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Viernes 09 de Marzo de 2012 - 12:01 AM

Si hay pérdida de investidura, hay inhabilidad para ser Alcalde: Consejo de Estado

En la polémica existente entre quienes creen que una pérdida de investidura no afectaría la Alcaldía de Néstor Díaz Barrera en Floridablanca y los que opinan lo contrario, apareció un sentencia del Consejo de Estado del 2004 que puede darle claridad jurídica a la discusión.
Archivo/VANGUARDIA LIBERAL
Néstor Díaz Barrera.
(Foto: Archivo/VANGUARDIA LIBERAL )

 

Se trata de una acción de cumplimiento relacionada con un caso similar al del mandatario de los florideños, en donde la Alta Corte le dio la razón a un demandante, quien consideró que la pérdida de investidura como diputado del entonces Alcalde de Ibagué, Rubén Darío Rodríguez Góngora, sí lo inhabilitaba para seguir en el cargo.

El Consejo de Estado, además, explicó en la providencia que el mismo mandatario local estaba obligado a avisarle al Gobernador que estaba inhabilitado, con el ánimo de que este último designara a un funcionario encargado.

En caso de no cumplir con lo ordenado, un juez sería el encargado de declarar la destitución del funcionario. 

Si bien se trata de hechos distintos, este antecedente arroja más luces sobre lo que podría pasar con Néstor Díaz Barrera, en caso de que el Consejo de Estado ratifique la decisión del Tribunal Administrativo de Santander de declarar su pérdida de investidura como diputado.

Por esta razón, Vanguardia Liberal retoma a continuación lo sucedido con el exalcalde de Ibagué y la providencia que llevó a su salida de la administración de ese Municipio.

Largo proceso
El proceso que llevó a la salida del Alcalde de Ibagué no estuvo exento de obstáculos y de interpretaciones jurídicas, como sucede ahora con Díaz Barrera.

En su momento, Rodríguez Góngora usó los mismos argumentos que los defensores del mandatario florideño, afirmando que cuando se dio la decisión judicial él ya era Alcalde y la Ley 136 de 1994 dice que la inhabilidad para los que pierdan la investidura como diputados es para ser “elegidos, designados o inscritos” como mandatarios locales.

Bajo esta premisa, Rodríguez Góngora se mantuvo en el cargo sin que nadie lo destituyera, y fue necesaria que una persona interpusiera la mencionada acción de cumplimiento. 

Este recurso, incluso, fue negado por el Tribunal Administrativo del Tolima, que dijo que no era de su competencia, y el demandante tuvo que impugnar el fallo ante el Consejo de Estado.

Solo entonces, casi cinco meses después, se dio claridad jurídica cuando la Alta Corte indicó que “el impedimento para ser inscrito, elegido o designado Alcalde, cuando se presenta de manera posterior a la elección, se convierte en una inhabilidad sobreviniente”.

Es decir, a pesar de que ya había sido elegido como mandatario local, sí estaba inhabilitado para seguir en el cargo.
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