Luego de la etapa de solicitudes de nulidades al proceso disciplinario, el procurador Provincial, Claudio Olarte Álvarez, aplazó hasta el próximo 13 de enero, a las 8:00 de la mañana, la audiencia programada para la mañana de este martes. Los concejales son investigados por aprobar una prima técnica al destituido Eulises Balcázar Navarro, sin que este, presuntamente, cumpliera los requisitos.
Publicado por: REDACCIÓN ON LINE
El pasado jueves 22 de diciembre, la audiencia concluyó con la solicitud de la sexta nulidad por parte del abogado César Alfonso Parra Galvis, quien argumentó que en el pliego de cargos no se especificaron las funciones de los concejales, algo necesario para la imputación de cargos, según su concepto.
En esa oportunidad el abogado advirtió que la responsabilidad subjetiva del cargo fue formulada en grupo y no de manera individual. “Entiendo que la responsabilidad objetiva sea la misma para todos los concejales (todos aprobaron el mismo proyecto de Acuerdo), pero la subjetiva (intención o culpa) sí debe ser individual y por eso hago esta solicitud de nulidad”, dijo Parra Galvis.
El Procurador Provincial negó esta nulidad, así como le dio negativa a cinco más presentadas a lo largo del proceso, y no descartó que en cualquier momento los procesos disciplinarios de los 19 concejales se individualicen para determinar la responsabilidad de cada uno de ellos.
Así las cosas, la audiencia pública se reanudará el viernes 13 de enero a las 8:00 de la mañana en las instalaciones de la UIS sede Bucarica.
LAS NULIDADES
Las acciones de nulidad solicitadas en pasadas audiencias hacían referencia a una supuesta ilegalidad en el traslado y en la recolección de las pruebas, a una aparente ambigüedad en los cargos formulados y a una presunta falta de competencia por la recusación que se le hizo al Procurador hace dos semanas en el mismo proceso.
Además, según el abogado Carlos Arturo Rojas, no hubo prevaricato, como asegura el Ministerio Público, sino un posible desconocimiento de la norma, por lo que “el cargo no se ajustaría a los hechos”.
No obstante, a pesar de los argumentos de los apoderados, el representante del Ministerio Público desestimó estas solicitudes, pues no encontró razones de Ley para aceptarlas.
