Imagine que usted es el dueño de un negocio. Tiene la clientela, conoce el oficio, cuenta con el personal necesario para desarrollarlo, pero necesita capital, adquirir maquinaria y ser más competitivo. ¿Firmaría un contrato en el que este nuevo aliado se quede con el 95% de todo lo que usted venda, aumente las pérdidas de su empresa en un 450% e incremente el costo de su operación un 54,7%?
Publicado por: emab, Unidad Investigativa
En la cabeza de cualquier empresario esto parecería una locura, pero a la Empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, le pareció que firmar un contrato en estas condiciones era un gran negocio. Gracias a esta jugada empresarial, la Emab presenta pérdidas a abril de 2012 por $1.600 millones y para diciembre podría estar quebrada.
La historia comienza en agosto de 2010, cuando se dio por terminado el contrato que la Emab tenía con Rediba, por vencimiento. Esta empresa realizaba la labor de recolección de basuras, su transporte hasta el sitio de disposición final y el barrido de las calles. Al terminarse el contrato, la Emab hizo una invitación pública para contratar un operador especializado para estas labores. Pero la Emab decidió agregarle un componente nuevo: la comercialización. Es decir, quien se quedara con el negocio no solo recogería la basura, sino que además tendría la obligación de manejar la base de datos de los suscriptores, elaborar las facturas, recaudar el pago y establecer puntos de atención para las peticiones, quejas y reclamos.
Según explicó el entonces gerente de la Emab y responsable de la contratación, José María Peñaranda Boada, esta operación tendría que hacerse para salvar a la empresa: “las cifras de los costos y gastos de la Emab permiten inferir que la situación de la Empresa de Aseo no solo rebasa los valores promedios con los cuales se han definido las fórmulas tarifarias, sino que estos sobrecostos no serán suficientes para mantenerse en el mercado; situación que predice que en el corto tiempo no solo se va perder el negocio, sino que posiblemente será intervenida por la entidad de control (Superintendencia de Servicios Públicos)”, se lee en la invitación pública. En la búsqueda de este objetivo se abrió la invitación pública 004 de 2010. Pero el remedio resultó peor que la enfermedad.
La adjudicación a Aseo Chicamocha S.A
El 19 de octubre de 2010, se adjudicó el contrato al Consorcio Aseo Chicamocha S.A, conformado por cuatro empresas de la empresa Proactiva S.A. Este consorcio se presentó con la promesa de sociedad futura. Es decir, se comprometió a que, de ser el adjudicatario, crearía la empresa Aseo Chicamocha S.A. ESP. Efectivamente, al día siguiente de ser adjudicado el contrato, el consorcio se constituyó como la sociedad Aseo Chicamocha.
Sin embargo, al revisar el certificado de existencia y representación legal, esta sociedad tiene un capital de $30.000 millones, de los cuales se han suscrito y pagado $2.000 millones. Pero para poder participar en la invitación pública, se requería que los participantes tuvieran un capital de $30.000 millones.
Para la Contraloría de Bucaramanga, hay una disminución del capital del contratista operador que no tiene justificación, pues si Aseo Chicamocha S.A se hubiera presentado a la invitación con un capital de $3.000 millones ni siquiera hubiera podido participar.
Frente a esta acusación, el hasta hace unos días gerente de la Emab, Óscar Uriel Arrieta, quien para la época en que se firmó el contrato era asesor jurídico de la Emab, se defiende diciendo que aunque Aseo Chicamocha no tiene el capital que se requería, sumados los capitales de cada uno de los integrantes del consorcio sí se llega a los $30.000 millones.
A su vez, Jairo Alfonso Salcedo, quien fue el asesor de la Emab encargado de establecer los requisitos habilitantes y evaluar las propuestas, y que hoy es el interventor del contrato (ver recuadro), sostiene que existe un documento donde los miembros del consorcio afirman que responderán solidariamente por la ejecución del contrato.
Sobre este punto, expertos consultados por la Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal tienen posiciones contrarias. Para unos, si un consorcio se presenta con la promesa de constituir una sociedad y es elegido, la sociedad que constituya debe mantener los requisitos, puesto que no es posible cambiar las condiciones que se exigieron para adjudicar el contrato. “Si la propuesta pedía un capital de $30.000 millones por considerarse que este era el monto para responder financieramente por la operación, pues la sociedad que se constituyó debía también tener ese capital. El contrato se adjudica precisamente, porque esa persona cumple los requisitos exigidos para contratar. No puede ser posible que después de adjudicado se cambien esos requisitos”.
Pero para otros, no hay inconveniente porque el requisito del capital de $30.000 millones era solo para presentarse a la invitación, pero no para firmar el contrato. Igualmente, dicen, se aplican las normas según las cuales a la sociedad que se conforma como promesa futura de un consorcio se le aplica el régimen del consorcio, es decir, todos los que conforman la sociedad responden solidariamente.
¿Un despido que no se previó?
Sin importar que el capital era menor, la Emab firmó con Aseo Chicamocha el contrato 048, por 10 años, que se iniciaron el 26 de octubre de 2010.
A esta empresa se le entregó la prestación del servicio de aseo de los llamados ciclos 4,5,6 y 7 de la ciudad. Luego, el 6 de enero de 2011, el entonces gerente de la Emab, Jose María Peñaranda Boada, firmó un otro sí en el que le entregó a Aseo Chicamocha S.A el ciclo 3, esto es la recolección en el centro de la ciudad. Con esta firma, al operador le ingresaron $328 millones mensuales más. Como el contrato se firmó por 10 años, esto significa una adición al contrato inicial de $38.704 millones. En opinión de la Contraloría, esta fue una actuación irregular, pues los estatutos de la Emab solo permiten que el gerente firme obligaciones por 2.000 smlmv, es decir, $1.071 millones para el 2011. La operación, según la Contraloría, debió contar con el visto bueno de la Junta Directiva de la Emab.
Con esta adición, Aseo Chicamocha S.A quedó operando en el 74% de la ciudad y la Emab se quedó con el resto, pero con un detalle: mantuvo los 125 trabajadores que antes atendían casi la totalidad de Bucaramanga. Así que hoy están los trabajadores, pero no hay en qué ocuparlos.
“Hoy tenemos un costo de nómina que, dada la convención colectiva, la antigüedad y las gabelas convencionales, me implican entre $350 y $360 millones mensuales”, admite el hasta hace unos días gerente Óscar Arrieta.
Por esto, la Emab solicitó al Ministerio del Trabajo permiso para hacer el despido colectivo del 53,48% de la planta de personal.
¿Y es que acaso la Emab no previó que con la suscripción del contrato con Aseo Chicamocha más de la mitad de su nómina iba a quedar sin trabajo?
Según Jairo Alfonso Salcedo, interventor del contrato, esa advertencia se le hizo al gerente Jose María Peñaranda, a quien además se le entregaron $500 millones para realizar los despidos. “El contrato estableció que quien se lo ganara le daba una comisión de éxito a la Emab de $500 millones, que se utilizaría para liquidar a los trabajadores. La gerencia tenía que hacer la reestructuración administrativa, porque se quedaba con los usuarios, pero no tenía por qué mantener el personal … Por eso, dentro de los ítems para la calificación de los proponentes se estableció que tendría más puntos el que más dinero le entregara a la Emab para llevar a cabo el proceso de reestructuración”.
¿Qué hicieron con ese dinero? La Unidad Investigativa de Vanguardia Liberal trató de contactar a José María Peñaranda para que lo explicara, pero no contestó las llamadas.
Sólo el 2,5% para la Emab
Según el contrato, de cada $1.000 que se recaudan por los cuatro componentes del servicio de aseo, esto es, recolección, transporte, barrido y comercialización, $950 le corresponden a Aseo Chicamocha y $50 son para la Emab. De estos $50, $25 pesos van para el interventor del contrato y a la Emab le quedan $25.
Gracias a esto, la Contraloría Municipal pudo establecer que la Emab pasó de una participación en los ingresos del 76,10% al 27,17%, “es decir, una disminución de ingresos para la entidad de $868 millones mensuales”, se lee en el informe preliminar de la Contraloría por medio del cual inició una investigación fiscal.
Cabe anotar que la remuneración para el operador anterior era del 60% y no del 95% como lo es para el nuevo operador. “Si se tiene en cuenta que el porcentaje en la tarifa del componente comercial oscila entre el 7% y el 14%, dependiendo de la naturaleza del usuario, no es justificable el incremento en un 35% aproximadamente del valor a remunerar por el operador nuevo”, consideró la Contraloría.
La Emab defiende este incremento en que el nuevo contrato incluye la comercialización, que no estaba antes. “La operación se incrementó en un 54%, pero esto obedece a las dos condiciones distintas del contrato actual. La primera es que el operador anterior tenía aproximadamente 55.000 usuarios. El nuevo operador tiene 20.000 más, lo que incrementa el costo del contrato. Además, el operador anterior no realizaba las labores de comercialización, que sí están en el actual”, se defiende el exgerente Arrieta.
¿Y sí hacen la comercialización?
Para la Contraloría Municipal, estas explicaciones no son ciertas, porque la comercialización la viene realizando el Acueducto de Bucaramanga por un convenio firmado con la Emab, el 24 de junio de 2011, es decir, ocho meses después de haberse firmado el contrato con Aseo Chicamocha.
Según las cifras de la Contraloría, de $215 millones que se recaudan por comercialización, la Emab le paga al Acueducto $111 millones, lo que deja un saldo a favor de $104 millones. De acuerdo con un otrosí firmado el 24 de noviembre de 2011, la Emab le reconoce a Aseo Chicamocha el 70% del recaudo por comercialización, una vez deducidos los costos de facturación del Acueducto. Es decir, que de los $104 millones, la Emab le entrega más de $70 millones al operador “por simplemente tener dos punto de atención al usuario y responder las peticiones, quejas y reclamos”, argumenta la Contraloría.
Hay que anotar que desde marzo de este año, se le reconoce a Aseo Chicamocha no solo el 70%, sino el 100% de la gestión comercial, porque así se estableció en el contrato.
La Emab se va a quebrar
Gracias a estos “pormenores contractuales”, la Emab pasó de una pérdida de $229 millones para la vigencia 2010, a $1.261 millones para el 2011. Esto quiere decir que en solo un año la pérdida para la entidad se incrementó 450%.
“La situación financiera, como lo reflejan los estados financieros, no se puede negar”, afirma el entonces gerente Óscar Uriel Arrieta. “Hemos estado presentado una pérdida de $1.600 millones a abril de este año. Esa pérdida se da por los incrementos operacionales que hemos tenido en la vigencia del 2011 y del 2012… De continuar así, para diciembre pudiéramos estar en una causal de intervención que es la pérdida de más del 50% del patrimonio”.
A lo que se refiere Arrieta es a que cuando una sociedad anónima pierde el 50% o más de su patrimonio, es intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Superservicios, que asume el control de la compañía.
Para algunos, la única que se beneficiaría con esta intervención sería Aseo Chicamocha S.A, pues al entrar en intervención lo que va a mirar Superservicios es quién tiene en la ciudad la capacidad para continuar con la prestación del servicio y evidentemente esta entidad es Aseo Chicamocha. Pero, por el contrario, para Jairo Alfonso Salcedo, interventor, son otros los que quieren quedarse con este contrato: “Es importante que ustedes digan algo que nadie ha dicho. Quienes quieren atentar contra la Emab, quienes quieren atentar contra Aseo Chicamocha son las dos empresas que quieren quedarse con el servicio de aseo”.
Pero Salcedo va más allá. Para él ni siquiera es cierto que la empresa esté generando pérdidas. Solo se trata de un problema de “ineptitud” de quien hizo el balance. “Yo no sé de qué manera están hablando de pérdida…. desconozco qué es lo qué se llevó a libros, pero pérdidas operacionales en la prestación del servicio no deben existir… La subgerencia administrativa y financiera de la Emab grabó todo el contrato 048, que tiene costos administrativos, financieros, comerciales y operativos, en un solo rubro y los metió como si fuera un gasto. No tuvo en cuenta los impuestos, la depreciación de los vehículos etc.” Esta es la razón, según él, por la que la Emab está arrojando pérdidas en su balance: “porque el balance se hizo de la manera equivocada”.
Eso sí, insiste en que la Emab debió hacer los ajustes de reducción de nómina.
“No se puede hacer nada”
¿Por qué a pesar de las pérdidas para le Emab se sostiene esta contratación? El hasta hace unos días gerente Óscar Uriel Arrieta sostiene: “No es de mi insistencia ni es capricho continuar con una relación contractual que es producto de una invitación pública. Simplemente yo en mi condición de gerente de la entidad no puedo dar por terminado el contrato”. Arrieta insiste en que el contrato se está cumpliendo a cabalidad y por eso no hay una causal de incumplimiento que se pueda alegar para darlo por terminado.
“¿Quién hizo la invitación? ¿Puedo yo alegar mi propia torpeza? Cuando se planteó esta invitación las condiciones las puso la Emab”. Por eso considera que si se diera por terminado el contrato, la Emab se enfrentaría a una avalancha de demandas por incumplimiento.
La Contraloría le solicitó a Arrieta dar por terminado el contrato, a lo que responde: “Yo no tengo las herramientas jurídicas para terminar el contrato…. Si llegare el momento de dar por terminado el contrato, esto desborda la capacidad que tiene el gerente para poder comprometer la entidad… Si yo voy a comprometer la entidad en un contrato que perfectamente vale 70 mil millones de pesos, pues eso desborda mis facultades”.
Por eso, Arrieta afirma que la única salida es lograr el permiso de despido colectivo y vender unos activos improductivos. A menos, dice, que un juez tome la decisión de dar por terminado el contrato.
Arrieta se refiere a la acción popular que interpuso, el pasado 11 de abril, la contralora municipal, Magda Milena Amado Gaona, ante la negativa de la Emab de terminar el contrato. La acción se encuentra en el Juzgado 12 Administrativo de Bucaramanga.
Mientras esto sucede, más de 60 trabajadores esperan ser despedidos, la Emab sigue arrojando pérdidas, Aseo Chicamocha sigue facturando y el alcalde, Luis Francisco Bohórquez, sigue sin decir nada, a pesar de que el municipio es el dueño del 99,99% de una empresa que se está quebrando.
La unidad investigativa de Vanguardia Liberal trató de comunicarse con Pedro Arnulfo García Tibaduiza, gerente de Aseo Chicamocha, pero no respondió las llamadas.
De asesor del contrato a interventor
Jairo Alfonso Salcedo, quien es ingeniero químico, es el interventor del contrato 048/10, suscrito entre la Emab y Aseo Chicamocha Es decir, es el encargado de vigilar que el contrato se cumpla de acuerdo con lo pactado. Esta interventoría la hace por medio de la empresa Aseo Especial, que fue la designada por José María Peñaranda, gerente de la Emab para la época del contrato, para desarrollar esta labor. Por este trabajo, la Emab le paga el 2,5% de todo el recaudo que se haga por la prestación del servicio de aseo.
Pero Salcedo no siempre estuvo vinculado a Aseo Especial. A esta empresa solo se vinculó en diciembre del 2010, fecha en la que se entregó la interventoría. Antes de esto, Salcedo era asesor de la Emab. Es más, fue él la persona encargada de establecer los requisitos de la invitación pública, quien elaboró los estudios previos y quien finalmente consideró que la propuesta presentada por Aseo Chicamocha S.A era la mejor. Fue él también quien estableció que al interventor del contrato se le pagaría el 2,5% de todo el recaudo. Sorpresivamente, Salcedo laboró con la Emab hasta octubre de 2010, fecha en la que se adjudicó el contrato, y se vinculó con Aseo Especial en diciembre de ese año, fecha en la que se firmó la interventoría.
Para Salcedo no hay nada de malo en que él se beneficie de un contrato en el que hizo parte de su adjudicación. “Se contrata la interventoría con Aseo Especial y Aseo Especial me contrata a mí para hacer seguimiento de los pliegos que yo mismo hice. Yo ahí no veo ninguna inhabilidad en que quien hace los pliegos de referencia haga también el seguimiento para que eso se cumpla. Por el contrario, ¡mejor!.
Pero otra cosa opinan los expertos. “Aquí hay una inmoralidad inmensa, de bulto, porque yo no puedo ser juez y parte, yo no puedo aprovecharme de las circunstancias, él sabía y sacó provecho de esta condición. La labor de un contratista es contribuir para que la entidad alcance sus fines y aquí lo que está haciendo el contratista es sacando provecho de una situación que conocía. Hay un abuso, un aprovechamiento de información privilegiada”, afirmó un experto en contratación estatal cercano a la administración.
Aunque Salcedo afirma que no hay ninguna ilegalidad en su actuar, la Ley 842 de 2003, por medio de la cual se establece el Código de Ëtica para la ingenierías, incluida la ingeniería química, establece: “Son prohibiciones de los profesionales en los concursos o licitaciones: a) Los profesionales que hayan actuado como asesores de la parte contratante en un concurso o licitación deberán abstenerse de intervenir directa o indirectamente en las tareas profesionales requeridas para el desarrollo del trabajo que dio lugar al mismo, salvo que su intervención estuviese establecida en las bases del concurso o licitación”.
