El corporado fue condenado, en un fallo de primera instancia, a pagar 48 meses de cárcel y una multa de 30 salarios mínimos legales vigentes, tras ser hallado responsable del delito de ‘Urbanización Ilegal Agravado’.
Publicado por: JUAN CARLOS CHÍO
Aún no se han posesionado los nuevos concejales de la capital santandereana y ya apareció el primero de ellos con problemas con la justicia y una posible inhabilidad para asumir su nuevo cargo.
Se trata del concejal electo por el partido Afrovides, Pablo Príncipe Cáceres Rojas, quien es muy conocido en el área metropolitana porque ha impulsado varios proyectos de vivienda de interés social.
Curiosamente, es por una de esas iniciativas por las que la Fiscalía le abrió a él y a José Wilson Flórez Esparza una investigación, que a la postre terminó con un fallo en primera instancia del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Bucaramanga, que los condenó a 48 meses de cárcel y a una multa de 30 salarios mínimos legales vigentes, por su presunta responsabilidad en el delito de ‘Urbanización Ilegal Agravado’.
El proceso se encuentra actualmente en apelación, pero de confirmarse la de-cisión, Cáceres Rojas quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos por el mismo tiempo que se determinó en la pena principal.
LOS HECHOS INVESTIGADOS
Todo comenzó el 18 de febrero del 2004, cuando vecinos del barrio Provenza pusieron en conocimiento de las autoridades que se inició la construcción de una urbanización en las calles 115 a 116 con carrera 21B, donde se taló el 80% de un área de 1,5 hectáreas y se comenzó la intervención de la escarpa para extraer arena.
Un día antes, la Corporación Autónoma para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, habría advertido a la Fiscalía que este predio constituía una zona de preservación ambiental y ecológica, sobre la cual no era posible, bajo ninguna circunstancia, hacer una edificación, así como la expedición de una eventual licencia de construcción.
El problema pasó a mayores días después, cuando la Financiera Coomultrasan declaró que es la propietaria legal del terreno, advirtiendo que cualquier anuncio ofreciendo un proyecto habitacional en ese lote estaba “lejos de la verdad”.
Estos hechos, así como los testimonios de varios vecinos y compradores de la supuesta urbanización, llevaron a que la Fiscalía abriera la investigación.
NEGARON LOS HECHOS
En su momento, durante la indagación, Cáceres Rojas y Wilson Flórez negaron los cargos y advirtieron que le compraron el lote a Martín Meneses y que cuando llegaron al terreno las viviendas ya estaban allí.
De hecho, argumentaron que ellos sólo eran el tesorero y el representante legal de la asociación Fadesbu, y que su única intención era legalizar la compra de unos predios que ya existían y que eran para la comunidad.
No obstante, varios testigos aseguraron durante el proceso que los dos investigados estaban ofreciendo los lotes por valores que oscilaban entre los $2 y $4 millones, mientras que otros, incluida la Cdmb, afirmaban que eran ellos dos los promotores de la urbanización presuntamente ilegal.
Teniendo en cuenta esta situación, el 9 de noviembre de este año el Juzgado Séptimo Penal falló en contra de los dos urbanizadores, al determinar que “promovieron el desarrollo y venta de viviendas sin el lleno de los requisitos legales adecuados”.
Vanguardia Liberal trató de comunicarse con Pablo Príncipe Cáceres Rojas para que respondiera a las graves acusaciones que se le hicieron, pero no fue posible. Una mujer contestó su celular y advirtió que el nuevo corporado “sólo estará disponible para entrevistas con los medios de comunicación a partir del 10 de enero”.
