Ecuador rechaza intromisión de CIDH en juicio a tres opositores
"Ecuador ha manifestado en reiteradas ocasiones la ilegitimidad y arbitrariedad de la CIDH para solicitar a los Estados este tipo de medidas ya que las mismas no se encuentran contempladas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos", dijo la cancillería en un comunicado.
Agregó que la decisión de la CIDH, la cual forma parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, "no afecta el proceso judicial interno" contra los imputados.
La CIDH recomendó medidas cautelares en beneficio del legislador opositor Cléver Jiménez, a su asesor Fernando Villavicencio, quien se encuentra en Estados Unidos, y al ex dirigente médico Carlos Figueroa. Jiménez y Villavicencio fueron condenados por la justicia local a 18 meses de prisión, mientras que Figueroa, a una pena de seis meses, por injuriar al jefe de Estado.
En su resolución, la CIDH solicitó al Estado ecuatoriano que "suspenda inmediatamente" los efectos de la sentencia emitida el pasado 14 de enero por el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia, máximo tribunal. Además consideró que "la condena penal privativa de la libertad en el presente asunto genera un grave riesgo de daño irreparable a la libertad de expresión".
La CIDH se pronunció así al acoger una queja presentada por la defensa de los imputados que alega supuestas violaciones de derechos y persecución política.
En 2011 los tres imputados demandaron a Correa por delitos de lesa humanidad durante la revuelta policial ocurrida el 30 de septiembre de 2010, la cual el presidente juzgó como un intento de golpe de Estado. Los demandantes acusaron al mandatario de fingir un secuestro en un hospital policial, en donde se refugió y del cual luego fue rescatado por un comando militar en medio de una intensa balacera.
El episodio dejó cinco muertos y 274 heridos, según el gobierno.
La denuncia fue desechada al ser calificada de "maliciosa" y "temeraria", ante lo cual que el presidente Correa planteó una contrademanda contra Jiménez, Villavicencio y Figueroa por injurias.
La cancillería agregó en el comunicado que la CIDH "ni siquiera ha sido capaz de justificar razonablemente cuáles serían los motivos por los cuales considera que este caso cumple con las condiciones de gravedad, urgencia y daño irreparable, necesarias según el propio Reglamento de la CIDH para solicitar estas medidas".
"El Estado ecuatoriano no sólo que rechaza los pronunciamientos de la CIDH, sino que también deplora la creciente politización del manejo de los Derechos Humanos en este organismo y, por tanto, el consecuente debilitamiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos".
Por su parte, el procurador general del Ecuador, Diego García, anunció que el gobierno no reconocerá como obligatorio el pedido realizado por la CIDH, un ente duramente criticado por el presidente ecuatoriano.
García apuntó que la CIDH no tiene atribuciones para dictar medidas cautelares de protección, sino únicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
"La CIDH no tiene competencia para dictar medidas cautelares con efecto vinculante, de acuerdo a la propia Convención Interamericana de Derechos Humanos", dijo el procurador tras destacar que lo que puede dar son simplemente "recomendaciones".
En ese sentido, aseveró que las medidas cautelares dictadas en este caso son "arbitrarias, no tienen naturaleza convencional".
La policía local rastrea el paradero de Jiménez, reelecto legislador en 2013 para cuatro años, y de Figueroa para detenerlos, mientras que se ha emitido una orden alerta a la Policía Internacional, Interpol, para capturar a Villavicencio. El viernes último una juez local emitió las boletas de encarcelamiento.
El movimiento Pachacutik, brazo político del sector indígena, al cual pertenece el legislador, aseguró que éste se encuentra a "buen recaudo" y no descartó pedir amnistía en el Congreso para los procesados.