Viernes 24 de Octubre de 2014
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Miércoles 21 de Septiembre de 2011 - 10:42 AM

El vacío de poder es la gran amenaza para los indígenas latinoamericanos

Efe/ VANGUARDIA LIBERAL
Los narcotraficantes y las fuerzas paramilitares asociadas a su actividad se han convertido en muchos lugares, en las mayores amenazas para los pueblos indígenas.
(Foto: Efe/ VANGUARDIA LIBERAL)
El vacío de poder es la principal amenaza que sufren los pueblos indígenas de América Latina, pues en casos como el de Colombia los ha situado al borde de la extinción.

Ese vacío de poder, afirmó hoy el relator especial de la ONU para los derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, es aprovechado por grupos narcotraficantes o fuerzas armadas irregulares, que pasan a controlar amplias zonas de territorio pobladas por indígenas.

"Este elemento, combinado con una falta de control eficaz por parte de los gobiernos, ha hecho que las circunstancias en las que viven los indígenas sean extremadamente peligrosas", declaró Anaya durante una conferencia de prensa en la sede de la ONU en Ginebra.

Anaya destacó el caso de Colombia, donde "el propio Tribunal Constitucional ha declarado que hay comunidades indígenas que están amenazadas de extinción por el tipo de agresiones que han sufrido y por el vacío de poder dejado por los gobiernos, que ha sido ocupado por fuerzas irregulares conectadas con los carteles de la droga".

El relator especial, que presentó su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, expresó su preocupación por la extensión de este modelo a América Central y a México.

"Es una pauta preocupante. Los indígenas no sufren solo las habituales agresiones físicas, culturales, económicas y sociales, sino que también son víctimas del vacío de poder", declaró.

"Los narcotraficantes y las fuerzas paramilitares asociadas a su actividad se han convertido en muchos lugares en las mayores amenazas para los pueblos indígenas, sin duda alguna", dijo.

Anaya se refirió también a la situación del pueblo mapuche en Chile, que ha denunciado en reiteradas ocasiones al gobierno de Santiago por reprimir con exceso de fuerza las manifestaciones en demanda de sus derechos históricos como nación.

El relator escuchó en los últimos días el testimonio de líderes de la comunidad mapuche, como Fidel Lautaro en representación del territorio Makewe, que denunció la militarización de su territorio y una creciente represión policial contra la población civil.

Lautaro estuvo acompañado por Francisco Painevilo, un menor de edad que aseguró ante el Consejo de Derechos Humanos que fue detenido, secuestrado y torturado por los carabineros en octubre de 2009, cuando tenía 14 años, en el curso de una protesta ciudadana.

Anaya dijo estar al tanto de estas denuncias, pero aseguró que "el Gobierno chileno ha sido receptivo a mis comunicaciones en relación al pueblo mapuche, al menos a la hora de responderme".

"En lo que se refiere a los presuntos malos tratos contra menores, el Gobierno asegura haber tomado las acciones necesarias, castigando a los responsables", agregó el relator.

Sobre las demandas de autodeterminación de la nación mapuche, Anaya recordó que esta comunidad tiene ese derecho, al igual que el resto de pueblos del mundo, pero consideró que "la cuestión clave es dar con la fórmula que les permita ejercer ese derecho".

"Los mapuche viven en todo Chile (...), por lo que pretender una nación o un Estado separado para el pueblo mapuche no parece una solución viable. Realmente, no es algo por lo que presione mucho el pueblo mapuche. Al menos, no es algo que yo oiga a menudo", indicó.

En su opinión, la solución pasa por "un modelo que permita al pueblo mapuche controlar genuinamente su destino, mantener la integridad de su identidad cultural y el control de sus recursos tradicionales y sus tierras, y beneficiarse de todo ello, en coexistencia con el resto de la sociedad chilena", argumentó.

En el ámbito mundial, el relator especial de
Naciones Unidas llamó también la atención sobre la creciente amenaza que representan las empresas extractoras de materias primas, que son "fuente de abuso de los derechos de los pueblos indígenas".

Anaya explicó que su conclusión es producto de un cuestionario que envió a los gobiernos, cuyas respuestas han constatado que "no hay conciencia real sobre el impacto que las industrias de extracción tienen en los pueblos indígenas, ni sobre el papel y responsabilidad de los Estados para proteger sus derechos".

Publicada por
EFE, GINEBRA
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