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Lunes 02 de Enero de 2012 - 06:11 PM

Reanudan protestas contra proyecto minero en el norte de Perú

Un grupo de pobladores de la región de Cajamarca, en el norte de Perú, reanudó hoy las protestas contra el proyecto minero Conga con una marcha pacífica, en la que pidieron al presidente Ollanta Humala que detenga la obra "hasta que las normas favorezcan a la población".
Archivo / VANGUARDIA LIBERAL
"El presidente Humala debe valorar adecuadamente el pedido del pueblo y tomar una decisión política inteligente, que paralice el proyecto minero Conga, hasta que las normas favorezcan a la población", dijo uno de los protestantes.
(Foto: Archivo / VANGUARDIA LIBERAL)

El presidente regional, Gregorio Santos, lideró hoy la marcha de unas 200 personas por las calles de la ciudad de Cajamarca -capital de la región que lleva el mismo nombre-, en una movilización en la que no se registraron desórdenes ni paralización del transporte ni el comercio, según medios locales.

"El presidente Humala debe valorar adecuadamente el pedido del pueblo y tomar una decisión política inteligente, que paralice el proyecto minero Conga, hasta que las normas favorezcan a la población", dijo Santos en un mitin.

El líder de Cajamarca agregó, según la emisora Radio Programas de Perú (RPP), que la democracia es aceptar cuando se dice sí o no, por eso enfatizó en que el Ejecutivo "debe respetar la ordenanza regional que declara al proyecto Conga inviable".

El Ejecutivo peruano ha anunciado que denunciará a Santos ante el Tribunal Constitucional por haber declarado inviable al proyecto, aprobado el año pasado durante el Gobierno de Alan García y suspendido actualmente de manera temporal por la empresa minera Yanacocha, la mayor productora de oro de Suramérica.

El proyecto prevé vaciar cuatro lagunas de Cajamarca para explotar el oro que se encuentra en el subsuelo y construir reservorios para dotar de agua a las poblaciones afectadas.

El presidente regional aseguró hoy que defenderá la ordenanza regional que emitió, según su posición, para preservar las fuentes de agua y anunció que está dispuesto a acudir a los fueros internacionales si el Tribunal Constitucional la declara inconstitucional.

La autoridad regional también afirmó que la Constitución peruana está desfasada y agregó que Humala debería cumplir su promesa electoral de reformarla.

Santos encabezó la marcha por las calles de la ciudad de Cajamarca junto al presidente del Frente de Defensa del Ambiente, Wilfredo Saavedra, y los representantes de otras organizaciones sociales que rechazan el proyecto Conga y que anunciaron una protesta similar para mañana.

La movilización de hoy se realizó sin incidentes y, según el portal elcomercio.pe, fue secundada por otras marchas pacíficas en localidades como Bambamarca y Celendín.

El ministerio del Interior había denunciado de manera "preventiva" a Santos y a otros siete dirigentes sociales de Cajamarca ante la fiscalía ante la posibilidad de que ocurrieran desórdenes públicos por la convocatoria a las movilizaciones.

Santos ha estado ausente en las reuniones que ha sostenido en los últimos días el presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, con alcaldes y otros representantes sociales de Cajamarca, en las que se establecieron los parámetros para la realización de un peritaje internacional al proyecto Conga.

Valdés se ha negado a tener entre los interlocutores a Wilfredo Saavedra, un exmilitante del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) que purgó una condena por terrorismo y que, junto a Santos, lidera las protestas contra Conga.

Al referirse a este tema, el secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), Mario Huamán, pidió hoy al Ejecutivo que se restablezca un dialogo de las autoridades regionales, alcaldes y el pueblo organizado que, según dijo, "es el que llevó a Humala a la Presidencia".

Huamán declaró que las organizaciones sociales "tienen todo el derecho de reclamar que la minería responsable se concrete, y eso implica la consulta previa, respetar el medio ambiente y los estándares laborales".

Las autoridades y pobladores de Cajamarca protagonizaron en noviembre pasado un huelga contra el inicio del proyecto Conga, que solo concluyó después de 11 días, cuando el Gobierno peruano decretó el estado de emergencia (excepción) y la empresa anunció la suspensión temporal de la obra.

 partir de este domingo y durante los próximos 10 años, Colombia estará en proceso de reparación y reconciliación con sus víctimas del conflicto armado.

De esta forma, el proyecto más importante para el Presidente, Juan Manuel Santos, la Ley de Víctimas que reglamenta las normas que definen los mecanismos y procesos de su aplicación, comenzó a tener vida. Su reto es indemnizar a cerca de cuatro millones de afectados por la violencia en hechos ocurridos antes del primero de enero de 1985, y ejecutar la restitución de tierras para los desplazados después de 1991.

Los beneficiarios deben estar inscritos en el Registro Único de Víctimas, RUV. Quienes no lo estén deberán presentar la solicitud en las sedes de Procuraduría, La defensoría del Pueblo o Personarías del país. La ley preserva la atención a mujer y niños afectados por el conflicto.

La reglamentación de la Ley 1448 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fue firmada y presentada por el presidente Santos el pasado 20 de diciembre.

La importancia de esta reglamentación es que en ella se definen los montos de las indemnizaciones por vía administrativa, se establece la conformación de las mesas de participación de las víctimas y se crea el RUV.

Santos firmó los decretos ley que establecen el plan de reparación para las comunidades afrocolombianas, indígenas y gitanas.

LOS COMPONENTES FUNDAMENTALES Tres componentes fundamentan la Ley: el primero de ellos es la indemnización administrativa que permitirá establecer los montos a pagar y los mecanismos para hacerlo. Cada víctima recibirá entre 17 y 40 salarios mínimos, es decir, entre 9 y 21 millones de pesos.

Los montos se entregarán a quienes inviertan en vivienda, educación, tierras o en un proyecto productivo.

El segundo aspecto es el RUV, la llamada “puerta de acceso” para quienes deseen ser beneficiados y aún no se han inscrito. Las víctimas tendrán 4 años para realizar el proceso de inscripción.

El tercer punto son las garantías de no repetición, una estrategia en la que se crearán observatorios para identificar las poblaciones en riesgo.

CENTRO DE MEMORIA HISTÓRICA El Gobierno garantizará la verdad de los hechos que dejaron miles de víctimas. Para este propósito se creará el Centro de Memoria Histórica que será dirigido por el historiador y doctor en sociología política Gonzalo Sánchez, quien se desempeñó como coordinador del grupo de trabajo para reconstrucción histórica y la memoria en la antigua Comisión Nacional de Reconciliación y Reparación, CNRR.

“Ellas (víctimas) necesitan saber qué fue lo que pasó con sus seres queridos o saber dónde están sus seres enterrados, el país entero además está obligado a reconocer su dolor histórico y de rendirles homenaje, así lo haremos a través de actos conmemorativos”, dijo Santos.

REGLAMENTADA LA RESTITUCIÓN DE TIERRAS La tarea de la restitución de tierras a los campesinos víctimas de la violencia será asumida por la Unidad de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas, así quedó definido en el decreto de reglamentación.

Esta Unidad acompañará a los desplazados en el proceso de reclamación de tierras, hará los trámites a nombre de cada víctima evitando la engorrosa tarea de recopilar la información necesaria y garantizando que las solicitudes se hagan sin errores.

Serán 22 jueces y 12 magistrados lo que empezarán a trabajar en el proceso de restitución, fallando cada caso en un tiempo límite de cuatro meses. El otro año se prevé que serán atendidos unos 13 mil reclamos de restitución y que los jueces van a decidir cerca de 2 mil de esos reclamos.
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