Siete de los contratos cuestionados fueron firmados por el ex Alcalde Héctor Moreno Galvis, los cuales suman un total de $1.494 millones. Otros siete fueron suscritos por la actual directora de Tránsito, Elvia Liliana Sarmiento, en la administración pasada.

Publicado por: JUAN CARLOS CHÍO
Dos semanas después de las primeras denuncias sobre presuntas irregularidades en contratación en la Secretaría de Desarrollo Social por parte de concejales y medios como Vanguardia Liberal, la contralora de Bucaramanga, Magda Milena Amado Gaona, reveló que el ente de control encontró irregularidades en 15 contratos suscritos por este despacho, celebrados en noviembre y diciembre de 2011 con entidades sin ánimo de lucro.
Falta de idoneidad de los contratistas, inexperiencia, sobrecostos, subcontratación de los servicios, objetos de acción poco claros y ambiguos y la inexistencia de soportes y facturas que evidencien el manejo de los recursos, fueron algunos de los hallazgos de la indagación preliminar que ordenó esta entidad.
Las revelaciones del ente de control tocan a importantes personalidades como el ex Alcalde Héctor Moreno Galvis; la actual directora de tránsito, Elvia Liliana Sarmiento; interventores y funcionarios de la Alcaldía y algunos reconocidos contratistas.
¿Qué halló la Contraloría?
Por cuatro de estos contratos, que suman unos $400 millones, se emitió un control de advertencia porque no han sido liquidados aún, y el objetivo es que la administración del nuevo Alcalde, Luis Francisco Bohórquez, no desembolse estos dineros.
No sería el caso de cerca de $870 millones, los cuales ya fueron pagados y, según la Contraloría, representan un presunto daño fiscal en contra del municipio.
Uno de los contratos cuestionados fue el que denunció Vanguardia Liberal en dos ediciones anteriores, el cual corresponde a un convenio suscrito por $75 millones en diciembre de 2011, cuya vigencia fue de un día, para que una corporación realizara un encuentro de líderes comunales, los capacitara e hiciera un diagnóstico de sus problemas.
De acuerdo con la Contralora, cada uno de los convenios estudiados presenta hallazgos de carácter penal, particularmente la celebración indebida de contratos, por lo que enviará copias a la Procuraduría y a la Fiscalía para que procedan con las respectivas investigaciones.












