La Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de una indagación preliminar en contra del alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, y de los 19 concejales de la ciudad por la aprobación de dos acuerdos municipales que facultaron al mandatario para comprometer $50 mil millones en vigencias futuras.
Publicado por: JINETH PRIETO
El ente de control establecerá si existieron irregularidades en el trámite de los proyectos 036 del 18 de julio de 2012 y 041 del 21 de julio de 2012, que fueron aprobados por el Concejo de Bucaramanga a un día de que finalizara el segundo periodo de sesiones ordinarias.
“Al proferir la decisión, la Procuraduría buscará verificar la ocurrencia de estos hechos, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria o si se actuó al amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad”, señala el comunicado del Ministerio Público.
Los hechos serán investigados por la Procuraduría Provincial de Santander, que está en cabeza de Aura Esperanza Torres. Dependiendo de los hallazgos probatorios, el ente de control determinará si abre la investigación formal o si archiva el proceso.
$5 mil millones para el cobro de la valorización
El segundo proyecto de acuerdo que será investigado por la Procuraduría correspondió a la facultad que le otorgó el Concejo de Bucaramanga al Alcalde para comprometer $5 mil millones, que serían dirigidos al establecimiento de toda la parte administrativa necesaria para iniciar los cobros por valorización, impuesto que había sido avalado desde 2010.
Al momento de la aprobación, Bohórquez Pedraza le aseguró a esta redacción que la necesidad de comprometer vigencias futuras nacía porque el municipio no tenía recursos para adquirir toda la plataforma con una sola inversión.
“El Concejo me faculta para utilizar vigencias futuras, porque no tengo todos los recursos para pagar en una sola vigencia el instrumento de cobro”.
Con el cobro de la valorización, la Alcaldía espera recoger $260 mil millones que estarán destinados a la construcción de los intercambiadores de las carreras 15 y 27 con Avenida Quebradaseca, a la construcción de la conexión oriente–occidente y la finalización del intercambiador de Neomundo.
Esta iniciativa contó con 15 votos a favor y dos en contra, que fueron los de las concejalas Carmen Lucía Agredo y Sonia Smith Navas.
$45 mil millones para la malla vial
El primero de los acuerdos que será investigado por la Procuraduría es el 036 del 18 de julio de 2012, que fue presentado por el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, con el fin de que lo autorizaran para comprometer $45 mil millones en recursos de vigencias futuras.
Estos recursos serían destinados a reparar y mantener toda la malla vial de la ciudad que no tendría presupuesto hasta el 2015, debido a que todo el dinero que se recoge por concepto de la sobretasa de gasolina y el Acpm se dirige a Metrolínea.
Con este Acuerdo, el alcalde marcaría el inicio del programa ‘Bucaramanga ágil y segura’, una de sus banderas de campaña, y además garantizaría que las vías de la ciudad no tuvieran huecos por los próximos cuatro años.
“Actualmente para dejar en óptimas condiciones las vías se requieren $300 mil millones, pero como a esos recursos no podemos acceder, entonces lo que estoy haciendo es organizar una bolsa de $45 mil millones, para poner en marcha el programa ‘cero huecos’ y darle a la ciudadanía la mayor organización vial posible a la ciudad”, le dijo a Vanguardia Liberal el mandatario cuando se conoció la noticia de la aprobación del acuerdo.
En su momento, Bohórquez también expresó: “si no hubiera tramitado ese proyecto de acuerdo, me tocaría esperarme hasta el 2015 para hacer algo”.
De esta forma, los recursos provenientes del recaudo de la sobretasa de combustibles después de 2015 serían los afectados con las vigencias futuras.
