
En fallo de primera instancia, el Tribunal determinó que el Concejo no podía reducir la tarifa del cobro de la estampilla, porque está se encuentra fijada claramente en la ley 1276 que establece el 2% sobre el valor de los contratos y además consideró que se viola el principio de igualdad tributaria al otorgar este beneficio solo para una obra.
El Municipio anunció que interpondrá el correspondiente recurso de apelación ante el Consejo de Estado por cuanto no comparte los argumentos del Tribunal y aclaró que hasta tanto no se conozca una decisión de segunda instancia, el Acuerdo sigue vigente.
Vale la pena recordar que por la aprobación de este Acuerdo el 30 de diciembre de 2009, la Procuraduría investiga disciplinariamente a 11 concejales dentro de un proceso que se encuentra en recolección de pruebas.
Por este mismo caso, de exoneración del pago de la estampilla, existe otra demanda contra una ordenanza de la Asamblea de Santander.
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