Viernes 26 de Septiembre de 2014 - 07:56 PM

Sí a la doble instancia para congresistas, pero ¿cómo?

“No hay garantías”, “no me permiten defenderme” o “se están vulnerando mis derechos”, se han convertido en expresiones de carrera en los pasillos de la Corte Suprema de Justicia en medio del debate, básicamente, por la no existencia de una segunda instancia en los procesos contra congresistas y ministros.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Sí a la doble instancia para congresistas, pero ¿cómo?
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

Se vio en el caso reciente del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias, quien siempre dijo confiar en su juez natural y que ahora está prófugo de la justicia luego de ser condenado a 17 años de prisión por las irregularidades en Agro Ingreso Seguro. Y no solo allí, también se discutió en la fallida reforma a la justicia, hoy convertida en un muerto viviente, y está ahora en debate en la polémica reforma de equilibrio de poderes.

La propuesta del equilibrio de poderes, que va en curso por ahora, crea un gran tribunal para aforados con una sala para conocer los procesos, otra para acusar y juzgar en primera instancia y otra más que sirva de segunda instancia.

Este tribunal, tal y como está, ya fue calificado por el propio fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, como una “revancha” a la Corte por llevar a cabo el proceso de investigación de la parapolítica, y hasta como por un asalto o una “segunda toma” al Palacio de Justicia.

El tema es de largo alcance. Y más cuando en la Corte, los procesos penales en curso, como el de Piedad Zuccardi o el de Oscar Arboleda, ambos por supuestos nexos con grupos paramilitares, están siendo acompañados por observadores internacionales que ya han manifestado su preocupación porque en Colombia la legislación no se ajusta a los parámetros extranjeros.

En ambos proceso funge como observador de la Unión Interparlamentaria de Ginebra, UIP, Nick Stanage, para quien es un “error judicial, es un hecho que el sistema penal colombiano no está acorde al internacional en cuanto al juzgamiento de parlamentarios".

El reclamo es la falta de doble instancia y el “poder excesivo” de una Corte que al mismo tiempo investiga, acusa y juzga, sin que haya ante quien acudir. En el caso de Zuccardi, de hecho, también hizo presencia el abogado chileno Gonzalo Boyé, quien hace parte de la defensa de Edward Snowden, quien afirma que en este proceso hay “absoluta impunidad” y falta de garantías procesales.

En ambos casos, aunque las defensas dicen que esperarán al fallo definitivo, ya se está preparando lo necesario para acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

LA PROPUESTA DEL FISCAL

La presencia de Stanage en casos que hasta ahora empiezan en la Corte y los ‘reclamos’ del Fiscal General coincidieron con la radicación, por parte de Montealegre, con un proyecto de ley estatuaria que reforma a la Corte Suprema de Justicia para crear la tan mentada doble instancia.

A priori su presentación fue bien recibida porque se podría considerar como un consenso a la necesidad que haya doble instancia, de hecho, la propia Corte ya se dividió internamente en una sala de instrucción y en otra de juzgamiento para separar algunas funciones. No obstante, hay unos peros.

La propuesta del Fiscal consiste en que la Sala Penal de la Corte pase de tener nueve magistrados a 15 y que deje de ser una sala para tener tres. Serían dos salas de Juzgamiento y una de casación penal.

Las dos salas de juzgamiento llevarán la primera instancia de los procesos contra ministros, congresistas y generales de la República. Se trata de procesos que iniciarán en la propia Corte por los magistrados de instrucción o por acusación formulada por la Fiscalía General.

La tercera sala estaría compuesta por los actuales nueve magistrados, y se encargaría de llevar la segunda instancia en los procesos y, además, los casos de casaciones, revisiones y extradiciones, procesos todos estos propios de la Corte como máximo tribunal de cierre de la Justicia ordinaria.

LOS PEROS

Esta propuesta fue criticada por el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Augusto Ibáñez, para quien, primero que todo, no se entiende como el Fiscal presentó un proyecto de ley estatutaria y no un acto legislativo, ya que trata de reformar la composición de la Corte.

Además, cuestionó que se creen nuevos magistrados dentro de la Sala Penal y que se diga que estos no pueden hacer parte de la Sala Plena (reúne a los magistrados de las Salas civil y laboral). “Esta cuestión lleva a una incoherencia interna porque si son magistrados, hacen parte de la Sala Plena”.

Pero para Ibáñez, principalmente, la reforma es engorrosa porque sería más fácil, en su criterio, crear una sala especial en el Tribunal Superior de Bogotá que lleve la primera instancia y que la Corte Suprema adelante la segunda, tal y como sucede en otros aspectos. Esta propuesta, dijo Ibáñez, no requeriría además, reforma constitucional sino solo ley estatutaria.

El exmagistrado de la Sala Penal de la Corte Alfredo Gómez Quintero, consideró por su parte que se trata de una oportuna propuesta para un tema necesario, pero en todo caso cuestionó la creación de tantos cargos y de más burocracia.

A su juicio “crear dos salas de juzgamiento carece de sentido”, pues podría ser simplemente una y la que existe actualmente haga las veces de segunda instancia.

“Es una medida necesaria, la misma sala desde hace tiempo viene con la idea de hacer esa separación”, apuntó Gómez, quien consideró que la actual, que reduciría sus funciones, podría pasar de nueve a siete magistrados.

Y, ¿QUÉ VA A PASAR’

Lo cierto por ahora es que la propuesta del Fiscal General no ha tenido curso en el Congreso ni se sabe si lo tendrá, ya que por ahora el legislativo se centró en la reforma de equilibrio de poderes.

Valdría la pena preguntarse, además, si las Cortes serán llamadas a debatir este proyecto y si las críticas a Montealegre por su protagonismo, serán ‘cobradas’ en el Congreso.

Entre tanto, los abogados de los procesados esperan que esta propuesta tenga trámite. José Strusberg, abogado de Arboleda, afirma sin tapujos que no puede haber un litigante que no quiera la doble instancia, porque el actual procedimiento “es violatorio al debido proceso, al principio de igualdad, a la presunción de inocencia: eso viola todos los principios”.

“La concentración de poderes a un solo órgano que juzga y condena eso es violatorio, porque la constitución y todas las legislaciones del mundo dicen que toda persona tendrá derecho a un juicio justo en dos instancias”, remató.

Por eso, ya el abogado Strusberg considera que si la reforma del Fiscal es aprobada antes que la Corte rinda sentencia en su caso, pedirán ser cobijados con el nuevo mecanismo en atención al principio de favorabilidad. Esto, dice él, ya que “la ley penal es retroactiva siempre que sea favorable al implicado”.

La otra posibilidad, de acudir a un organismo internacional como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es viable y así lo ha hecho por ejemplo el senador Iván Moreno Rojas, quien consideró como arbitrario que la Corte le cambiara, hacia el final del juicio, la calificación de los delitos por los que fue investigado, sin que tuviera una oportunidad u otra instancia ante quien apelar esa decisión.

No obstante, el exmagistrado Ibáñez sobre este punto explicó que los convenios internacionales afirman que la sentencia condenatoria tendrá segunda instancia dentro de la normatividad interna. Y, si la normatividad interna dice que no hay sentencia, “entonces nunca podría haber fallo en contra de Colombia por no tener segunda instancia, porque el convenio no obliga”. Por ahora, el Congreso tendrá la palabra.

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