El juicio terminó este martes la etapa de alegatos de conclusión y ahora la Sala Penal de la Corte Suprema deberá decidir la suerte del senador liberal y ex Alcalde de Bucaramanga.
Publicado por: COLPRENSA
El procurador primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Jorge González Vásquez, pidió a la Sala Penal de esa Corporación que absuelva al senador liberal Honorio Galvis Aguilar, investigado por haber ordenado presuntamente la expropiación irregular, por vía administrativa, de 26 predios cuando era alcalde de Bucaramanga, Santander.
Los hechos sucedieron el 23 de enero de 2007, cuando el entonces alcalde de Bucaramanga ordenó la expropiación de los predios mediante la resolución 012 sin contar, aparentemente, con el beneplácito del Concejo.
Esto motivó a una investigación por parte de la Fiscalía por prevaricato por acción, delito del cuál fue absuelto el 23 junio del 2010 el juez quinto penal del circuito de Bucaramanga. La apelación pasó a ser resuelta por la Corte Suprema porque para entonces, Galvis Aguilar ya era senador.
González explicó que esos 26 predios se debían adquirir para construir un embalse adicional derivado del cauce de un río como parte de las labores que se estaban realizando para subsanar un grave problema de agua en Bucaramanga. Para esto, en la resolución se declaró la condición de urgencia manifiesta necesaria para poder expropiar por vía administrativa esos predios, cinco de los cuales eran de la Empresa Agregados Palmares S.A.
La empresa presentó recurso de apelación de esa resolución al señalar que para poder declarar la urgencia manifiesta se necesitaba el acuerdo del Concejo. “Y allí, como prueba de ausencia de dolo, como muestra de estimar los intereses de la comunidad, de que no se deseaba ningún daño antijurídico material, el mismo alcalde corrigió su yerro, si así puede llamarse, mediante la resolución 131 de ese mismo año”, dijo el Procurador.
A juicio de González, la nueva resolución dio trámite a la petición señalando que se iba a obtener la autorización del Concejo. “No estamos frente a una actuación contraria a derecho máxime si se tiene en cuenta que la administración al tomar decisiones judiciales si no es clara, para eso están los recursos que son los que llevan a subsanar los errores”, agregó el procurador.
Ahora bien, en sus alegatos finales, el senador Galvis Aguilar dijo que nunca fue necesario pedir autorización del Concejo porque el proceso estaba en la etapa de negociación directa y que nunca actuó en contravía de la ley. “En todos los casos tratamos de ajustarnos de la ley, no teníamos ningún interés de apartarnos de la norma. Si en el algún momento yo como alcalde de alguna duda de mis abogados, no hubiese firmado los documentos”, dijo.
