Paro judicial, una bomba de Estado a punto de colapsar
La vulneración del derecho a la defensa y un choque de opiniones entre funcionarios hacen parte del negativo balance que arrojan 15 días de paro judicial de los funcionarios de la rama en el país.
Las cifras, aunque no son oficiales, hablan de 150 mil ciudadanos afectados por este cese de actividades y, al menos, 30.000 procesos devueltos porque no hay jueces para atenderlos.
La huelga, que comenzó el pasado jueves 9 de octubre, fue motivada por el incumplimiento del Gobierno en la nivelación salarial, la mejora en las condiciones laborales y las denuncias sobre la burocracia en la Fiscalía, según recordó el vicepresidente de Asonal Judicial, Gustavo Martínez.
“El paro no es ilegal y es justo”, con esta arenga unas cinco mil personas pertenecientes a la rama judicial marcharon el jueves desde los Tribunales de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar para pedir al Gobierno Nacional que se siente a negociar.
Gustavo Martínez, vicepresidente de Asonal Judicial, expresó “queremos hacer un llamado directo al Gobierno Nacional para que abra la mesa de negociaciones. El Presidente debe tomar cartas en el asunto, pues las necesidades de la rama y el presupuesto no esperan más”.
Agregó, “hay que aclarar que las peticiones son justas; es cierto que hay anormalidad judicial, pero la gente debe entender que estamos pidiendo un presupuesto justo”.