La contralora de Bucaramanga, Magda Milena Amado, encontró irregularidades en 22 contratos suscritos por la Secretaría de Desarrollo Social municipal celebrados en noviembre y diciembre de 2011. La falta de idoneidad, inexperiencia, sobrecostos e inexistencia de soportes que evidencien el manejo de los recursos, fueron algunos de los hallazgos de la indagación preliminar que ordenó esta entidad.
Publicado por: JAZMÍN RODRÍGUEZ
Estos hallazgos fueron el resultado de la indagación preliminar que ordenó el ente de control fiscal hace dos semanas.
De acuerdo con la contralora Amado Gaona, cada uno de los contratos estudiados presenta hallazgos de carácter penal, por lo que enviará copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía de15 contratos firmados dentro de la figura 'Apoyo a un programa de interés público', para que proceda con las respectivas investigaciones. Los siete contratos restantes, de los 22 analizados, son 'contratos por prestación de servicios', en los cuales no expuso detalles.
Dentro de los contratos que se compulsarán copias se encuentran siete por $210 millones firmados por la entonces secretaria encargada de Desarrollo Social y hoy Directora de Tránsito, Elvia Liliana Sarmiento Osma; un contrato firmado por el entonces secretario encargado de Desarrollo Social, Ariel García, por $45 millones; y siete contratos firmados por el alcalde de Bucaramanga designado, Héctor Moreno Galvis, por cerca de $1.494 millones.
De estos contratos, cuatro, por el valor de $400 millones, tienen control de advertencia porque no han sido liquidados aún. Mientras que $870 millones, aproximadamente, ya fueron pagados.
Las personas jurídicas y los funcionarios involucrados en estos acuerdos contractuales, tendrán cinco días hábiles para presentarse ante las autoridades competentes para desvirtuar las presuntas irregularidades halladas por la Comisión de Auditoría de la Contraloría Municipal de Bucaramanga.
Como se recordará Vanguardia.com denunció que la Alcaldía de Bucaramanga suscribió un contrato por $75 millones en diciembre de 2011, cuya vigencia fue de un día, para que una corporación realizara un encuentro de líderes comunales, los capacitara e hiciera un diagnóstico de sus problemas.
Entre las irregularidades que se investigaron están una supuesta fragmentación de contratos y falsificación de documentos privados.
Lea también: Alcaldía pagó $75 millones por contrato de un día por el que nadie responde
