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Miércoles 25 de Enero de 2012 - 02:48 PM

Niegan que recomendaciones de la OEA busquen limitar autonomía de la CIDH

Varios países miembros de la OEA negaron hoy que las recomendaciones de un grupo de trabajo creado por el organismo para revisar el sistema interamericano de derechos humanos busquen limitar la autonomía de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
A raíz de dictámenes muy duros emitidos por la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA ordenó una revisión de ese organismo.
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL)

"Todas las recomendaciones deben ser interpretadas en el sentido de fortalecer" la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, "y no de debilitarla", explicó el embajador de Panamá, Guillermo Alberto Cochez, en la primera sesión del año del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA.

A su turno, el embajador de Colombia, Luis Alfonso Hoyos, subrayó que las sugerencias del grupo de trabajo "son positivas" y "ninguna puede ser interpretada como restricción".

"Cuando hay críticas serias y propuestas constructivas, eso no significa que haya ataques y se puede fortalecer el sistema", añadió Hoyos.

El grupo, formado por los Estados miembros de la OEA, ha trabajo durante seis meses en el informe que se debate hoy en el Consejo y cuyas recomendaciones buscan, según muchas ONG y organizaciones de la sociedad civil, limitar la autonomía y efectividad de la CIDH, que depende del organismo continental.

Entre las recomendaciones, preocupa la que aboga por equilibrar el presupuesto de la CIDH, que se nutre con contribuciones de los Estados, ya que para las ONG eso puede llevar a que las relatorías más críticas en los últimos tiempos y que cuentan con más dinero, como la de la libertad de expresión, reciban menos recursos.

El grupo de trabajo también aconseja mayor regulación en lo que respecta a las medidas cautelares que puede conceder la CIDH para proteger a ciudadanos en situaciones de riesgo, lo que podría limitar los alcances de ese mecanismo.

Además, en el informe con las recomendaciones se habla de un "código de conducta" que, para muchos observadores, puede llegar a limitar los dictámenes de la CIDH y de sus relatorías en contra de los Estados en situaciones de violación de los derechos humanos.

El riesgo radica en que esas recomendaciones, aunque no son vinculantes, "en la medida en que expresan consenso político de los Estados de la región, tienen impacto político sobre la CIDH", explicó la directora del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, Viviana Krsticevic.

En caso de que esas sugerencias no sean aceptadas por la CIDH "podrían derivar en modificaciones estatutarias" tanto de ese organismo como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), agregó.

El Cejil y otras 60 ONG y representantes de la sociedad civil enviaron el martes un informe al presidente del grupo de trabajo de la OEA, el mexicano Joel Hernández, en el que se alerta de que sus recomendaciones "pueden tener graves implicaciones para el funcionamiento y la independencia" del sistema de derechos humanos.

"Es claro que en la región persisten infracciones graves" a la libertad de expresión" y el trabajo de la relatoría de la CIDH encargada de esa materia "es incómodo para muchos sectores del poder", advirtió Krsticevic.

La OEA encargó el año pasado al mencionado grupo de trabajo una revisión del funcionamiento del sistema interamericano de derechos humanos, en parte a raíz de dictámenes muy duros emitidos por la CIDH y la CorteIDH contra los Gobiernos de países como Venezuela, Ecuador y Brasil.

La Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH ha manifestado preocupación por la situación de la prensa en Ecuador y en particular ha considerado "desproporcionado" que el presidente Rafael Correa haya pedido penas de cárcel en una demanda contra el diario El Universo por injurias.

En el caso de Venezuela, los últimos roces han estado motivados por el caso del líder político opositor Leopoldo López, inhabilitado después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) considerara no ejecutable una sentencia de la CorteIDH.

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