectáreas las que tienen a esa empresa en líos, el Gobierno identificó 140 mil hectáreas en situaciones similares.

El escándalo salió a la luz pública por este caso de Riopaila y se agravó por declaraciones del ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, según las cuales una porción de esta región comprendida entre los departamentos de Meta y Vichada presentaba irregularidades por acumulación indebida de tierras.

Según la investigación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), el ingenio adquirió las 32 mil hectáreas desde el 2008 con una estrategia que le permitió eludir el límite que impone la ley 160 de 1994 de no sobrepasar la Unidad Agrícola Familiar (UAF), cuya área varía dependiendo del lugar geográfico y la clase de suelo (en Vichada el promedio son mil hectáreas). El método para lograr la excepción, según el Instituto, consistió en la creación de 25 Sociedades por Acciones Simplificadas que se dividieron la compraventa, lo que se identificó como “una cadena de cesiones de la propiedad de las SAS hasta hacer casi imposible la identificación de sus propietarios”.

En el único comunicado oficial sobre el tema, Riopaila aseguró que las tierras se adquirieron cumpliendo con las normas legales y que la compra se hizo “a través de empresas agroforestales, negociando directamente con los propietarios y a precios comerciales”. Asimismo, el ingenio aludió a su “transparencia y buena fe” en pro de la “estrategia gubernamental de desarrollar una nueva frontera agrícola en el país, para volver productivas tierras que no habían podido ser objeto de desarrollo”.

Sin embargo el Incoder sospecha fraude en esa actuación, por lo que la investigación continúa y no solo sobre Riopaila, sino también a unas catorce empresas más, cuyos nombres el Gobierno se ha negado a revelar. La situación ha dejado en evidencia un problema que es más grave de lo que parecía.

EL TAMAÑO DEL ENREDO

Una muestra de que el Gobierno ha tomado conciencia de la gravedad de los errores en el manejo de baldíos fue la decisión de, con el fin de fortalecer los mecanismos de control en procesos de adjudicación, suspender por dos meses (prorrogables) la facultad de titular dichas áreas en cualquier parte del país, hasta que se apliquen nuevos controles, como cruces de información con distintas entidades (Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Instituto Agustín Codazzi, DAS y DIAN) y se revisen todos los procesos en curso.

“Hasta que no se garantice que las personas son beneficiarias de reforma agraria no se les va a titular un metro de tierra más”, enfatizó Miriam Villegas, gerente general del Incoder. Por su parte, Jennifer Mojica, subgerente de Tierras del Instituto, explicó que “se expidieron nuevas instrucciones sobre procesos de titulación de baldíos: notificaciones, realización de visitas oculares a los predios, forma en que se resuelven las revocatorias y los recursos y cómo se debe aplicar el procedimiento”.

De hecho, desde finales del año pasado, y de manera articulada con la Fiscalía y la Contraloría delegada para tierras, el Incoder inició una estrategia anticorrupción que consiste en la revisión de expedientes en direcciones territoriales que tengan indicios o denuncias de corrupción o de irregularidades.

A la labor se sumó el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, quien advirtió que su despacho iniciará investigaciones preliminares en contra de los notarios y registradores que permitieron la venta de terrenos baldíos a empresas privadas. Ello significaría una revisión pormenorizada de todas las transacciones de baldíos que se han hecho en el país. “En los casos en que se detecte que hubo mala fe o suplantaciones, tenemos que trasladar el caso a la justicia penal, en los otros lo hacemos nosotros desistiendo de la escritura”, puntualizó.

¿QUÉ ES UN LOTE BALDÍO?

La Superintendencia de Notariado y Registro define un lote baldío como un “terreno urbano o rural sin edificar o cultivar, que forma parte de los bienes del Estado porque se encuentra dentro de los límites territoriales y carece de otro dueño”. Debido a esas características, se trata de terrenos imprescriptibles, es decir que no son susceptibles de adquirirse en proceso de pertenencia por prescripción adquisitiva de dominio.

El Incoder maneja dentro de sus programas de tierras rurales en Vichada y el Meta la adjudicación y titulación de baldíos con aptitud agropecuaria y/o forestal beneficiando únicamente a personas naturales, de preferencia población desplazada. Por ello mismo debe velar por recuperar los baldíos indebidamente ocupados, que en su mayoría fueron abandonados por causa de la violencia, en correspondencia a su propósito de regular el aprovechamiento de las tierras del país.

En cualquier caso, es el Instituto de Desarrollo Rural el que administra en nombre del Estado las tierras baldías de propiedad nacional y en virtud de esa atribución puede adjudicarlas, celebrar contratos, constituir reservas y adelantar colonizaciones sobre ellas. Según la entidad, aproximadamente 35 mil personas están en trámites de este tipo, por lo que se atienden cada año unas 10.000 solicitudes de adjudicación de baldíos.

DESARROLLO AGRARIO CONTRA SANCIONES A LA ILEGALIDAD

Pero de lo que mandan las leyes y decretos, hay distancia con el manejo que muchos consideran es el ideal que debe dárseles a estos predios. Por eso, al mismo tiempo que el titular de la cartera agraria anunció que en la altillanura los contratos deberán ser anulados y las tierras regresadas a sus propietarios originales, se mostró preocupado en la medida en que la solución a este problema implique ahuyentar la inversión. “Hay que buscar mecanismos para que se efectúen esas medidas sin crear traumatismos y sin que se vayan a pique proyectos que invirtieron generando desarrollo, productividad y bienestar”, dijo.

El senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, en entrevista con Colprensa, aseguró que desde el Ministerio de Agricultura se han interesado más en “salvarles los negocios” a quienes, según él, han violado la ley, que en esclarecer “esa ilegalidad”. Además, dijo que al Gobierno nacional le “falta mano dura” para juzgar a quienes se han apropiado de manera ilegal de tierras de campesinos en el país y lo tildó de “alcahueta”.

También encontró “inaceptable que para garantizar la inversión en el campo se deba despojar a los campesinos, menos si se va a legislar para tapar los delitos que han cometido algunos comprando tierras que no podían comprar”.

Posiciones como esa son señaladas por otros como estrategias que impiden un balance entre la propiedad de pequeños campesinos y el desarrollo del sector agrícola a gran escala y que no son los mejores mecanismos para reducir la desigualdad del sector agrario. Precisamente, es con esa base filosófica que el Congreso tramita un proyecto de ley que busca reglamentar la inversión extranjera en el campo colombiano.

El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), Rafael Mejía, afirmó que esta discusión no debe alejar la inversión del país. Por un lado, recordó que la restricción de acumulación de tierras baldías (Ley 160 del 1994) es aplicable a predios que se hubiesen adjudicado a partir de la vigencia de esta ley y no antes; por otro, destacó que son los jueces los que deben determinar la legalidad de esas compras, no el Ministerio de Agricultura o el Incoder.

Mejía pidió públicamente al Gobierno “que defina su política agrícola de Estado, que nos diga cuál será, si quiere un país de minifundios o uno en el que quepan los medianos y grandes con enfoque de agricultura empresarial para generar empleo”. Desde su perspectiva, “falta claridad”.

NADA NUEVO

Aunque los casos recientes renovaron la discusión, se trata de un asunto de vieja data, pues la ocupación indebida de lotes baldíos, por grupos de interés o por organizaciones al margen de la ley, ha significado un esfuerzo adicional por parte del Incoder para recuperar predios, principalmente en departamentos como el Meta, el Casanare y el Vichada y en los de la Costa Caribe.

Un proceso similar al que abrió por el caso de Riopaila, adelantó el Incoder con el Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria (Gahlg) por hechos que se remontan a 1994. A la empresa se le ordenó devolver 1200 hectáreas (la mayoría de la antigua Hacienda Bellacruz en el municipio La Gloria, Cesar) “ocupadas indebidamente”, consideradas terrenos baldíos y, por tanto, propiedad de la Nación. La Hacienda, en su defensa, prepara un recurso de reposición contra la resolución, al negar que se trate de lotes baldíos.

Asimismo, en octubre del año pasado en Instituto recuperó 21.040 hectáreas sobre el predio 'El Carmen' (Puerto Gaitán), en el departamento del Meta y anunció que serían distribuidas para “darles un uso que sí esté realmente acorde con la ley”, es decir, para actividades agropecuarias a favor de familias campesinas.

Por presunta concentración ilegal de tierras o por irregularidades en los procesos de clarificación de la propiedad, deslinde y extinción de dominio por incumplimiento de la función social y ecológica también figuran casos que comprometen al Fondo Ganadero de Córdoba y a las empresas Mulas Altamaceras, Bioagroindustrial, Inversiones Palma Oriente, Ecolpalma, Poligrow Colombia, Mónica Semillas, Sociedad Inversiones Eternas, Sociedad Villa Diana, El Brasil, Finca Las Palmeras y Veracruz, entre muchos otros casos.

LAS CONDICIONES DE LEY

Toda persona natural que desee la adjudicación de un terreno baldío que viene ocupando y explotando (por lo menos las dos terceras partes de la superficie total) desde hace más de cinco años, debe solicitarla al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, hoy Incoder, antes Incora (Instituto Colombiano de la Reforma Agraria), diligenciando un formulario y sin necesidad de la intervención de abogados.

La solicitud se debe resolver en aproximadamente tres meses y el costo por los servicios de titulación corresponderá a la suma equivalente a un salario mínimo diario vigente (19.650 pesos), más el valor del impuesto y demás derechos de registro del titulo. Dentro de los requisitos se incluyen:

- El predio no puede estar dentro de áreas pertenecientes a comunidades indígenas o negras, en reservas forestales, en superficies reservadas para fines especiales o en terrenos que tengan el carácter de bienes de uso público.

- La extensión no puede exceder la calculada como Unidad Agrícola Familiar para cada municipio o región. En el evento de que la extensión del terreno sea inferior a la de una Unidad Agrícola Familiar, este se adjudicará siempre y cuando sus características se ajusten a las excepciones que sean establecidas por disposiciones legales o reglamentarias vigentes.

- La explotación económica que se adelante debe corresponder a la aptitud agrológica del terreno.

Publicada por
COLPRENSA, BOGOTÁ
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